“Los fiscales tienen que trabajar lo más cerca posible del lugar donde suceden los hechos. Por más tecnología e internet que haya, es difícil conocer una zona a la distancia; y cada fiscal tiene que ser conocido en el territorio a su cargo y él o ella debe conocer a las víctimas. No podemos trabajar de espalda a la gente”.
Ese fue uno de los conceptos centrales vertidos por el fiscal General, Juan Manuel Delgado, en la entrevista que le propuso Perfil Córdoba para realizar un balance de la gestión del Ministerio Público Fiscal (MPF) en 2024 y proyectar los lineamientos prioritarios del año próximo. Uno de los ejes es el plan de gestión territorial que llegó para quedarse. En 2023 fue un cimbronazo que causó críticas. Los fiscales de Instrucción de Capital pasaron de rotar por turnos en un mismo distrito, a tener asignados territorios en forma permanente.
Según datos del MPF a un año y medio de su implementación, el 70% de los operadores judiciales valida la territorialidad. Se suma al sistema de flagrancias (delitos detectados mientras son cometidos), que se encuentra en una etapa de plan piloto y cuenta con herramientas elaboradas en conjunto con la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el asesoramiento de Germán Garavano y Héctor Chayer.
—En el balance positivo menciona el plan de desarrollo institucional, ¿a qué se refiere?
—Comprende el fortalecimiento de las Unidades Judiciales (UJ); de los orientadores judiciales (personas que colaboran para asesorar a las víctimas sobre cómo hacer las denuncias web, en las dependencias, para una atención más rápida); la culminación del estudio de flagrancias; la elaboración del protocolo, y el inicio del plan piloto. Cuando esté concluida la obra del nuevo Centro de Recepción (en barrio Residencial América) y se hayan tomado los exámenes y designados los nuevos fiscales, podrá ponerse en marcha a pleno.
—¿Cuándo ocurrirá?
—Calculamos que entre abril y mayo del 2025. Habrá cinco nuevos fiscales para flagrancias en el Centro de Recepción actual de Tribunales 2 y cuatro en el futuro centro que funcionará en la UJ 13. La ciudad se dividirá en dos. Serán unidades fiscales, compartirán un mismo equipo de trabajo. Los fiscales de Instrucción actuales seguirán con todo lo que no sea flagrancias.
—¿Con nueve fiscales alcanza para el volumen de delitos en flagrancia que se detectan?
—Sí. Son hechos que por su método, prueba y cantidad está previsto cubrirla con ese número de fiscales. Obviamente todo es dinámico, se podrán hacer ajustes. Lo importante es que los modelos y el protocolo están y funcionan. En el plan piloto hemos terminado causas con condenas en tiempo récord.
—¿Qué resultados dio el plan de gestión territorial en materia penal?
—En el 2023 reformamos el mapa y establecimos que cada fiscal debía tener un territorio y terminamos con los turnos. Antes había cinco fiscales que iban rotando. El delincuente entraba y salía. Ahora, al haber uno solo en el territorio está obligado a verificar los antecedentes por la reiterancia, trabaja con el mismo equipo y comisionados, se unifican criterios de investigación. Tenemos buenos resultados al detectar bandas dedicadas al robo de autopartes, de automotores.
—Hay zonas más calientes, fiscales con más de 100 presos y otras con menos delitos. ¿No es injusta la distribución?
—Las zonas son diferentes y las acciones que implementan los fiscales responden a ello. Eso también está bajo análisis. Cuando las unidades territoriales vayan avanzando se podrán modificar los mapas para que todos tengan la misma cantidad de trabajo. En principio fue muy positiva.
—Habla de proximidad de los fiscales, ¿qué harán en el Gran Córdoba?
—Tenemos previstas unidades territoriales que son esquemas de trabajo entre fiscales y UJ fuera de Tribunales. La primera será en Unquillo, dependerá de Córdoba, y la segunda será en Malagueño, que dependerá de Carlos Paz. Actualmente, atienden Saldán, Mendiolaza y Villa Allende fiscales que trabajan en Tribunales 2, a 25 kilómetros de donde suceden los hechos. Los problemas territoriales tienen que tener equipos que estén en el lugar. Los fiscales tienen que tener contacto con las víctimas, un conocimiento acabado de la realidad.
—¿Es decir que, por ejemplo, la fiscal Jorgelina Gutiez que investiga hechos ocurridos en Villa Allende, Unquillo y Saldán dejará de tener esa responsabilidad y regresará a Córdoba?
—Sí. La idea es que los fiscales trabajen lo más cerca posible de donde suceden los hechos. Por más tecnología o internet que haya, es difícil conocer una zona a la distancia. Cada fiscal tiene que conocer a las víctimas, no podemos trabajar de espaldas a la gente. Tenemos que reconciliarnos con la sociedad prestando un servicio. La Justicia no es sólo una obligación constitucional del Estado, es un servicio.
—Habla de concursos para fiscales, ¿funcionarios, ayudantes fiscales y empleados ya los tienen?
—Serán redistribuidos los que ya están.
—Detalló avances y pronósticos, ¿qué es lo que no funcionó?
—No diría que no funcionó, sino que no sucedió como yo hubiera querido. Faltan ajustes, unificar criterios y trabajar más en las audiencias orales.
—¿No será que los fiscales están sobreexigidos de trabajo por el incremento de la litigiosidad?
—Hay que cambiar la mecánica de trabajo. Cuando se saquen las flagrancias de las fiscalías de Instrucción, tendrán más tiempo para dedicarse a las causas que requieren más investigación como las bandas, defraudaciones, muchos otros delitos cuyo juzgamiento se demora. El objetivo es que la urgencia de la flagrancia no les impida investigar las causas importantes. También me hubiese gustado que avanzara más rápidamente la ejecución del Centro de Recepción 2 y la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de flagrancias. Pero todos son procesos que requieren de etapas.
Corrupción en la FPA: un golpe duro
El fiscal Juan Pablo Klinger imputó y detuvo a una decena de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y acusó por conocer y no denunciar el faltante de drogas al fiscal del fuero especial, Raúl Ramírez, al secretario Patricio Bazán y al jefe de la Brigada de la fuerza de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. La fuerza mejor capacitada y dotada de recursos humanos y tecnológicos resultó manchada por hechos de corrupción. Significó un impacto para el MPF y el gobierno al poner bajo la lupa una de las políticas más importantes, por el significado que tiene el combate a las drogas en un contexto de pobreza y exclusión como el actual. El fiscal Delgado se mostró dolido por las sospechas que existen.
—¿Qué significó la investigación a miembros de la FPA?
—Fue un golpe muy duro que policías y funcionarios del MPF se vieran involucrados en esta situación. Respetamos el principio de inocencia, pero ver que miembros de nuestra policía que tiene que luchar contra el narcotráfico, sean detenidos, como fiscal General me duele. Nos pegó en la línea de flotación.
