El gobernador Martín Llaryora presentó el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el Complejo de Bouwer, con capacidad para 1.000 internos considerados de "alto riesgo". La iniciativa incluirá tecnología de vigilancia avanzada y un Grupo Táctico Especial para su custodia.
Sin embargo, para la socióloga Laura Etcharren, especialista en seguridad y narcotráfico, el anuncio "marca un reconocimiento implícito de la complejidad de la provincia en materia delictiva".
En diálogo con el programa Última Pregunta en Radio Continental Córdoba, la experta señaló que la medida "implícitamente reconoce que hay un problema serio en materia de narcocriminalidad, de crimen organizado en la provincia de Córdoba", aunque advirtió que su éxito dependerá de una correcta instrumentación.
Etcharren destacó que la decisión refleja una preocupación por los elevados niveles de violencia en la provincia, pero se preguntó si el gobierno tiene una estrategia integral más allá de la infraestructura.
"No se puede importar modelos como el de El Salvador sin entender las diferencias. La criminalidad aquí tiene raíces propias, como la corrupción estructural en las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario", afirmó.
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Entre los puntos críticos, la especialista mencionó la falta de identificación clara de presos de alto perfil en Córdoba, a diferencia de provincias como Santa Fe. También indicó la corrupción al interior del sistema penitenciario, que podría socavar el funcionamiento del nuevo centro. Y la necesidad de articulación con la Justicia para evitar la "puerta giratoria" de reclusos.
“Evidentemente, la Justicia, no solamente en Córdoba, sino también desde el ámbito federal, ha sido funcional a la inseguridad en Argentina”, expresó.
Tecnología y reclamo al gobierno nacional
El Centro de Máxima Seguridad (CEMAX) contará con inhibidores de celulares, cámaras con inteligencia artificial y scanners de última generación para evitar el ingreso de armas o drogas. Además, se construirá una Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) para 500 personas.
En paralelo, Llaryora reclamó al gobierno nacional la construcción de cárceles federales en Córdoba, ya que la provincia actualmente alberga a detenidos con condenas federales sin recursos específicos.
Para Etcharren, la obra es un avance, pero insiste en que debe ir acompañada de políticas profundas: "No basta con encerrar a más gente si no se atienden las dinámicas territoriales del narcotráfico y la salud mental de las fuerzas de seguridad".
