En la primera audiencia del juicio por las muertes en el Hospital Neonatal de Córdoba, quedó en evidencia una profunda falta de coordinación entre las defensas de los exfuncionarios acusados. Mientras algunos abogados intentaron deslindar responsabilidades, otros complicaron aún más a sus defendidos, marcando fisuras que podrían ser determinantes en el desarrollo del proceso.
Los exfuncionarios enfrentan cargos que van desde omisión de deberes hasta encubrimiento, siendo el exministro de Salud provincial Diego Cardozo el principal acusado. Su abogado, Diego Matheu, aseguró que Cardozo se enteró de las irregularidades el 7 de junio de 2022 y que ese mismo día ordenó medidas inmediatas, como una denuncia penal y la separación de los agentes involucrados. Según Matheu, “no volvió a suceder ningún caso” después de esas decisiones, complicando la posición de la exdirectora del hospital, Liliana Asís.
Felipe Trucco, abogado de Asís y de la médica Martha Gómez Flores, planteó que sus defendidas fueron las primeras en advertir las muertes sospechosas y que informaron sobre los casos en mayo. En su argumento, señaló que ya en ese mes la Justicia estaba al tanto, en alusión a una reunión entre un fiscal, el jefe de los forenses y el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama.
La declaración del abogado de Escudero Salama, Claudio Orosz, trajo nuevas complicaciones. Orosz aseguró que su cliente informó sobre los hechos en junio, pero que inicialmente no había suficientes elementos para una denuncia formal, lo que dejó a las autoridades hospitalarias en una posición más vulnerable.
Por su parte, la defensa de Alicia Ariza, jefa de Enfermería, señaló que ella confió en la jerarquía del hospital para actuar, mientras que otros, como el exsecretario Daniel Carvajal, argumentaron que no existían antecedentes de un caso similar en Córdoba, dificultando prever un acto criminal.
El juicio también expuso diferencias en la manera en que los acusados interpretaron las acciones tomadas. El abogado Pablo Piggini, representante de Ariza, apuntó que su clienta asumió que la denuncia ya había sido realizada, mientras que Jeremías Carot, abogado del exsecretario Alejandro Gauto, calificó las acusaciones contra su defendido como “un absurdo”.
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La fragmentación entre las defensas quedó aún más clara con las palabras de Ezequiel Elletore, abogado de Adriana Moralez, quien expuso que su clienta no era funcionaria, sino una médica dedicada a recomendaciones técnicas, como cambios en el uso de vitamina K. Según Elletore, Moralez no imaginó un acto criminal hasta el 6 de junio, cuando promovió las primeras denuncias junto a Escudero Salama.
En medio de estas estrategias cruzadas, las primeras autopsias que confirmaron muertes no naturales habían sido realizadas meses antes, sin que se avanzara significativamente en la causa. Los señalamientos entre acusados y el paso del tiempo sin respuestas concretas marcaron una primera audiencia que reflejó más incertidumbres que certezas en torno a uno de los casos más graves de la salud pública en Córdoba.
