La figura de Jessica Raquel Valentini es desconocida en los tribunales cordobeses. La abogada de 63 años, oriunda de San Francisco -la misma del gobernador, Martín Llaryora- es la mujer que propone el Gobierno de Córdoba para ocupar la vocalía que dejó vacante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Mercedes Blanc de Arabel. No así las trayectorias de Pablo Bustos Fierro y Pablo Damián Pupich como defensores General y Adjunto, respectivamente. El primero es actualmente fiscal General Adjunto y el segundo fue uno de los impulsores de la Unidad de la Defensa en las cárceles cordobesas. Ambos son muy conocidos en la Justicia Provincial.
La postulación de Valentini fue una sorpresa total. Rápidamente todos fueron a buscar los antecedentes. Es una generalista, con mayor formación y actuación en Derecho Civil y Público, construida durante su paso como adjunta en la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2008. Tiene experiencia en derecho al consumidor, una materia con demanda creciente en los tribunales.
Los seis vocales del máximo tribunal son especialistas en diferentes materias Laboral, Penal, Civil y Público. “Incorporar a una generalista no es un problema”, opinó una fuente consultada por PERFIL CÓRDOBA.
Con esta propuesta, Martín Llaryora se asegura no recibir objeciones respecto a la proporción de mujeres en el máximo tribunal provincial y, posiblemente, consenso en la Legislatura por su origen -no militancia propiamente dicha- radical. Al menos de los legisladores del bloque de la UCR.
Semanas atrás, en un diálogo de los habituales que mantienen por diferentes temas, el presidente del TSJ, Luis Angulo, le recomendó al gobernador no dejar pasar demasiado tiempo para cubrir la vacante.
No hubo contactos con miembros del TSJ previos al anuncio, pero algunos sí conocieron que había una postulación inminente. “Es una buena profesional y es decente” fue la primera definición que surgió entre algunos vocales. Y la otra reflexión positiva es que “hace a la institucionalidad porque no puso a alguien con pertenencia peronista y procura ampliar el espectro de pensamiento”.
Bustos Fierro y Pupich
Los otros dos pliegos que llegaron ayer a la Unicameral son los de Pablo Bustos Fierro, actual fiscal General adjunto, y el del asesor letrado Pablo Pupich.
Ambos son propuestos para la Defensoría General y la Adjunta, en ese orden.
El organismo fue creado por ley en el final de la gestión de Juan Schiaretti. Se trata de la cabeza de todos los asesores letrados de los tribunales provinciales. Son cargos sin vencimiento.
Para analistas de la interna político judicial, la decisión de colocar a Bustos Fierro en la Defensoría General procura, además, generar una vacante en un puesto clave.
La Fiscalía General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal donde se dan directivas sobre políticas criminales, según la evolución y características en cada momento del delito y la inseguridad.
Es un sitio apetecible para cualquier gobierno.
Apenas llegó al Panal el gobernador Llaryora promovió -a través de una ley- la creación de más fiscalías penales. Podía interpretarse como un gran apoyo al actual titular de la Fiscalía General, Juan Manuel Delgado, que llegó al cargo propuesto por Juan Schiaretti. Con el correr de los meses se hizo evidente la escasa sintonía fina.
Lo más probable es que en marzo del 2026, cuando finalice su mandato, se busque un reemplazante. En ese caso, habrá dos puestos para negociar apoyos, si antes no se cubre la vacante que ahora dejará Bustos Fierro.
En el caso de Pupich es un magistrado que trabaja desde hace años en políticas para la construcción del cuerpo de la Defensoría Pública en tribunales. Fue uno de los creadores de la Unidad de la Defensa, un organismo que asiste a los presos en las cárceles provinciales. Algunos creyeron que él sería el defensor general.
