El diputado peronista Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, fue el primero en alzar la voz. Carro cuestionó la falta de idoneidad de los designados y denunció que la funcionaria "agranda la casta" en lugar de combatirla, refiriéndose a la incorporación de miembros cercanos a El Sukaria en puestos clave del organismo.
Entre los nombramientos se encuentran figuras como Pablo Steinaker, Adolfo Almada y Lucía De Bernardi, todos integrantes del PRO cordobés y allegados a la interventora. Según la denuncia, los nuevos directores perciben salarios que rondan los 3,5 millones de pesos, mientras que El Sukaria gana más de 4,5 millones, equivalentes a los sueldos de altos funcionarios del Congreso.
Pablo Steinaker, secretario general de la Defensoría y mano derecha de la funcionaria, se encuentra entre los más beneficiados, cobrando un salario de $3.500.977. Otros directores, como Edith Córdoba, Lucía De Bernardi y Adolfo Almada, percibirán montos cercanos, mientras que Emiliano Herrera, asesor en la máxima categoría, ganará $1.771.711.
Qué dijo El Sukaría
Ante las críticas, Soher El Sukaria defendió sus decisiones, alegando que necesitaba un equipo confiable para auditar un organismo que, según ella, ha estado dominado por el kirchnerismo desde su creación. “No puedo conducir ni auditar sin un equipo que controle las áreas administrativas y me asesore legalmente”, declaró la funcionaria. También señaló que los 143 empleados de la Defensoría fueron designados por el kirchnerismo, justificando la necesidad de incorporar personas de su confianza.
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El Sukaria indicó que su gestión tiene como objetivo auditar el organismo y que, hasta el momento, no ha encontrado razones para que la Defensoría del Público siga existiendo. En sus palabras, este organismo fue creado para "condicionar a los medios críticos al kirchnerismo". Además, sugirió que la filtración de la información sobre los salarios fue promovida por el sector político que busca desacreditar su gestión.
Críticas desde el Congreso
La designación de El Sukaria fue firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de una resolución conjunta. Sin embargo, tanto Carro como el legislador Miguel Ángel Pichetto criticaron que la designación no haya sido realizada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, un procedimiento que establece la ley.
“La intervención no respetó los requisitos legales, y en lugar de formar una bicameral plural, se optó por un nombramiento directo”, sostuvo Carro. Pichetto también expresó su descontento y exigió que se respete el procedimiento establecido por la Ley de Medios.
El Sukaria, mientras tanto, sigue adelante con su labor de auditoría, a la espera de que se determine el futuro de la Defensoría del Público, un organismo cuya disolución ya es promovida por sectores del PRO, según lo confirmó la diputada Silvana Giudici.
Esta situación deja en el centro del debate no solo la gestión de El Sukaria, sino también el futuro de un organismo clave en la regulación de los medios de comunicación en Argentina.
