El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia pusieron en marcha un plan piloto destinado a acelerar el tratamiento de los casos de flagrancia, es decir, aquellos en los cuales la persona es detenida al momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito.
Comenzó a implementarse en septiembre y se extenderá hasta fines de noviembre. Introduce un enfoque basado en la realización de audiencias tempranas para acelerar los procedimientos judiciales y simplificar el proceso penal.
Quiénes intervienen. Para llevar adelante el plan fueron designados los fiscales Iván Rodríguez, Lourdes Quagliatti y Horacio Vásquez, junto con Bruna Sciola, directora del Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas en Flagrancia (CRPPA) los ayudantes fiscales y empleados del centro. También participan los asesores letrados Carolina Lerda y Martín Cafure; y los jueces de Control, Laura Barale y Juan Manuel Fernández López.
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Según informó el sitio oficial del Poder Judicial, las primeras experiencias arrojan resultados alentadores. Entre el 80% y el 90% de los casos que se abordaron se resolvieron con acuerdos que implican sanciones de prisión, o bien, trabajo comunitario para delincuentes primarios que cometieron delitos muy leves. Lo positivo es que la resolución de los casos se da pocos días después de producido el hecho y la detención del responsable.
Es un paso hacia el lanzamiento del Sistema Integral de Flagrancia, elaborado por el Tribunal Superior y el Ministerio Público Fiscal. Se busca distinguir y dar un tratamiento diferencial a las causas iniciadas por flagrancias -por lo general más simples de ser investigadas- de las complejas que requieren un mayor uso de recursos humanos y técnicos. El fin es optimizar el tiempo y dar respuesta a la sociedad y a las víctimas en un lapso más breve. También para los acusados es una ventaja que sus imputaciones se resuelvan con mayor agilidad.
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Al finalizar el período de prueba, este circuito de trabajo analizará los resultados para evaluar el impacto en los plazos de detención provisional, la tasa de resolución de los casos, las cargas de trabajo, y la satisfacción tanto de las víctimas como de las personas imputadas.
