La defensa del fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez, pidió que se declare nula la investigación en contra del magistrado porque se violó la garantía del juez natural. Sostiene que los hechos habrían ocurrido en Cruz del Eje, por lo que el juez que debió intervenir tiene que pertenecer a esa jurisdicción.
La acusación se desprendió de la investigación que conduce el fiscal de Instrucción, Juan Pablo Klinger, quien detectó que su colega Ramírez habría conocido que existió un faltante de tres sobres con droga secuestrada que debió ser enviada desde Cruz del Eje a la base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y no lo denunció. En efecto, también está imputado el secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, y el jefe de la Brigada de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. Y, además, otros 10 entre efectivos de la FPA y dateros a los cuales les pagaban información con droga.
Cafferata corrió vista a Klinger para que exprese su opinión.
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Recién después de ese dictamen, el magistrado resolverá si continúa al frente de la causa o la gira a Cruz del Eje.
En tribunales, la estrategia defensiva se interpretó como una forma de dilatar la investigación.
A pesar de la trascendencia que tiene el hecho de que un fiscal sea imputado por delitos cometidos presuntamente en el desarrollo de su función, la noticia no ha causado un impacto proporcional en círculos políticos.
Las demoras que pueda sufrir la causa, sea para continuar la acción penal o archivarla, terminan beneficiando a Ramírez. El tiene la edad para jubilarse pero no podría acceder a un beneficio como fiscal porque se exige una antigüedad como magistrado de 10 años.
El asumió como fiscal en el año 2016. Recién en el 2026 podría jubilarse y acceder a un haber de privilegio. Dilatar con recursos la resolución del expediente podría permitirle llegar con tiempo a cumplir el requisito jubilatorio que le falta.