El dato daba vueltas desde hacía más de un año y medio, meses antes de que la pandemia de coronavirus se desencadenara en nuestro país. Un cordobés que vivió en Estados Unidos y era investigado por el abuso sexual de una menor de edad, acaecido entre 2010 y 2012, estaba radicado nuevamente en Argentina.
El desenlace ocurrió el martes último cuando, en horas de la tarde, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina lo detuvo en una vivienda de barrio Alberdi. La aprehensión se produjo en calle Urrutia al 100 donde él vivía junto a su esposa.
El Ministerio de Seguridad lo comunicó a través de sus cuentas en redes sociales. Pocos días antes había ingresado, por vía diplomática, a través de la Cancillería argentina, un pedido de un tribunal de Estados Unidos solicitando su detención con el objetivo de ser extraditado.
Allá lo espera un proceso penal por un gravísimo hecho contra la integridad sexual de una menor. El detenido tiene 80 años y fue alojado en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), el primer ámbito al que se ingresa antes de pasar al complejo penitenciario de Bouwer.
La orden fue emitida por el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Ahora, el magistrado analiza la posibilidad de dictar la prisión domiciliaria debido a su edad avanzada y complicaciones de salud. La localización del imputado surgió por el trabajo investigativo conjunto de las fuerzas policiales de ambos países. Apenas se puso en marcha la pesquisa penal, se plantearon las hipótesis de los destinos que podría haber elegido. Argentina era uno delos primeros que se escrutaron.
Terminó confirmándose la sospecha ya que fue ubicado en Córdoba.
En tribunales hay un gran hermetismo sobre la identidad del acusado y el procedimiento que se pondrá en marcha de aquí en más. El hecho. Los escasos datos que trascendieron sobre el expediente que lo comprometen refieren a que la víctima era una menor de edad en el momento en que habría ocurrido el abuso, hace aproximadamente una década. Se trata de una joven cercana a su círculo, que incluso tendría vínculos familiares con el presunto agresor. Los investigadores han logrado determinar que ingresó al país entre 2017 y 2018 con el objetivo de volver a radicarse en la ciudad de Córdoba.
En Estados Unidos había desplegado actividades comerciales y tuvo un nivel de vida típico de una persona de clase media. Excepto la denuncia de abuso sexual, no registra otro tipo de antecedentes penales.
LAS PREOCUPANTES CIFRAS DEL DELITO EN ESTADOS UNIDOS
Según el Centro Nacional de Investigación de Ataques Sexuales de Estados Unidos (NSVCR, su sigla en inglés), este tipo de violencias afecta a una de cada cinco mujeres en ese país, a lo largo de la vida. El impacto es ostensiblemente superior que en los varones.
Si bien las violencias sexuales también tienen como víctimas a los hombres, se estima que solo uno de cada 71 varones la podría sufrir en algún momento de la vida.
Otra información que aporta la estadística de la organización es que, en el universo de violaciones denunciadas, el 51% de las mujeres fueron agredidas por personas de su círculo familiar o social más cercano.
En cuanto al fenómeno del abuso sexual infantil, las cifras evidencian que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños fueron víctimas a pesar de su corta edad.
Los datos preocupantes por el impacto que genera en las personas tienen también un costado económico. El mismo centro publicó que el costo de por vida de una violación es de US$122.461 por víctima.
Anualmente, los crímenes de violación sexual en el país cuestan más que cualquier otro crimen. Se calcula que la cifra asciende a los US$127 billones. Recién después están los asaltos, asesinatos o siniestros viales por conducir bajo efectos del alcohol.
Otro dato que se destaca es la cifra negra. Las violaciones son el delito que menos se reporta ante instancias judiciales. El cálculo es que seis de cada 10 abusos no son denunciados. En la otra punta, se advierte que la prevalencia de falsas denuncias es muy baja, entre el dos y 10%.
