“La Defensoría del Pueblo de Córdoba es una institución vaciada. A la que, a diferencia de lo que pasa con el organismo nacional, nunca se le otorgó legitimación procesal activa y es por eso que no puede iniciar una demanda en contra de nadie. No resuelve los problemas y se quedó en el marketing”. La frase, que apunta al corazón de la entidad que conduce desde hace casi 10 años el radical Mario Decara, corresponde a uno los cordobeses que no encontró respuestas en el organismo.
Entre los distintos frentes que tiene abierto el titular de la entidad, se encuentra el reclamo que le realiza uno de los sectores de la oposición en la Unicameral por adeuda el informe anual de 2016. La legisladora del bloque Córdoba Podemos, Liliana Montero, prepara un pedido de informes para que Decara remita de manera inmediata el escrito que tendría que haber presentado antes del 1 de marzo de este año.
“Según su web, la función es ‘supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales, defender los derechos colectivos y velar por la correcta aplicación de las leyes provinciales’. Pero todos los esfuerzos deben estar destinados al marketing y la propaganda, porque de programas, acciones, denuncias, intervenciones o defensa del pueblo, poco y nada”, sostiene Montero.
Decara llegó al cargo en 2008, tras un polémico acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, en una sesión aún hoy recordada. El gobernador Juan Schiaretti, a meses del polémico triunfo electoral frente a Luis Juez, decidió reactivar el cargo que había creado sobre finales de la década del ’80 Eduardo Angeloz.
Desde la asunción de José Manuel de la Sota y hasta 2005, el radical de Bell Ville, Nelson Filippi ocupó el cargo hasta su alejamiento por cuestiones de salud. En su lugar quedó la defensora adjunta Jessica Valentini hasta 2008, cuando el PJ juntó a buena parte del radicalismo de la Legislatura, impulsó la designación de un Decara que esperaba tras bambalinas del recinto.
En aquel momento la oposición, particularmente el Frente Cívico y Encuentro Vecinal, acusaron la existencia de un pacto entre sectores del radicalismo con el peronista Carlos Caserio. Y para algunos, lo único que cambió desde aquel momento a éste, fueron las diferencias por Decara en el centenario partido.
Es que con su designación en 2008, y su posterior reelección en 2014, dirigentes de la UCR mantuvieron enfrentamientos que con el tiempo comenzaron a menguar. Y bajo el calor del Ente de Municipios, el radicalismo empezó a saldar diferencias con ingresos.
Sobre todo con casilleros que, en el organismo, fueron ocupados por representantes de todas las facciones del radicalismo provincial. Entre ellos, el defensor adjunto Hugo Pozzi, clave en 2008 con su voto como legislador.
Shows, consultoría y encuestas: el combo. El organismo que encabeza Decara es habitualmente patrocinador de festivales y artistas en toda la provincia. Uno de ellos es Juan Ángel Monelli, más conocido como Ángel Martín, empleado de la Defensoría. El cantante tiene además una empresa que realiza encuestas y conserva aceitados vínculos con Guillermo Lyall, un consultor que brinda sus servicios además al Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (Infossep) de la Municipalidad de Córdoba. Lyall, según la publicación de datos y el “Gobierno Abierto” que fomenta la gestión municipal, percibió en junio pasado -aguinaldo incluido- un salario de $89.859,50.
El Infossep fue creado por la actual concejala Laura Sesma durante su paso por el Palacio 6 de Julio (se desempeñó como subsecretaria de RR.HH.) y tiene el objetivo de “profesionalizar el recurso humano”, según su web. Una vez puesto en marcha el instituto existieron los roces entre el Ejecutivo y el Suoem. En tanto, y con respecto a Lyall y Ángel Martín, ambos ofrecen sus servicios en el interior y en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, donde figura el primero como colaborador en proyectos junto a familiares del segundo.
Además, dentro del partido sostienen que al interior y en particular a los intendentes de la UCR les brindan asesoría, consultoría y show. Situación que se produjo, según algunos, gracias a un puntapié inicial clave: la apertura de delegaciones de la defensoría en el interior provincial. De hecho, y como para ratificar vínculos, en municipios del radicalismo sostienen que Monelli –“Ángel Martín”- es uno de los que maneja la pauta de la Defensoría vía Faos (Fundación Alternativa Ocupacional y Social), con escasa información en la web. Pauta, show asesoría, encuesta y consultoría que serían saldados con fondos que salen de las arcas de las distintas comunas.
Cortocircuito radical. En medio del conflicto y la preocupación de varios municipios por el predio de enterramiento Piedras Blancas, Mario Decara lanzó una iniciativa que no gustó en el seno del mestrismo, puntualmente en la conducción del Ente de Obras y Servicios Públicos (ESOP).
Decara propuso que se hicieran nuevas fosas para continuar enterrando en el predio que tiene vida útil hasta el próximo 1 de agosto. La respuesta desde el ente mestrista vino por parte de César Ferreyra, titular del organismo que tildó la idea de “irresponsable”; además de sostener que había un “desconocimiento” por parte de su correligionario.
