Después de nueve meses quedó esclarecido un episodio denunciado judicial y mediáticamente por el abogado Marcelo Touriño, contra el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.
El letrado había señalado que en la madrugada del 14 de marzo de este año, el fiscal escapó de un control policial en Ruta E-55, fue perseguido hasta que detuvo la marcha frente a su casa en el country Las Delicias, le hicieron un test de alcoholemia que dio positivo (1,44 gr/l), insultó a los policías y los amenazó invocando su condición: “Soy el fiscal Gavier, rajen a la mierda de acá, los voy a hacer mierda, los voy a hacer trasladar”. Y planteó dudas respecto a una bolsa con una “sustancia blanca pulverulenta” en el interior de su auto. La versión de Touriño tuvo amplia repercusión mediática.
Después del archivo del sumario administrativo y del expediente penal por inexistencia de faltas y de delito, el Tribunal de Ética Judicial –encabezado por Armando Andruet– también decide cerrar el caso sin amonestaciones al fiscal y con graves advertencias sobre la conducta del abogado Touriño y del procedimiento policial.
Todo sucedió tres meses después de la detención de toda la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba, encabezada por Juan María Bouvier.
La resolución del Tribunal de Ética Judicial no tiene desperdicio. En 22 páginas analiza los antecedentes del caso: la denuncia, las publicaciones periodísticas con declaraciones de Touriño, la apertura y cierre del sumario administrativo y el archivo de la investigación penal promovido por la fiscal Jorgelina Gutiez y resuelto por el juez de Control, Carlos Lezcano.
Tras evaluar cada una de las constancias y las explicaciones que dio el fiscal, plantea dudas sobre el procedimiento policial, la obtención de datos luego difundidos por el letrado y el objetivo que podría animarlo: apartar al fiscal en expedientes complejos y con impacto institucional, valiéndose de denuncias falsas.
Qué pasó realmente. “El hecho denunciado, con sus tintes sensacionalistas, fue desacreditado completamente”, advierte el Tribunal de Ética en su resolución.
Descarta “con absoluta certeza” que el fiscal haya conducido a exceso de velocidad. Circulaba a 20 km/h para pasar la barrera de peaje. El móvil que lo persiguió lo hizo “sin señales sonoras ni lumínicas”. El control se realizó en el ingreso del barrio, “no dentro”, como afirmó Touriño en la denuncia. El fiscal “estacionó su vehículo en calma y colaborativo”, “entregó sus identificaciones y “sin proferir insultos, ni amenazas, ni oponer resistencia alguna, se sometió a la prueba de alcoholemia”.
A continuación, el órgano deontológico advierte sobre una serie de cuestiones “llamativas”. La primera es “la filtración de la información proporcionada” al abogado Touriño que él da a conocer a la prensa. La segunda es la “notable falta de correspondencia”, entre lo denunciado y sucedido.
“Ignoramos la vía, forma, modo u operación mediante la cual pudo el denunciante contar con los datos precisos de los agentes que habían intervenido” pero, agrega, “si contó con información de tales características, con mayor razón y facilidad pudo haber conocido la versión de los hechos de los agentes intervinientes y con ello lo que realmente había sucedido y no la tergiversación compleja y superlativa” que dio.
Afirma que el objetivo de desacreditar o apartar al fiscal en las causas que investiga “no parece en modo alguno descabellado sino con una verosimilitud suficiente”.
Sobre la ubicación del control policial también tiende sospechas. Según un informe de las máximas autoridades de la Policía Caminera, a las 3:00 debía estar ubicado en la mano contraria, sentido Córdoba-La Calera. Estaba “por fuera de lo indicado en la orden operacional”, indican los miembros del tribunal.
“Ambos vehículos (móviles) salieron de la ruta provincial en que debía realizarse el control y doblaron sobre una corta arteria que conduce únicamente al ingreso al barrio en cuestión”, continúa. “Resulta también extraño” que el puesto de control quedara desprovisto “para seguir y luego controlar a un vehículo que, sin perjuicio de no haberse detenido ante la supuesta señal de alto, no había dado otra señal de alarma ni cometido falta de tránsito de otra naturaleza”.
Más sospechas. ¿Gavier estaba realmente ebrio? El Tribunal de Ética señaló que hay coincidencia entre todos los testigos –incluso los policías que hicieron el procedimiento– que el fiscal se bajó del auto, estaba ubicado, entregó la documentación que le pidieron “todo lo cual no se corresponde con un estado de ebriedad, de alta intoxicación alcohólica, según el resultado arrojado por el test de 1.44”; una alcoholemia elevada se suele correlacionar con manifestaciones claras de embriaguez. Nada de eso se vio.
“Surge en definitiva, un estado general de incertidumbre respecto a lo acontecido aquella madrugada, del que se infiere que es posible que el resultado del control de alcoholemia no sea un reflejo fiel de la realidad, tornándose dubitativo”, admite finalmente.
En los últimos cinco años, Touriño presentó seis denuncias en contra de Enrique Gavier, según reporta el Tribunal de Ética e n la resolución. Todas fueron desestimadas y archivadas.
“Permite suponer, al menos, algún encono del Dr. Touriño con el Fiscal, o bien que puede tratarse de una estrategia para lograr su apartamiento, conforme ha señalado el denunciado”, indica el tribunal.
La lectura detenida de la resolución permite advertir un alerta sobre las reacciones que surgen ante investigaciones que develan corrupción estructural en fuerzas de seguridad, aspecto que deberían tomar en cuenta las autoridades gubernamentales.
Un falso pedido de socorro y móviles en la puerta de la casa
Hay un antecedente. El domingo 25 de septiembre del 2022, a las 7:45 de la mañana, dos móviles policiales ingresaron al country Las Delicias hasta el domicilio del fiscal Enrique Gavier. Adujeron que había un llamado al 911 con pedido de ayuda del hijo del magistrado desde el interior de la vivienda.
En ese momento, el muchacho se encontraba en Estados Unidos, no estaba en Córdoba. El fiscal no permitió el ingreso de los uniformados a la casa y sugirió que era una intrusión más que sospechosa, aunque no presentó la denuncia.
Si no estaba, la policía podía acceder por la fuerza, sin orden de allanamiento.
En los primeros meses de aquel año había estallado la denominada causa “Zoe azul” por presuntas estafas piramidales millonarias –como la que tiene como acusado a Leonardo Cositorto– perpetradas dentro de la institución policial.
