El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini elevó a juicio un expediente y acusó a Francisco Javier Albarracín, actual presidente de la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos de Villa Allende, por el delito de “falta de requisitos legales para el nombramiento o la aceptación de un cargo público”.
En el 2023, Albarracín fue elegido y asumió por unas horas como concejal de la ciudad sin renunciar a su cargo en la cooperativa. Así, pidió licencia en el Concejo Deliberante y al día siguiente regresó a su función en la institución que es proveedora de la Municipalidad y, desde ese puesto, solicitó un incremento en la tarifa de agua del 82,75%.
El caso presenta varias aristas polémicas. El puesto que tenía en la cooperativa posiblemente lo catapultó a la candidatura en la lista que encabezó el intendente del PRO, Pablo Cornet, en las elecciones del 2023, pero nunca renunció. Según el fiscal Bornancini existe una incompatibilidad en ocupar cargos en los dos lados del mostrador: en una empresa contratista del municipio y a la vez ser representantes del pueblo en el Concejo Deliberante, el órgano legislativo comunal.
Secuencia cronológica
El 25 de marzo de 2021, Albarracín asumió como presidente de la cooperativa, durante la asamblea en la que fue propuesto y electo por unanimidad; el 30 de julio del 2023, en las elecciones comunales fue elegido concejal de Villa Allende; el 22 de noviembre pidió licencia provisoria del cargo de presidente y consejero de la cooperativa para ser aplicada a partir del 27 del mismo mes. Al día siguiente, el 28 de noviembre, presentó en el Concejo Deliberante de Villa Allende una declaración jurada “apócrifa, manifestando no poseer incompatibilidades ni inhabilidades para su designación”, puntualizó el fiscal en la acusación.
El 12 de diciembre, a las 18:30 asumió como concejal titular incorporándose formalmente al Concejo Deliberante en un acto que se realizó en la plaza municipal Manuel Belgrano de esa ciudad del Gran Córdoba. Tras prestar juramento, una hora y cuarto más tarde –a las 19:45– pidió licencia al cargo de concejal a través de una nota.

El día posterior, 13 de diciembre, regresó a su cargo de presidente de la cooperativa y presentó el pedido de aumento de la tarifa de agua. El porcentaje del incremento fue del 82,75%.
En la indagatoria negó haber incurrido en incompatibilidades y explicó sobre qué base se pidió el aumento del servicio.
Albarracín defendió la suba señalando que durante todo el año 2023 no hubo aumentos y refirió que en ese período el presidente era Julio Loza. El último aumento había sido aprobado en noviembre del 2022, por eso señaló que el pedido realizado el 13 de diciembre respondió “a una necesidad imperiosa de recomponer la tarifa, debido al atraso y desactualización que tenían, sumado a la situación inflacionaria del país”.
También explicó que el proceso demora unos 15 días porque es necesario hacer una audiencia pública y que, “si no se presentaba en esa fecha, tenían que volver a presentarlo en marzo, cuando el Concejo vuelve a sesionar, lo que perjudicaba a la Cooperativa”
El Código de Ética y las incompatibilidades
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Bornancini puso especial énfasis en la declaración jurada que presentó Albarracín al Concejo Deliberante, donde aseguró no incurrir en ninguna inhabilidad o incompatibilidad.
El Código de Ética de Villa Allende, en el artículo siete del Capítulo III sobre inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses, expresa que no pueden ejercer como funcionarios o dependientes de organismos municipales los miembros de directorios o comisiones, gerente, administrador, o empleado del titular de una concesión, o controlado por el área del municipio donde el funcionario se desempeñe.
Y en el artículo ocho agrega: “Si al momento de su designación el funcionario se encontrare alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo. Una vez resuelta la incompatibilidad, abstenerse de tomar intervención durante el desarrollo de su función en cuestiones vinculadas con las personas o asuntos de los cuales derivó la incompatibilidad”.
Además, la Justicia constató el vínculo de la Cooperativa con la Municipalidad de Villa Allende.
El contrato de concesión del servicio de agua potable data de septiembre del 2009. En octubre del 2022, a través del decreto 173/22 el Poder Ejecutivo Municipal suscribió el Convenio de Prórroga de la Concesión de Servicio de Agua Corriente. Esa extensión en el convenio fue firmada por Albarracín como presidente de la Cooperativa. Cuando, al año siguiente, se suscribió una adenda, Albarracín ya era concejal electo y asumiría dos meses más tarde. “Esta asunción del cargo público lo fue sin que el imputado haya realizado la renuncia previa al cargo de presidente de la Cooperativa”, explicó el fiscal y añadió que tampoco demostró intención de hacerlo. “Tan es así que luego de prestar juramento, solicitó licencia al cargo de concejal mediante nota recibida por el Concejo el mismo 12/12/2023 a las 19:45 horas”.
Por esa razón, le imputó el delito de incumplimiento de los requisitos para aceptar un cargo público.

Qué dicen desde el municipio
Pablo Cornet, el intendente de Villa Allende, sostuvo que “Albarracín ya era presidente de la Cooperativa de Agua y el 12 de diciembre del 2023 fue el primer concejal de nuestra lista y pidió una licencia. No estuvo en ninguna sesión. La Cooperativa estaba sin contrato y como concejal nunca ejerció la función propiamente dicha y no tuvo que votar absolutamente nada relacionado a este tema”.
En ese sentido, añadió que no recordaba los plazos, pero renunció como concejal y regresó a la Cooperativa. “Es imposible que tenga que votar el aumento en cuestión porque nunca asumió el cargo y tampoco lo hizo cuando ejerció como concejal”, precisó. Cornet añadió que algunos le cuestionan la “doble función” de cargos, pero consideró que “él como concejal nunca estuvo, sin recibir salario, ni nada”.