Hace nueve años una denuncia anónima presentada en la Fiscalía General señalaba a un grupo de policías como encubridores de bandas de delincuentes y estafadores. En casi una década el expediente quedó frizado.
Se reactivó cuando el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó la detención del exsubjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado, quien encabezó por años la Dirección de Investigaciones Criminales, de la cual dependen los efectivos que investigan y realizan procedimientos bajo directivas de la Justicia.
El nuevo caso es un desprendimiento de esa investigación e involucra nada menos que a quien lo secundó -años atrás- en el Departamento Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, el comisario Diego Martinelli.
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Mientras Gavier llevaba adelante la investigación sobre las presuntas conductas delictivas de Mercado, desde el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria saltó el dato de una vieja denuncia, presentada en el año 2016 y que evidentemente quedó cajoneada.
El modus operandi es el mismo del que se acusa a Mercado: dar cobertura a ciertas bandas de estafadores o ladrones de elementos que luego se introducían al mercado negro. Todo a cambio de dinero.
Como en el caso del Servicio Penitenciario, se destapan conductos oscuros en los que se vinculan policías y delincuentes para obtener réditos económicos.
Quiénes son
El fiscal Gavier imputó por presunta asociación ilícita y ordenó las detenciones el 13 de marzo pasado.
Además de Martinelli, fueron apresados los policías Cristian Raúl Ríos (promovido a comisario en enero del 2024), Cristian Rodrigo Rivero, Gabriel Allende, Eduardo César Gavilán y Miguel Ariel Bazán. El policía retirado Raúl Guerrero -actualmente ejerce como abogado- estuvo prófugo pero se presentó en la Justicia y también quedó detenido.
Hay un octavo exoficial de la fuerza que es investigado por presunta extorsión y tiene una larga trayectoria. Es José Marcelo Saggio, conocido por pertenecer a las huestes del condenado represor Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli.
Se presume que, tras conocer el dato de procedimientos que ordenaba la justicia, alertaban a los destinatarios de esos operativos y el resultado era siempre negativo para las aspiraciones de los investigadores. Cuando llegaban a los allanamientos no encontraban pruebas de delitos.
