Pobreza estructural, exclusión social, falta de trabajo, escasa educación, aumento del consumo de drogas y la limitada capacidad del sistema sanitario en Salud Mental para contener la problemática, son las causas profundas que explican la sostenida penetración narco en todos los sectores sociales. Córdoba no es la excepción y es un desafío para el Estado controlar que no desborde en el territorio.
Entre 2023 y 2024, las causas judiciales instruidas en el Fuero Antinarcotráfico del Ministerio Público Fiscal aumentaron 15,5%, ya que pasaron de 10.784 casos a 12.427, según datos oficiales. A lo largo del año pasado, fueron detenidas 1.601 personas y en lo que va del 2025 se cuentan 324 detenciones. Sólo por comercialización de estupefacientes simple y agravada o tenencia con fines de comercialización, que son los delitos sobre los cuales se pronunció recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fijando un criterio muy claro –contrario a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba–: no puede haber condenas por narcomenudeo menores a cuatro años de prisión, por ende deben ser de cumplimiento efectivo.
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El TSJ había declarado inconstitucional el mínimo y por esa razón había juicios abreviados iniciales en los Juzgados de Control con penas de ejecución condicional por menos de cuatro años. El año pasado se hicieron 185 juicios de este tipo en toda la provincia.
Después del fallo de la Corte, todos los abreviados programados se suspendieron. Ahora se tramitan ante las Cámaras del Crimen, prolongando el proceso. “Ningún preso quiere un abreviado con una condena efectiva de cuatro años”, sintetizó la jueza de Control María Dolores Morales.
Significa una mayor demanda de trabajo para las Cámaras, para los Juzgados de Control donde volverán un sinnúmero de planteos de cese de prisión para conseguir la libertad mientras dure el proceso, y para las Fiscalías que podían resolver un caso en una audiencia multipropósito y ahora tendrán que elevar los expedientes a juicio.
También demandará más espacios en las cárceles, que se encuentran totalmente desbordadas. Si los imputados presentan riesgo procesal, deberán permanecer en prisión preventiva más tiempo, hasta que puedan ser juzgados.
Los presos que podían ingresar, a partir de la condena, al tratamiento penitenciario, verán postergada esa posibilidad.
Más fiscales. La Fiscalía General también se prepara para un aumento de investigaciones judiciales por la incorporación de las nuevas Fiscalías Móviles con competencia en Narcotráfico, cuyos titulares están en proceso de designación. En Capital, a las tres existentes, se agrega una más, mientras que en toda la provincia, de nueve pasan a ser 15.
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La suma es simple: a mayor cantidad de estructuras para investigar habrá mayor número de causas con imputados y detenidos. El cuadro descripto permite deducir la importancia que le da el Gobierno provincial al control del narcotráfico en el último eslabón: el menudeo, sobre el cual tiene jurisdicción la justicia local.
La intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los fiscales del fuero aseguran un control del territorio para que no desborde en más violencia urbana o libere totalmente las rutas al crimen organizado.
El fiscal de narcotráfico de Capital, Carlos Cornejo, sintetizó el panorama: “El problema del narcotráfico tiene raíces en la falta de educación, de salud y de trabajo. Mientras no haya un sistema que dé respuestas, el problema continuará”.
TOBILLERAS ELECTRÓNICAS. Una de las modalidades que podría descomprimir los complejos carcelarios es la tobillera electrónica. El Gobierno provincial adquirirá a una empresa del clúster tecnológico local un total de 500 dispositivos con doble monitoreo. El anuncio se hizo en diciembre pasado y según pudo conocer Perfil Córdoba se avanza en una prueba piloto para incorporar, progresivamente, los aparatos hasta completar la cantidad prevista.
