El fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger avanza en la investigación de presuntos ilícitos cometidos por exmiembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), el brazo investigativo y operativo del Fuero de Narcomenudeo, hacia el corredor de la ruta 38.
La pesquisa que comenzó por las detenciones de seis miembros de las brigadas de Cruz del Eje y Deán Funes, ahora se extiende hacia Cosquín, donde la semana pasada se produjo la aprehensión del séptimo agente. Además, hay tres civiles presos y se encuentran imputados, pero en libertad, un alto funcionario judicial y el exjefe de la FPA en Cruz del Eje. En total, son 12 los imputados.
La trama que habría detrás no tiene nada que envidiar al denominado ‘Narcoescándalo’ que terminó con la extinción –en 2013– de la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. La diferencia con aquel caso es que, en esta oportunidad, la investigación está circunscrita, por el momento, a las brigadas del norte provincial.
La otra es que se destapó a partir de una denuncia que realizó el titular de la FPA, Adrián Salcedo.
Sin embargo, la metodología que habría usado la banda de agentes de la fuerza provincial –siempre según las sospechas judiciales– se parece a aquella que se juzgó en los tribunales federales de Córdoba y que terminó con condenas a siete expolicías que respondían al exjefe de la División, Rafael Sosa, todo destapado por Juan Viarnes, un ‘buchón’ de la Policía.
El expediente radicado en la fiscalía d e Klinger se abrió por una denuncia del jefe de la FPA , Salcedo. En una auditoría, realizada en noviembre del año pasado, se detectó el faltante de tres ‘rue’ (sobres precintados) con droga secuestrada bastante tiempo antes: 54 gramos de cocaína –habían sido decomisados en marzo del 2020– y 299 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana interceptados en octubre del 2022.
Esa cantidad de estupefaciente estaba resguardada en la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del fiscal Raúl Ramírez. El custodio era el secretario, Patricio Bazán. Aparentemente, entre mayo y junio del año pasado, este funcionario extrajo esos tres ‘rue’ de la caja fuerte de la fiscalía, elaboró un acta de entrega al jefe de la brigada de la FPA, Mauricio Oyola, quien los habría transportado a la base de la fuerza con el compromiso y la orden a sus subordinados de que la llevarían al día siguiente al depósito central de la ciudad de Córdoba. A Córdoba nunca llegaron.
La pregunta es: ¿qué pasó con los 353 gramos de cocaína y los 158 gramos de marihuana?
El secretario de la fiscalía, Patricio Bazán – actualmente suspendido en sus funciones– y el jefe de la FPA cruzdelejeña, Oyola, están imputados por encubrimiento agravado. Sabían que la droga no llegó a destino y no denunciaron el hecho.
No obstante, la maniobra también podría haberse montado para dejar en evidencia a Oyola y generar su apartamiento del cargo que ocupaba. En la fuerza hay quienes sostienen que Sergio Ruiz, alias ´Soharcito´, tenía apetencias de llegar a ser jefe.
Su figura adquiere mayor centralidad en la segunda maniobra que detectó la investigación. Él y su hermano, Eduardo Ruiz, están imputados por presunta asociación ilícita junto a otros cinco policías antinarcóticos y tres civiles. Ellos son: Luis Benavídez e Isidro Rivero, de la brigada de Cruz del Eje; Néstor Márquez y Raúl Moreno, del equipo de Deán Funes, y Diego Bertino de Cosquín. Además, están los tres informantes. Todos detenidos e imputados por asociación ilícita.
La banda, según se sospecha, se habría quedado sistemáticamente con parte de la droga secuestrada en los procedimientos. La almacenaban y la entregaban como forma de pago a los dateros (en la jerga policial los llaman ‘delta’).
Hay que aclarar que la ley prevé la figura del “agente revelador” dentro de un marco normativo reglado y muy preciso.
La obtención de información sobre narcomenudeo –con la modalidad ilegal– les resultaba muy útil para mostrar procedimientos positivos y generar causas.
Las pruebas que van reuniendo los investigadores apuntalan la hipótesis. Hay un mar de dudas sobre esas actividades ilegales desplegadas por los miembros de la FPA. ¿Qué cantidad de estupefacientes llegaron a acumular? ¿Cuánto entregaron? ¿En qué zonas movían la droga? ¿En algún caso la habrán plantado? ¿Ellos también consumían?
Por lo pronto, se encargaron exámenes toxicológicos cuyos resultados revelarán este último aspecto.
De estas menciones se desprende que es un expediente caliente y que no tiene techo. Llegará hasta donde lo permitan las pruebas.
Miguel Ortiz Pellegrini asumió la defensa de los hermanos Ruiz. “Conversamos con ellos y parece que el entramado sugiere vínculos en la Fiscalía”, opinó al señalar que tendrá mayores precisiones de la investigación después de que sean indagados y pueda acceder al expediente.
Nicolás Cerrito se constituyó en defensor de Bazán. Dijo a PERFIL CÓRDOBA que lo sorprendió la rápida decisión del Tribunal Superior de suspenderlo en el cargo, poco después de ser imputado. Le comunicaron que el jueves será la indagatoria a su asistido.
