El juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba no sólo captó la atención por su impacto penal, sino también por las demandas civiles históricas que derivan de la tragedia. Un reclamo multimillonario de aproximadamente $ 8.500 millones pone en relieve la magnitud del daño invocado por las víctimas y sus familias.
Las acciones civiles presentadas suman 20, cada una con montos variables. En total, la cifra inicial de $ 1.580 millones, correspondiente al momento de las demandas en 2022, se actualizará con intereses judiciales, alcanzando los 8.543.816.605 millones de pesos estimativamente, confirmaron a Perfil Córdoba desde el Poder Judicial.
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El cálculo judicial hasta el 24 de enero de 2025 surge de aplicar el interés y la tasa pasiva estipulados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al monto histórico inicial de $ 1.580 millones, con fecha del 23 de abril de 2022. El cómputo es estimativo y sujeto a actualizaciones al momento de la sentencia.
El eje principal de las demandas radica en el daño moral, dividiéndose en dos categorías principales: las víctimas fallecidas y las sobrevivientes, con sus respectivas secuelas físicas y emocionales. Además, se distingue entre reclamos directos, de padres y madres; e indirectos, de familiares como abuelas o abuelos.
El Estado provincial enfrenta una responsabilidad solidaria junto a los otros imputados del caso, incluyendo a la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio, y a exfuncionarios como el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del hospital, Liliana Asís. En un intento por mitigar el impacto económico en las arcas públicas, la Provincia pretende iniciar acciones legales contra los eventuales condenados con el fin de recuperar parte del dinero que hubiera que desembolsar.
La complejidad de la prueba
El juicio avanza en la Cámara Séptima del Crimen, donde ya declararon las madres, padres y abuelas de las víctimas. Este proceso no sólo busca justicia penal, sino también una resolución en el ámbito civil que podría sentar un precedente en casos de negligencia estatal.
Durante el debate, los querellantes deberán acreditar el reclamo según los requisitos del Código Civil. Por lo tanto, uno de los desafíos más significativos en este proceso radica en demostrar las condiciones necesarias para respaldar los reclamos civiles.
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Esto incluye pericias médicas detalladas, análisis de historias clínicas y la verificación de discapacidades o secuelas en los niños sobrevivientes, asuntos que empezarán a ventilarse en las próximas audiencias.
Los abogados querellantes deberán aportar durante el juicio pruebas sólidas para justificar las indemnizaciones, mientras los representantes del Estado cordobés mantendrán su postura de exigir criterios técnicos rigurosos.
Con intereses y honorarios legales de los letrados la cifra final podría superar los $ 9.800 millones, según los cálculos a esta fecha. Este histórico reclamo no sólo refleja el sufrimiento de las familias afectadas, sino también el impacto financiero y legal que enfrentará la Provincia en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.
