La Cámara 10a del Crimen, en sala unipersonal a cargo de Carlos Palacio Laje, impuso 10 condenas a miembros de supuestas concesionarias de automóviles que operaron entre 2020 y 2022 perjudicando a numerosos clientes que, en buena fe, hacían entregas de dinero para acceder a la compra de autos y motos.
Se podría sintetizar la maniobra del siguiente modo: eran vendedores de humo antes que de vehículos, porque jamás los entregaron.
La Justicia demostró que integraron una asociación ilícita para cobrar montos parciales con la promesa de entregas de préstamos o, directamente, para acceder a la compra de autos y motos. Se confabularon para sacar provecho y defraudar a los clientes.
Por esa razón los consideró culpables por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. Las penas más altas están arriba de los cinco años de prisión. Hay otras que se aplicaron en forma condicional y están en suspenso, bajo premisas como trabajo comunitario y la realización de cursos para adquirir destrezas laborales y evitar así la reincidencia en el delito.
Los condenados a prisión efectiva son: Lucas Alcega, tres años; Mariano Anezín, cinco años; Mariano Ezequiel Vacarini, cinco años y dos meses; Jorge Esteban Gómez Stroppiana, cinco años; Ariel Andrés Pedraza, cinco años y dos meses; José Manuel Olmos, tres años y 10 meses más una multa de $90.000; Dolores Bustamante, tres años y una multa por el mismo monto.
Quienes recibieron penas en suspenso son: Lela Yasmín Cassab, tres años de prisión en suspenso condicionada a realizar tareas comunitarias por ocho horas al mes, realizar al menos dos cursos o prácticas necesarias para su capacitación laboral. La misma pena recibieron María del Carmen Ceballos y Franco Adolfo Nancuante Álvarez.
Por otra parte, Vaccarini. Gómez Stroppiana, Pedraza, Ceballos, Narvaez y Nancuante Alvarez realizaron un depósito por $ 16.442.000 en el marco del acuerdo entre sus defensores y la Fiscalía de Cámara, a cargo de Gustavo Arocena como reparación voluntaria a los damnificados de las estafas que se presentaron a la Justicia. Se decidió distribuir el dinero en forma proporcional al monto del perjuicio sufrido por cada uno.
