Críticas de la UCR a Llaryora por las “retenciones provinciales” al campo
Cobra volumen el rechazo a la aplicación del gravamen a la mera compra de productos agropecuarios con el impuesto a los Ingresos Brutos, que entrará en vigencia el 1 de julio. Matías Gvozdenovich, jefe del bloque de la UCR en la Unicameral le demandó al gobierno llaryorista retroceder en la medida.
. |
CEDOC PERFIL
Rodrigo Miranda
El jefe del bloque UCR en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, le pidió al gobernador Martín Llaryora “la inmediata suspensión de la Resolución 6 letra D de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia”. Para el radical, se trata de “un nuevo gravamen a la mera compra de productos agropecuarios con el impuesto a los Ingresos Brutos, ya que la medida resulta un nuevo incremento encubierto de la excesiva presión fiscal de la Provincia”, reza el texto del proyecto de resolución del opositor.
En su crítica, la espada parlamentaria de la UCR afirmó que esto “perjudica directamente al sector productivo cordobés, evidenciando una retención más a las exportaciones a otras provincias, que se suma a los otros requisitos impositivos nacionales”. “Con este nuevo gravamen resta competitividad a los productores que ven cómo el Estado les mete otra vez la mano en el bolsillo”, arremetió el radical contra la administración peronista.
En su avanzada, Gvozdenovich cargó duro contra el Ejecutivo provincial. “Mientras el gobernador está llorando en Buenos Aires por una baja en las retenciones al campo, en la provincia sigue asfixiando a los productores y a toda la maquinaria productiva con una pesada carga fiscal a la cual ahora debemos sumarle esta suerte de retenciones provinciales, un disparate” enfatizó.
El jefe de la bancada opositora impulsa un proyecto de su autoría que ingresó en los últimos días en la Unicameral para que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con esta medida que dispone la incorporación de un régimen de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos por operaciones de mera compra de productos agropecuarios.
“Es imperativo que el gobierno priorice los gastos y deje de despilfarrar los fondos públicos, no puede seguir incrementando el ‘costo Córdoba’ porque nos vamos a quedar sin industrias y sin productores”, cuestionó el boina blanca.
La disposición que entrará en vigencia el 1 de julio prevé que los agentes de percepción nominados por la DGR deberán considerar como base de cálculo de la percepción la establecida en el primer párrafo del artículo 237 del Decreto 2445/23 y aplicarle la alícuota del 0,35% a fin de determinar el monto de la percepción. En aquellos casos que el comprador no se encuentre inscripto en Ingresos Brutos en la jurisdicción Córdoba corresponderá aplicar la alícuota del 0,75%.
“Esta resolución, que ya tuvo el rechazo originario en el año 2022 de todos los productores cordobeses, actualiza una nueva lucha del campo contra un gobierno que necesita recaudar por todos lados para hacer frente a la impagable deuda en dólares que tomaron en estos 25 años y además financiar todos los gastos superfluos que el gobernador insiste en sostener”, fustigó Gvozdenovich en los fundamentos de su iniciativa.
