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CASOS RESONANTES

Cruz del Eje, al rojo vivo: múltiples causas de corrupción en la cárcel y denuncias contra policías, FPA y magistrados

El escándalo de la FPA y la imputación al fiscal Raúl Ramírez y otro funcionario judicial, son algunos de los casos con más repercusión. Además, un vocal de Cámara fue denunciado por maltrato laboral, tuvo advertencias y ahora afronta un sumario administrativo y nuevas acusaciones.

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CASO BASALDÚA. La familia pedirá que no investigue más la Policía de Córdoba. | CEDOC

¿Qué pasa en Cruz del Eje? La pregunta surge al repasar las causas abiertas, denuncias, juicios y condenas impuestas a operadores judiciales de la jurisdicción en los últimos años. Este informe no pretende menoscabar la tarea proba que hace la mayoría de los jueces, fiscales, asesores, abogados, policías y agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Propone un análisis sobre la reiteración y frecuencia de hechos graves concentrados en la jurisdicción. 

El último gran escándalo tiene como protagonista a la FPA. Hay siete agentes con prisión preventiva junto a dateros a los cuales –se sospecha– retribuían con droga información sobre movimientos de narcotráfico en Punilla norte. Para pagarles, se quedaban con parte de los estupefacientes que secuestraban. Así, generaban nuevos procedimientos y mostraban “efectividad” en el combate a las drogas. Los efectivos sospechados pertenecían a las brigadas de Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín. 

La semana pasada, el juez de Control Agustín Cafferata imputó al fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez, acusándolo de conocer que hubo faltante de droga y no presentó la denuncia y en breve lo citará a indagatoria. Con él son investigados el secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán, y el exjefe de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. 

De comprobarse el hecho, se trataría de un caso de corrupción que hiere a la fuerza de seguridad más joven, profesionalizada y dotada de recursos en la provincia de Córdoba. También impacta al Ministerio Público Fiscal. Nada que envidiarle al narcoescándalo del 2013 que llegó a enjuiciar y condenar a jefes policiales. En este caso, las sospechas llegan más arriba, involucrando a un fiscal.

 

Caso Basaldúa: investigadores investigados


El 19 de noviembre pasado debía realizarse una audiencia en la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, en el segundo intento para investigar el homicidio tras el abuso sexual de Cecilia Basaldúa, ocurrido en abril del 2020. El primer juicio había mostrado una investigación fallida porque el acusado terminó sobreseído. La familia tiene sospechas desde el minuto uno de la investigación sobre la participación de policías en el crimen.

En esta nueva etapa, la querella a cargo de Daniela Pavón y Gerardo Battistón, había solicitado la declaración de nuevos testigos. La fiscalía fijó audiencia para el 19 de noviembre. Ese día no se presentó ninguno. La comisaría de Capilla del Monte informó que “no pudieron ser localizados”. Luego de una larga espera, y por un mensaje fortuito recibido por la abogada querellante, finalmente se hicieron presentes dos testigos. Ambos relataron que no habían sido contactados por la Policía. 

Además de lo ocurrido en esa oportunidad, los letrados informaron sobre otra situación grave. Desde que sucedió el crimen de Basaldúa a la fecha, tres de los cuatro policías de la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte que participaron de la pesquisa, fueron detenidos por violencia de género contra sus parejas.

Pavón y Battistón anticiparon a este medio que pedirán que la Policía de Córdoba no participe más en la investigación. Otro dato: la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje no tiene titular. El subrogante es Nelson Lingua. Lo notorio es que Lingua concursó para acceder al cargo pero no aprobó el examen. En mayo de este año la Fiscalía General le asignó la causa Basaldúa. 

 

Autoridad del Colegio de Abogados condenado

En octubre del 2021, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a dos años de prisión a Julio Enrique Barrionuevo por estafa, en perjuicio de una niña que había cobrado una indemnización por un accidente de trabajo que le había costado la vida a su padre. Cuando cometió el delito, el acusado era presidente del Colegio de Abogados.

Según la sentencia, Barrionuevo acompañó a la madre de la beneficiaria para cobrar la indemnización al banco. Le dijo a la mujer que debía retener una parte del monto, aproximadamente $ 400.000, para pagar el impuesto a las ganancias y otros gastos, aunque sabía que las indemnizaciones por accidentes de trabajo se encuentran exentas del tributo referido. Al fundamentar la pena, los jueces destacaron “el rol institucional y público” que tenía Barrionuevo por presidir la entidad profesional.

 

Los teléfonos secuestrados revelan la trama de corrupción de policías de la FPA

 

Estafas desde la cárcel


En mayo del 2022, la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba condenó a 22 personas por estafas cometidas desde la cárcel de Cruz del Eje. Los acusados de integrar una asociación ilícita convencían a sus víctimas de que habían obtenido premios mediante “sorteos virtuales”, pero luego las desapoderaban de sumas de dinero. 

Antes, en 2020, un camión fue interceptado ingresando teléfonos celulares cuyo uso está prohibido en el interior de los penales. También llevaba droga.

La mega causa de corrupción a escala en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), comenzó por la denuncia de la esposa de un preso. El 12 de mayo del año pasado un interno que cumplía condena en el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje obtuvo la libertad. Una semana después, el 19 de mayo, su pareja se dirigió a la jefatura del SPC y denunció a Sergio Guzmán quien, hasta el 31 de diciembre del 2022, fue la autoridad máxima de ese penal. La mujer dijo que le habían pedido dinero para mejorar la situación de encierro de su marido.

Por orden del, por entonces, jefe del SPC, Juan María Bouvier, la denuncia llegó a la Justicia. Así se destapó una trama impensada de cobros y “peajes” para otorgar beneficios, traslados, conducta y créditos educativos a los internos. 

El primer detenido fue Guzmán. La causa escaló en intensidad y jerarquía hasta llegar al mismo Bouvier, quien permanece detenido en el complejo carcelario de Bouwer, imputado como líder de una asociación ilícita integrada por presos, abogados, empleados y jefes penitenciarios. 

A cambio de una supuesta “paz en las cárceles” se habrían omitido controles para permitir el ingreso de drogas y de celulares, baterías y cargadores que podían ser comercializados y usados en el interior de los penales dando continuidad a actividades económicas ilícitas. La punta del ovillo se encontró en Cruz del Eje.