Aralí Vivas, con tan solo ocho años, es un ejemplo de las múltiples intervenciones estatales que no lograron impedir su muerte.
El fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, que investiga el crimen ocurrido el sábado 2 de noviembre, agravó la imputación a los tres detenidos: Matías Ezequiel Simeone, última pareja de la madre; Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone; y la mamá de la pequeña, Rocío Milagros Rauch. Los acusa de homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.
Avanzará luego en el análisis de eventuales responsabilidades penales de miembros de la Senaf y organismos que intervinieron en la situación de vulnerabilidad de la niña y sus hermanos.
Es posible hablar de una muerte anunciada por la enorme cantidad de alertas que recibieron la Justicia, la Municipalidad de Brinkmann y la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).
En el plano judicial hubo por lo menos seis intervenciones que evidencian la altísima conflictividad familiar: todas las instancias penales hasta la condena a Simeone, el juez de Ejecución Penal, dos Juzgados de Paz y Juzgados que dictaron medidas preventivas para frenar la violencia familiar; el Juzgado que controló el retiro y revinculación de los niños a su madre.
Senaf es el único organismo encargado de establecer medidas de excepción cuando hay niños en contextos muy vulnerables. Puede sacarlos para protegerlos por un lapso máximo de un año y medio. En ese tiempo, puede restituirlos si la situación crítica de acecho a sus derechos se modificó o puede disponer el retiro definitivo sobre el cual luego actuará un Juzgado que declarará la adoptabilidad de ese niño o niña. Todo está claramente explicado en un protocolo que se consensuó y se aprobó hace dos años.
Los equipos técnicos de Senaf -psicólogos y trabajadores sociales- realizan las encuestas ambientales y los informes que se entregan a la Justicia para que un juez o jueza de Niñez controle la legalidad. Se pueden pedir ampliaciones, pero la decisión es de Senaf. Es la “especialista” en detectar si persiste o cesó la situación de vulnerabilidad. Incluso cuando hay revinculación de un niño con su madre o su padre, los jueces están limitados.
Primera pregunta: ¿en el interior provincial, las Unidades de Desarrollo Regional (Uder) de Senaf tienen equipos suficientes y adecuados?
Segunda pregunta: ¿qué analizaron las psicólogas y trabajadoras sociales para decidir revincular a la familia de Aralí? ¿Tuvieron en cuenta la secuencia de violencias vividas entre la madre de la pequeña y su última pareja, padrastro de Aralí, quien además tenía condena de ejecución condicional por violencia de género?
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Un fallo revelador
El 7 de septiembre del año pasado la Cámara del Crimen de San Francisco condenó a Ezequiel Matías Simeone a dos años y tres meses de prisión condicional por amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas y daño.
El fallo es público. Y tan sólo con leerlo se advierte en custodia de quién estaba Aralí y sus hermanitos.
El 10 de julio del 2018 allanaron la casa de Simeone y secuestraron armas de fuego.
El 31 de julio del 2018 Simeone interceptó a Rauch en la calle cuando tenía prohibido acercarse a ella.
El 20 de agosto de 2018 Simeone y Rauch pasaron la noche en un hotel cuando ambos tenían orden de no acercarse entre sí.
El 7 de julio del 2020 en la vereda de su casa, atacó a su pareja, Rocío Milagros Rauch. La pateó en el vientre, la tiró al suelo e intentó ahorcarla con las manos, sin llegar a lesionarla.
El 5 de septiembre de 2022 Simeone fue a la casa de su pareja. Como no le abría la puerta, subió al techo e ingresó a la casa y la golpeó en el rostro causándole heridas.
El 10 de octubre ambos se apersonaron en la casa de la suegra. Rauch rompió un vidrio de la puerta y gritó: “te dije que ya te la tenía jurada, me dijo que te iba a prender fuego la casa”, refiriendo una amenaza de Simeone.
Tras la condena, intervinieron el Patronato de Liberados -depende del Ministerio de Justicia- y el Juzgado de Ejecución Penal. Ambos debían analizar si el condenado cumplía con las condiciones fijadas por la Cámara. Entre otras cosas, le ordenó hacer un curso para superar el cuadro de violencia hacia las mujeres.
Medidas preventivas
El 9 de julio del 2018, el juez de Paz Jorge González con asiento en La Paquita ordenó la prohibición de acercamiento entre Simeone y Rauch.
La jueza de Fuero Múltiple de Morteros ratificó la orden el 23 de julio y fijó que se extendía por 90 días.
El 5 de septiembre del 2022, la jueza de Paz de Brinkmann, Yanina Córdoba, volvió a dictar otra medida para evitar el acercamiento entre ambos. Esa decisión tuvo su ratificación judicial dos días después.
El intendente de Brinkmann, Mauricio Actis, relató que la Uder de Senaf fue la primera en intervenir a pedido de los equipos del municipio, por la denuncia de un vecino que vio la soledad y vulnerabilidad de los niños.
Por entonces, la madre ya estaba sumida en el consumo problemático de drogas que afectan su salud.
“La intervención fue inmediata y permanente” dijo Actis.
Todos estos organismos judiciales actuaron y sus intervenciones fueron alertas muy precisas, pero no impidieron el peor final para Aralí.
Independientemente de la investigación penal que lleva adelante el fiscal Gieco, la Senaf ordenó una investigación administrativa para analizar la intervención de los equipos técnicos en este caso.
