La ordenanza de adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del presidente Javier Milei “versión cordobesa” dividió las aguas entre la oposición cambiemista que conforman la UCR y el Frente Cívico. Se debió a la “versión cordobesa” y no por el RIGI en sí. Ese fue el punto de divergencia.
La bancada boina blanca comandada por la concejala Elisa Caffaratti (espada de Rodrigo de Loredo) sumó su apoyo (salvo Sergio Piguillem) a la ordenanza de adhesión al RIGI de Milei que sancionó hoy el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC). También acompañaron los ediles de los monobloques Gabriel Huespe (Ciudadanos) y Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad).
Por su parte, Laura Vilches (Izquierda) se pronunció en contra y se quejó de las continuas ventajas impositivas para las grandes empresas.
El texto aprobado fue el factor que produjo la división en la oposición cambiemista. La UCR aceptó compatibilizar su proyecto con el del PJ y prestó su acuerdo para aprobar “la adhesión de la ciudad a la Ley Provincial 10.997 de adhesión a la Ley Nacional 27.742 -Título VII-, es decir el RIGI, en los términos del artículo 4° de la ley provincial”.
La “versión cordobesa” del RIGI fue a donde apuntó el rechazo del bloque de ediles que responden a Luis Juez. Su espada, Graciela Villata, fue quien fundamentó la negativa del Frente Cívico.
La concejala juecista objetó que la ley provincial que adhiere al RIGI nacional habilita al gobernador a incrementar aún más los beneficios a los inversores y que esa discrecionalidad “sólo trae inseguridad jurídica”.
“Estamos de acuerdo con la legislación nacional, pero no con las facultades discrecionales que se dan en Córdoba para hacer trajes a medida”, se quejó la opositora del círculo próximo al senador nacional.
Factor Milei
El radical Sergio Piguillem se desmarcó de sus pares del bloque y votó en contra de la iniciativa. En su fundamento, sostuvo el RIGI forma parte de la Ley Bases, a la que calificó de “inconstitucional” porque “ataca las autonomías municipal y provincial”.
“El RIGI nos pone a las puertas de graves conflictos porque las provincias pierden el control sobre sus recursos naturales. Las obligaciones para las empresas son cero y el Estado no tendrá ni siquiera mínimos controles que defiendan la producción local y los derechos de los trabajadores. No hay países en el mundo con regímenes así, de entrega a los grandes empresarios”, destacó.
Por su parte, el radical Javier Favre fue el encargado de manifestar el voto afirmativo de la mayoría de su bloque al RIGI, aunque el texto se basó en la “versión cordobesa”.
“El modelo que funciona en el mundo es donde las inversiones son importantes. Los países menos regulados tienen menos índices de pobreza y desigualdad social. En cambio, los modelos estatistas y colectivistas provocan inestabilidad fiscal y hacen que no vengan inversiones”, argumentó.
Desde el bloque oficialista, la concejala Miriam Aparicio dijo que esa norma “es crucial para consolidar a nivel local la potencialidad del régimen nacional de aliento a la inversión, como un camino para superar la difícil situación económica”. “Definir estabilidad fiscal es un claro mensaje de promoción para la actividad empresarial”, afirmó.
Claves de la norma local
La Ciudad adhiere a la Ley Provincial 10.997 de adhesión a la Ley Nacional N° 27742 -Título VII-, en los términos del artículo 4° de la ley provincial, respecto -exclusivamente- de aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se radiquen y/o localicen en la ciudad de Córdoba, a los fines de desarrollar y /o ejecutar dentro del ejido de nuestra ciudad, inversiones productivas en los sectores a que hace referencia en el artículo 1° de la Ley Provincial 10.997.
En otro artículo clave de la ordenanza aprobada en la sesión de hoy se determina que la estabilidad fiscal deberá entenderse aplicable -únicamente- a la Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, para cada una de las actividades de los VPU beneficiados por la norma, respecto a las alícuotas generales o especiales determinadas por el Código Tributario Municipal vigente y Ordenanza Tarifaria Anual vigente.
Asimismo, se faculta al Ejecutivo Municipal para que, por intermedio de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, dicte las normas instrumentales y reglamentarias que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la ordenanza.
