El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), en sala Unipersonal a cargo de la jueza Noel Costa, convalidó los acuerdos alcanzados entre el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, y las defensas de 11 acusados por el funcionamiento de la financiera ilegal de Villa Belgrano.
Cuatro realizaron un juicio abreviado que culminó con condenas, dos prisiones domiciliarias de Martín Azar (cinco años y 9 meses) y Diego Sánchez (cinco años); y dos prisiones de ejecución condicional a tres años de prisión para Miguel Angel Azar y María Isabel Valoni. Los cuatro también responderán patrimonialmente
Los siete acusados restantes acordaron probation. Responderán por sus conductas con trabajo comunitario
La investigación comenzó a comienzos del 2020. A cuatro años, la causa se cerrará definitivamente pero en su transcurso no se pudo conocer quiénes fueron los fondeadores que permitieron, con sus aportes de dinero, un movimiento financiero multimillonario. Lo había hecho notar, oportunamente, la Cámara Federal de Apelaciones en una resolución de mediados del año pasado donde instó a profundizar la investigación sobre ese aspecto. No hubo luego ninguna novedad.
Las soluciones alcanzadas dejan como balance positivo la resolución de una causa penal económica en cuatro años y medio, cuando otras suelen convertirse en eternos derroteros de incidentes judiciales. Pero las penas impuestas plantean el interrogante -social más que jurídico- sobre la posible desproporción entre las conductas desplegadas y las sanciones alcanzadas.
En dos fallos, de 199 y 39 páginas, respectivamente, la jueza Costa realizó una detallada descripción de los ilícitos cometidos, la fundamentación de los delitos imputados y también señaló que los jueces están limitados en la mensuración de las penas cuando hay acuerdos con la fiscalía, como ocurrió en este caso.
“Al momento de dictar sentencia, el Tribunal debe analizar en el caso, la prueba y la pena a imponer, sin ir más allá del límite fijado por el Fiscal”, citó la magistrada y agregó:
Considero que las penas acordadas se ajustan al derecho. En todos los casos, se encuentran dentro de los límites de la escala penal establecida por el legislador, y además resultan razonables en relación con los criterios establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
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Las condenas, en detalle
Como autores o miembros, la Justicia determinó que participaron del delito de asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada por el Banco Central y lavado de activos. En el caso de Martín Azar, también resultó condenado por tenencia de arma de guerra y encubrimiento de contrabando.
Martín Azar (46): cinco años y 9 meses de prisión domiciliaria, colocación de una tobillera electrónica para su control, el pago de $25.000.000, en cuotas, y tareas comunitarias durante un año en la modalidad, ocho horas mensuales
Diego Sánchez (47): cinco años de prisión domiciliaria, el pago de $15.000.000 en cuotas y tareas comunitarias durante seis meses, los días martes y jueves de 8:00 a 10:00 horas.
Miguel Ángel Azar (73): tres años de prisión de ejecución condicional, el pago de $10.000.000, tareas comunitarias durante seis meses, ocho horas mensuales.
María Isabel Valoni (70): tres años de prisión de ejecución condicional, el pago de $7.000.000 en cuotas y tareas comunitarias durante seis meses, ocho horas mensuales.
María del Milagros Martínez, Melina Manelli, Jorge Mario Novaro, Agustina Cherro de Miguel, Dina Castillo, Nicolás Ferrer Juárez y Gonzalo Gómez Pizarro, pagarán multas y realizarán trabajos comunitarios. En cada caso se definió dónde y con qué modalidad.
Lucas Javier Sánchez (33) fue absuelto del delito de lavado de activos, porque el monto de la acusación es inferior al mínimo sobre el cual se considera el delito.
También se dispuso el decomiso de los bienes secuestrados.
