El efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detenido, Raúl Moreno, es el primero en confesar que entregó drogas a dateros como forma de pago por la información que le aportaba a la Brigada. Todo quedó probado en forma contundente por mensajes y hasta una transferencia de dinero de Moreno a la esposa de un informante.
Es uno de los siete agentes imputados por asociación ilícita en la investigación que encabeza el fiscal Juan Pablo Klinger. En el mismo expediente hay 3 civiles presos. Serían quienes aportaban información sobre actividades narco en Punilla y recibían droga de los efectivos como pago.
Moreno integraba la Brigada de la FPA de Deán Funes. Está imputado por ser miembro de asociación ilícita y por entregar estupefaciente a título gratuito como pago a cambio de información. Al declarar y reconocer los hechos que se le atribuyen, su abogado Carlos Cardeilhac solicitó un juicio abreviado y la aplicación de la pena mínima prevista para el delito, tres años de prisión.
Lo notorio es que se pudo comprobar a través de los mensajes captados por intervenciones telefónicas y el contenido de teléfonos secuestrados que Moreno le pidió a otro policía, Sergio Ruiz -también detenido e imputado en la causa- que coordine fecha y hora de entrega de droga al datero.
Además, hay mensajes llamativos respecto a la recomendación de “separar un poco” de estupefaciente en un procedimiento para almacenar para futuros pagos.
Pero, aún más contundente fue una transferencia de dinero que realizó Moreno a la esposa del datero. “Para que se compre la droga”, dice el mensaje explicativo.
El martes, en una decisión de alto impacto político, Klinger pidió investigar también al fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez. El expediente que antes estaba unificado, se desglosó y la parte que involucra al secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, y al jefe de la Brigada de la FPA, Mauricio Oyola, fue girado al juez de Control, Agustín Cafferata. Solo un juez puede investigar a un magistrado con prerrogativas, como Ramírez.
En las últimas horas sonaron en continuado los teléfonos en los tribunales provinciales a raíz de la decisión de involucrar al fiscal Ramírez, un magistrado que superó hace seis años un Jury por su paso en el Departamento D-2 de la Policía de Córdoba, en el último tramo de la dictadura cívico militar.
Aparentemente, el fiscal -expolicía- mantiene fuertes lazos políticos con parte del peronismo cordobés que ahora procuran relativizar la sospecha que motivó a Klinger el pedido de investigación jurisdiccional.
