Los nombramientos por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permiten avizorar la conformación de una nueva mayoría. La secuencia y modo en que se movió el máximo tribunal con ambos nombramientos, además, es un claro mensaje político que genera un precedente peligroso en el país.
La Corte como cabeza del Poder Judicial se caracteriza por emitir fallos que habilitan negociaciones. En este caso podría traducirse así: le tomó juramento a García Mansilla pero dejó pendiente el caso Lijo, ya que recién el 6 de marzo se tratará su designación. Quedan siete días para las tratativas respecto al juez que más le interesa al gobierno.
La cronología de los sucesos permite desentrañar la jugada que el propio Horacio Rosatti anticipó en diciembre pasado, durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni en La Nación+. Ante la consulta sobre cómo sería ese proceso respondió: “En última instancia lo tiene que resolver la Corte, si hay cuestionamientos. A la Corte llega casi todo, por no decir todo. Los supremos tienen la última palabra”.
Cronología de una semana al rojo vivo
El 26 de febrero, Ariel Lijo presentó un pedido de licencia extraordinaria a la Cámara Nacional de Apelaciones para dejar provisoriamente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 a su cargo. El tiempo por el que la pidió fue “mientras dure la designación en comisión” en la Corte Suprema.
Por unanimidad, la Cámara aceptó la licencia. El tema se trasladó a la Corte porque según el Reglamento de la Justicia Nacional, es un aspecto que debe resolver el máximo tribunal en su función de superintendencia.
Así se cumple el anticipo de Rosatti en diciembre no sólo por esa función administrativa institucional sino porque imaginó que el tema se iba a complejizar. Hay una acción de nulidad y pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial, presentado por el Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad).
El tema ingresó a la Corte el 26 de febrero. A primera hora del día siguiente los tres ministros (Rosatti, Carlos Rosenkrant y Ricardo Lorenzetti) se reunieron a las 9:30 en Acuerdo y a las 12:28 firmaron la acordada sobre Manuel García Mansilla, le tomaron juramento y decidieron postergar el caso de Lijo.
Si no prosperan los pliegos de ambos jueces en el Senado igualmente quedarán en funciones hasta el 30 de noviembre próximo, durante todo el período legislativo anual, y así podrían ir renovándose los nombramientos “en comisión” cada año; en una designación precaria.
Efectos colaterales. El juramento de García Mansilla como ministro en comisión generó otro hecho trascendente. La Corte Suprema modificó su propia jurisprudencia. Cambió lo que había dicho en abril del 2015 en la denominada “Causa Aparicio”.
En aquel fallo, el máximo tribunal había declarado la nulidad de una lista de conjueces designados por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte (decreto 856/14). El fundamento fue que no contaban con el acuerdo de los dos tercios del Senado de la Nación, como exige la Constitución Nacional.
La modificación de criterio sienta un nuevo precedente. ¿Qué pasará a futuro con vacantes que no se logren cubrir? Hay sillones calientes como los de los Juzgados de Comodoro Py, los que tienen competencia electoral o las cámaras federales de todas las provincias. Si se demoran los procesos de designación, ¿el Poder Ejecutivo podrá invocar el “caso García Mansilla" y proponer jueces en comisión también para esos cargos? ¿Qué garantías de seguridad jurídica hay en un país que designa ministros de la Corte Suprema en comisión?
La resolución de tomar juramento a García Mansilla –sin dar fundamentos– fue una decisión política de alto riesgo. Si permite saltear al Senado para designar a un ministro de la Corte, cuánto más podría hacerlo en caso de jueces inferiores.
El entramado de vínculos
A Ariel Lijo lo sugirió Ricardo Lorenzetti y a Manuel García Mansilla lo propuso Santiago Caputo. Ambas afirmaciones pertenecen al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El aval de García Mansilla, quien ya es miembro de la Corte tras su juramento, viene nada menos que del llamado “triángulo de hierro”, la primera línea que rodea al presidente Javier Milei en la cúspide del poder.
Entre sus nuevos colegas, tiene un vínculo estrecho con Carlos Rosenkrantz porque fue su director de tesis doctoral, titulada “Crisis en la separación de poderes: el caso Argentina”. En redes sociales se publicó el texto. Algunas conclusiones del trabajo muestran la contradicción entre sus afirmaciones y su actual situación:
-“Si el Presidente puede eludir la oposición del Congreso a través de los DNU, entonces el sistema democrático de Argentina está condenado: sólo dependerá de la buena voluntad del Presidente”.
-“El problema que enfrenta la Argentina, y por lo que sufre problemas institucionales, es por la falta de fortaleza del Congreso y el injustificable incremento de la autoridad presidencial”.
-“Argentina sufre dictaduras democráticas de presidentes que pueden hacer casi cualquier cosa: pueden ejercer el poder legislativo y pueden nombrar jueces que van a revisar su DNU. Por lo tanto, hay controles y equilibrios esenciales que faltan en la separación de poderes en Argentina”.
-“Es inaceptable que el Presidente pueda ejercer el poder legislativo conferido al Congreso”.
Además, García Mansilla y Ronsenkrantz fueron decanos en dos universidades de raíz confesional. El primero en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, y Rosenkrantz en la Universidad de San Andrés, de orientación jesuítica. ¿Integrarán la nueva mayoría con Rosatti?
Lijo, por su parte, sabe dónde está parado y no quiere soltar el Juzgado porque tiene jurisdicción en todas las causas del poder. Geográficamente abarca la mancha urbana donde tienen sus sedes ministerios nacionales y la Casa Rosada. Se suele decir que “no hay ningún político que no le deba algún favor”.
