Cierre definitivo de la causa por la reunión entre un fiscal, un perito y un funcionario del Neonatal

El último viernes, el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, dictaminó el archivo de la investigación sobre la reunión que mantuvieron el fiscal de Instrucción, Guillermo González, el perito forense David Dib y el exsubdirector administrativo del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama el 16 de mayo de 2022.

No hay más instancias para apelar, por lo que su opinión significa el cierre definitivo de la pesquisa. Ahora el expediente debe ir al Juzgado de Control N°11, a cargo de Manuel Ayán, para que dicte el auto confirmatorio de desestimación y archivo de la causa.

El inicio de esta investigación fue un cimbronazo en los tribunales provinciales. Fue a instancias del fiscal Raúl Garzón, quien investigó y elevó a juicio el caso más espeluznante y grave de la historia judicial cordobesa por 13 ataques a bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal, que depende de la Provincia de Córdoba. De los 13, cinco fallecieron.

Están acusados la enfermera Brenda Agüero, como autora material de los crímenes, y 10 exfuncionarios, incluido el exministro de Salud, Diego Cardozo, por no haber denunciado a tiempo los hechos permitiendo la continuidad de los homicidios seriales.

La Justicia intervino luego de la noche fatídica del 6 de junio del 2022 cuando se produjeron tres ataques casi simultáneos. Sin embargo, el caso estalló en la opinión pública recién en agosto de ese año.

Cuando fue convocado como testigo el médico forense David Dib, relató una reunión que había mantenido el 16 de mayo en el despacho del fiscal Guillermo González, y de la que también participó quien era subdirector administrativo del nosocomio, Alejandro Escudero Salama.

Inmediatamente, Garzón corrió vista para que otro fiscal investigara lo sucedido. Se planteó la hipótesis de una gravísima omisión por parte de su colega y del forense. Si tenía indicios de hechos graves debió intervenir e investigar de inmediato, el mismo cargo que hoy pesa sobre los funcionarios acusados.

La causa recayó en la fiscalía de Iván Rodríguez quien llegó a la conclusión de la inexistencia de delito en aquel encuentro y pidió el archivo del expediente. En noviembre del año pasado, la jueza de Control Anahí Hamparzounian rechazó el archivo discrepando con la posición de Rodríguez. Consideró impropio que se tomara como prueba la declaración de los acusados en la causa principal. Envió los antecedentes de Escudero Salama a ese expediente e instó la continuidad de la investigación a González, como funcionario público, y a Dib.

El viernes último quien dirimió la controversia fue el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, en el sentido ya relatado.

En síntesis, llegó a la conclusión que se probó que la reunión se hizo en el despacho de la Fiscalía de González, nadie lo desmintió. La cuestión medular era de qué se habló y por qué González no inició una investigación de oficio.

Sobre el primer aspecto, Leiva consideró que la información que recibieron Gonzalez y Dib de parte de Escudero Salama fue general, no específica. Se habló de “pinchazos inexplicables”, no se mencionó la existencia de muertes.

Leiva expresó: “Coincido con la opinión del Instructor en cuanto a su pedido de desestimación y archivo de las presentes actuaciones, ya que de la prueba incorporada durante la investigación penal, no surge que ellos dispusieron de un caudal de información más profuso, solo que tuvieron conocimiento en ella, en forma genérica de lo que estaba ocurriendo en el Hospital Neonatal; el hecho analizado no encuadra en figura penal alguna y que por ese motivo se debe solicitar al Juez de Control competente que disponga el archivo definitivo de las actuaciones”.