Horacio Busso titular de la empresa Cotreco SA, que fuera adjudicataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba, ingresó al plan de facilidades abierto por la exAfip -actualmente Arca- y pidió a la Justicia que se suspenda la acción penal, en palabras simples que se cierre la investigación en contra de directivos de la firma.
El 13 de septiembre suscribió el compromiso ante el ente recaudador por una deuda de $176.737.015 a pagar en tres cuotas a una tasa de interés del 3.41%.
Ese documento presentó al Juzgado Federal 1 (JF1) asegurando que se habían incluido las obligaciones que fueron reclamadas por Afip en el concurso preventivo de la firma, pero no admitidas por el Juez concursal. Y solicitó que se apliquen los beneficios previstos por la ley 27.743 -la última moratoria 2024- en cuanto a “la suspensión/extinción de la acción penal con respecto a los hechos de apropiación de recursos de la Seguridad Social y de tributos”. Con un agregado, pidió que “también que corra la misma suerte la acción penal para los delitos de Asociación ilícita fiscal e Insolvencia fiscal Fraudulenta”. Por todos esos delitos son las imputaciones a directivos de la firma.
La fiscalía se opone. En un dictamen emitido el lunes pasado, el fiscal Enrique Senestrari consideró que los delitos de asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta, por la que están procesados directivos de Cotreco, “no están alcanzados por los beneficios que otorga el régimen de regularización”.
La discusión jurídica no es nueva. El decreto reglamentario avanzó más allá del texto legal e incluyó un abanico de delitos a ser perdonados si los deudores se avienen a pagar.
El otro argumento del fiscal es la sospecha de ilicitud del origen de los fondos utilizados para cancelar el plan. Sobre el particular, en el escrito de Senestrari se advierte que la CBU (clave bancaria uniforme) informado para el débito de las cuotas del plan, no está asociada a una cuenta bancaria de la deudora Cotreco, sino a una cuenta de la sociedad Vanesin SA una de las sociedades ´fantasmas´ -a nombre de Iván Raúl Vaquero y Carlos Vaquero- controladas por la presunta asociación ilícita.
“Que Cotreco pretenda regularizar deuda con fondos provenientes de las cuentas bancarias de Vanesin es motivo de una nueva investigación por el delito de lavado de dinero y, bajo ningún punto de vista, tendría aptitud para suspender o extinguir la acción penal”, finalizó Senestrari.
La decisión final será del juez.
Hay una ola de presentaciones similares en todo el país tanto por el blanqueo de capitales como por la moratoria del gobierno de Javier Milei. Un ejemplo local reciente es el fallo que suspendió cualquier investigación penal en contra de la familia Santiago, propietaria de las heladerías Grido.
