Esta semana, dos de los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann el pasado 2 de noviembre, se negaron a declarar ante la fiscal Yamila Di Tocco. Matías Ezequiel Simeone (33), padrastro de la víctima, y Cristian Hernán Varela (40), amigo cercano de la familia, enfrentan cargos por homicidio criminis causa, delito que conlleva la posibilidad de una condena a prisión perpetua.
Ambos imputados evitaron ampliar sus declaraciones, mientras la fiscalía sigue incorporando pruebas documentales y periciales al expediente, publicó La Voz.
Aralí fue hallada sin vida en su hogar, el cual había sido incendiado deliberadamente. La autopsia reveló que la niña no inhaló monóxido de carbono, indicando que ya estaba muerta al momento del incendio. Además, se detectaron signos de abuso sexual previo y traumatismo craneal.
La investigación apunta a Simeone y Varela como responsables del abuso y posterior homicidio. Por su parte, Rocío Milagros Rauch (28), madre de la niña, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo debido a presunta omisión de cuidado.
Cambios en la causa
El caso, que inicialmente estuvo bajo la supervisión del fiscal Oscar Gieco en San Francisco, sufrió cambios significativos en su carátula tras la confirmación del abuso sexual. La causa fue transferida a la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, quien retomó la investigación tras regresar de una licencia.
Sin embargo, la fiscal podría dejar el caso pronto debido a su inminente salida del cargo, ya que no quedó en el orden de mérito cuando revalido el puesto concursado. Además, la investigación incluye determinar responsabilidades de la Senaf y la UDER de San Francisco, organismos que permitieron la reinserción de Aralí y sus hermanos en un entorno previamente señalado como vulnerable.
