Causa Conoc: para la Justicia no hubo incumplimientos, pero sospecha de estafas

La fiscal de Instrucción Subrogante Daniela Maluf sospecha que detrás de las operaciones inmobiliarias realizadas por las SRL Conoc y Khaliq Anward, hay verdaderas estafas a los inversores, cometidas a través de múltiples formas.

Una de las cuestiones que analizó es la insolvencia inicial de las firmas que, sin embargo, ofrecieron desarrollos inmobiliarios mostrando vendedores, cartelería, renders con las tipologías de viviendas, planos y marketing digital, un despliegue de recursos que les permitió captar un enorme número de clientes mostrando un ropaje de solvencia. Con el tiempo, discontinuó las entregas, se atrasó y comenzó a caerse la estructura montada, dejando sin nada a numerosas personas y familias que hoy pugnan en los fueros Penal y Civil para conseguir justicia y recuperar, aunque sea, parte de lo que pagaron.

La fiscal Maluf imputó por estafas reiteradas a Ezequiel Aurelio y Verónica Inés Ocaña, en calidad de coautores; y a Anabel Rocío Meana, Silvio Guillermo González y Gonzalo Heredia, como partícipes necesarios.

Para la defensa de los hermanos Ocaña, “no hay dolo” y se trató de incumplimientos e improlijidades originados por el desfalco que sufrieron entre 2018 y 2019 las empresas por parte de Zárate Construcciones, cuyo dueño es Francisco Scudieri, con varias condenas e imputaciones por delitos económicos. El abogado Sebastián Villegas calculó en US$ 4,5 millones la deuda en materiales de la construcción que no fueron entregados.

En una nota publicada por PERFIL CÓRDOBA el 5 de mayo último, Ezequiel Ocaña agregó a ello, los efectos de la pandemia y la inestabilidad económica del año pasado. Admitió que se equivocó, pero dijo: “No soy un estafador”.

Además, culpó de la actual situación a “abogados oportunistas y a otro penalista muy famoso que sólo recolecta clientes para hacer caja”. Se refirió así a Carlos Nayi, quien patrocina a la mayor cantidad de denunciantes y a quien también carga culpas su hermana, Verónica, en los videos que sube a Instagram y donde no se permiten comentarios.

A pesar de esa posición, la investigación penal abona la seria sospecha de las defraudaciones. Los cinco acusados fueron indagados sobre 37 hechos, cada uno de los cuales describe casos particulares de clientes damnificados. En los próximos días serán citados nuevamente para que presenten su posición exculpatoria sobre otros 35, en cuya formulación trabaja la Fiscalía de Maluf.

Las empresas tenían oficinas comerciales en distintos puntos de la provincia. De ahí que hay clientes que denuncian haber sido estafados en Montecristo, Alta Gracia, Colonia Tirolesa y Jesús María. Para la Justicia, parte del engaño consistía en el ofrecimiento de financiaciones accesibles bajo la falsa promesa de que todos los adquirentes podrían acceder a la vivienda propia.

Decían que los desarrollos inmobiliarios se levantaban en lotes de su propiedad cuando en muchos casos se demostró lo contrario; en otros casos se comprobó que no tenían autorización y aprobación de los entes gubernamentales.

El resultado fue catastrófico: replanteo de contratos por demoras en las construcciones que generó nuevos pagos de los clientes y la pérdida total, en muchos casos, del dinero invertido con beneficios ilegítimos para los empresarios. En otros, directamente no pusieron ni un ladrillo.

Según las imputaciones, las maniobras comenzaron en 2012. Se mantuvieron tras la apariencia de seriedad y solvencia, hasta que no pudieron hacer frente a las obligaciones.

El pedido de quiebra de un acreedor terminó de desmoronar lo poco que quedaba en pie, porque desde el año pasado ya se investigaba en el Fuero Penal las denuncias de víctimas y en el Civil había acciones para recuperar los montos dinerarios entregados.

El 12 de abril pasado, el Juzgado Civil y Comercial N°13 decretó la quiebra de Conoc SRL y Khaliq Anward SRL.

Las oficinas se cerraron y comenzó el derrotero de los acreedores para verificar los créditos a cobrar. Los hermanos Ocaña han pedido la conversión de la quiebra en concurso preventivo.

El objetivo es retomar la administración de sus bienes y empresas, con control de la Sindicatura. El juzgado aún no ha emitido una resolución, pero es muy probable que prospere el pedido.

PING PONG CON LA DEFENSA

Este medio planteó consultas puntuales al abogado Sebastián Villegas, defensor de Ezequiel y Verónica Ocaña, sobre datos aportados por algunos damnificados.

–¿Hubo sobreventa de inmuebles, es decir un mismo lote vendido a varias personas?

–No lo tengo acreditado. Tampoco estoy dentro de la administración de la empresa. De la información recolectada no tenemos registro de eso.

–Al comercializar los lotes, ¿vendían derechos posesorios o títulos perfectos?

–El mecanismo era un contrato de compraventa. En base a la cotización del cemento se iba actualizando el precio. Los loteos generales tienen escritura traslativa de dominio. Como luego había subdivisiones, cuando se terminaba de pagar se escrituraba.

–¿En la comercialización de los proyectos contaban con estudios de prefactibilidad y autorizaciones municipales?

–En principio sí. El conflicto de no factibilidad lo tuvo la empresa Aluminar (N.deR: Grupo Aluminar). Es una desarrollista. Hubo una cesión de dos o tres loteos que se transfirieron directo a ellos. Aluminar habría vendido 400 lotes sin tener la prefactibilidad de energía eléctrica, agua corriente y desagües. Estuvimos analizando la posibilidad de denunciar esto penalmente, como lo hicimos con Zarate Construcciones. Esto es en Villa Catalina, camino a Río Ceballos sobre Ruta E-53.