Rodrigo Miranda
En una sesión maratónica que arrancó a las 17:40 de ayer y terminó pasada las 3 de la madrugada de hoy, el PJ logró sancionar la ley para engrosar los recursos humanos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), impulsada por los oficialistas Miguel Siciliano y Nadia Fernández.
De este modo, se habilita la incorporación de personal capacitado académicamente en instituciones de formación de las Fuerzas Armadas de la República Argentina (FFAA) a la FPA cordobesa. En su alocución, Fernández advirtió que, en la actualidad, la cantidad de miembros de esta fuerza “es insuficiente”. Con la nueva medida “calculamos aportar más de mil efectivos candidatos postulados para su capacitación”, dijo.
Para que esta iniciativa avanzara conforme a la hoja de ruta del PJ, la UCR y otras bancadas prestaron conformidad para sortear el "sobre tablas", sumar los 2/3 de los votos que fija la “cláusula Spaccesi”, debido a que dicho expediente no contaba con estado parlamentario.
La UCR dio “una mano” en este sentido, pero se abstuvo al momento de la votación, al igual que Dante Rossi (Construyendo Córdoba). El bloque juecista comandado por Walter Nostrala, la bancada del PRO y los legisladores Rodrigo Agrelo y Agustín Spaccesi acompañaron al oficialismo en la aprobación de esta reforma a la norma 10.227, Ley Provincial Antinarcotráfico.
Por su parte, los legisladores Luciana Echevarría (Frente de Izquierda) y el juecista Walter Gispert expresaron su rechazo. Al apartarse de la posición asumida por su bancada, el departamental por Punilla lanzó. “Esto va a fracasar”.
Desde la UCR, Daniela Gudiño planteó una serie de dudas en cuanto a la implementación de la iniciativa. “Esto es yapar. Una venda más en un problema enorme que tiene esta provincia en materia de seguridad”, expresó la boina blanca. Al dejar asentada la abstención de su bloque, destacó: “La UCR no va a obstruir esta ley para nada”.
La nueva normativa brinda la posibilidad de que personas con formación en las Fuerzas Armadas ingresen a la FPA tras cursar y aprobar un trayecto formativo específico orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba.
“La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Esto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”, sostuvo Siciliano.
“Es necesario reforzar el recurso humano de la Fuerza Policial Antinarcotráfico a los fines de imposibilitar el avance del delito de narcotráfico y asegurar las fronteras de nuestra provincia”, completó el jefe del bloque oficialista.
Educación financiera
La Legislatura también dio luz verde a la ley que crea el Programa de Alfabetización Económica y Financiera. El ruido que generó el reclamo de la Iglesia terminó zanjándose con una modificación al texto con el foco puesto en los niños escolarizados.
En este plano, se aclaró que “el contenido, a cargo de docentes formados, estará adaptado a la edad de los estudiantes”. Según está estipulado en esta ley, la autoridad de aplicación deberá determinar los contenidos, aprendizajes, objetivos y la gradualidad.
La norma establece incorporar contenidos sobre economía y finanzas para los distintos niveles (inicial, primario, secundario y terciario de todas las modalidades), en todas las instituciones educativas de Córdoba. Con este fin, se desarrollarán cursos y acciones destinados a personas que deseen acceder a la educación no formal.
“Se trata de enseñar economía para la vida, de dotar de herramientas para desenvolverse mejor en el día a día y de crear ciudadanos informados que tomen mejores decisiones”, señaló Ariela Szpanin (UCR), autora de la iniciativa.
“La educación financiera es una responsabilidad compartida de las familias, los gobiernos y las escuelas, porque estos conocimientos adquiridos por los chicos luego derraman en su comunidad y sus familias”, fundamentó.
Otras leyes
Ante una agenda cargada, la Legislatura sancionó la norma que crea la Fiscalía de Instrucción y Competencia Múltiple de Tercer Turno, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia. El proyecto pertenece a los legisladores Facundo Torres Lima y Miguel Siciliano. Esta nueva fiscalía se sumará a las dos ya existentes en Alta Gracia.
Torres Lima destacó que la fiscalía atenderá la mayor demanda de justicia en un departamento Santa María que viene teniendo un gran crecimiento demográfico, en particular Alta Gracia y Malagueño. Al respecto, expresó: “La creación de esta fiscalía responde a la necesidad real de los vecinos de este departamento en constante crecimiento de tener una prestación del servicio de justicia más ágil y eficiente, y una contención y seguimiento a las víctimas más adecuado”.
Por otro lado, el pleno en mayoría avanzó con la ley que crea un único régimen sancionatorio y de procedimiento administrativo frente a infracciones ambientales. Esta nueva norma modifica las funciones de la Policía Ambiental y crea un órgano específico encargado de juzgar y sancionar. Se trata del Tribunal Administrativo Ambiental.
Asimismo, se aprobó el pliego del Ejecutivo provincial del padrón de aspirantes a magistrados y funcionarios reemplazantes elevado por el Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 y concordantes de la Ley 8.435 y el artículo 104 inciso 42 de la Constitución de Córdoba.
Licencias
Por otra parte, la Unicameral aprobó las licencias de las legisladoras María del Rosario Acevedo y María Victoria Busso. En el caso de Acevedo, se extenderá desde el 26 de diciembre hasta el 26 de enero de 2025; en el caso de Busso, comprenderá el período que va del 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2025.
La habilitación de las licencias por más de 30 días, pese a que sólo falta un plenario para cerrar el año legislativo, se debe a que el PJ necesita de esos dos votos. No puede darse el lujo de perder dos soldados en la última sesión -no le sobra nada-, donde se votarán pliegos clave para integrar el Poder Judicial.
Con lo cual, en el plenario del 27 de diciembre asumirán los legisladores suplentes de Acevedo y Busso para que el PJ pueda contar con sus 33 miembros. A su vez, necesitará sumar tres aliados (las miradas apuntan a Karina Bruno, Agustín Spaccesi y Graciela Bisotto) para avanzar con la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia y los dos pliegos de los funcionarios judiciales que encabezarán el Ministerio Público de la Defensa. La oposición se abroqueló en el rechazo.
