Comienzan las indagatorias a nueve imputados por trata en casos de maternidad subrogada
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes fijó el cronograma a partir del 30 de julio y hasta el 2 de agosto. Citan a declarar a dueños de dos clínicas, abogados, psicólogos y empleados de esos centros médicos. Los fiscales apelaron ante la Cámara la decisión de no detenerlos.
TRATA. Es el gravísimo delito que se imputa por primera vez en Argentina a médicos, abogados y psicólogos. |
Cedoc Perfil
Es un caso único hasta ahora en el país. La cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex). Alejandra Mángano, y los fiscales federales cordobeses, Carlos Gonella y Enrique Senestrari, promovieron acción penal contra nueve profesionales. Son médicos, dueños de dos clínicas de fertilización asistida, abogados, psicólogos y empleados de esos establecimientos. Se les imputa el grave delito de trata, es decir la captación de mujeres vulnerables para ser contratadas como gestantes y permitir tener hijos a parejas imposibilitadas de llevar adelante el embarazo.
Ahora, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes ha resuelto el cronograma de indagatorias a todos los acusados que comenzará el martes próximo y se extenderá hasta el viernes de la semana venidera.
En esta causa, que fue adelantada por PERFIL CÓRDOBA el 7 de julio último, no se cuestiona la práctica de subrogación de vientre. Lo que está bajo análisis de la justicia penal es la utilización de las mujeres -que la justicia considera víctimas- para realizar el procedimiento médico. Se trata de personas muy vulnerables social y económicamente por cuya situación podrían no tener la libertad de decidir; que fueron luego abandonadas a su suerte una vez que nacieron los bebés, hijos de los padres procreacionales.
Según la sospecha del Ministerio Público Fiscal, los centros de salud estaban en contacto con las víctimas a través de sus “donaciones de óvulos” -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación-, o por haber sido captadas por otros imputados; en muchos casos, tomando ventaja de su situación de vulnerabilidad.
La fiscalía detalló que los médicos directores de estos establecimientos habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación. Luego, abogados cercanos a estas clínicas habrían tomado participación en la maniobra, gestionando la órbita judicial del tema, especialmente en el ocultamiento de la verdadera situación de las víctimas, su relación con los comitentes y el aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento.
Una vez realizado el supuesto acuerdo para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica para tal procedimiento. Por último, la maniobra se completaba con la intervención de abogados que presentaban en el fuero provincial de la ciudad de Córdoba un supuesto acuerdo de homologación a través del cual relataban una situación de amistad entre las partes, que en los hechos era inexistente, así como describían un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante en cuestión.
Entre las medidas que solicitaron los fiscales en el momento de promover las imputaciones, estaban las detenciones de varios de los acusados. Esto no fue admitido por el juez Sánchez Freytes, por lo que el MPF apeló la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones que deberá resolver si van o no a prisión.
