El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, solicitó al juez de Control José Milton Peralta la investigación jurisdiccional del defensor público, Eduardo Caeiro. Consideró que hay elementos suficientes para acusarlo de maniobras ilegales en un concurso para cargos en la Justicia Provincial donde él integró el tribunal evaluador.
Concretamente habría filtrado contenidos -algunos no incluidos en el temario- a cuatro empleadas que pretendían ascender. Todas están vinculadas académica o afectivamente a Caeiro y también fueron imputadas.
Al realizar su defensa en el sumario administrativo el defensor público esgrimió varios argumentos, entre otros dijo que le hicieron un “carpetazo” urdido con participación de un medio de comunicación local para hacer naufragar su posible nombramiento en algún cargo jurisdiccional de la Justicia Federal o en el flamante Ministerio de la Defensa.
El fiscal Gavier desestimó el argumento analizando las fechas en que se produjeron las convocatorias del Consejo de la Magistratura de la Nación para esos concursos y la del proceso provincial que es motivo de la acusación.
Escándalo por un concurso en tribunales: el fiscal Gavier pidió imputar al asesor Caeiro
Al analizar las pruebas reunidas, el fiscal consideró que Caeiro tiene una particular forma de moverse, al margen de los procesos legales, operando a través de vínculos académicos y judiciales.
Lo llamativo es que la descripción de los contactos que tejió en el período analizado son una foto patética de cómo funciona el lobby en los tribunales, incluida la Justicia Federal, cuyos cargos son apetecibles por la posición de poder que otorga a jueces, vocales de Cámaras y de Tribunales Orales.
Son contactos que se producen en vías colectoras, donde reditúan los vínculos políticos que son los que terminan definiendo las ternas y, luego, los nombres de los postulantes cuyos pliegos deben ser analizados y aprobados por el Senado de la Nación.
Para que existan esas influencias debe haber operadores. Son personas con poder de fuego para lograr gestiones exitosas.
En el caso Caeiro, surgen intercambios de mensajes en torno a concursos sustanciados por el Consejo de la Magistratura de la Nación para el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), la Cámara Federal de Apelaciones y el Juzgado Federal 1, un tribunal estratégico porque es el que tiene competencia electoral en Córdoba. En este último concurso Caeiro se inscribió pero no se presentó a la prueba de oposición.
Los diálogos los entabló Caeiro con un vocal del TSJ de Córdoba a quien le pidió gestiones para contactarse con el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Sucedieron desde mayo del año pasado y fue una conversación con varios intercambios de mensajes por WhatsApp. Consiguió el teléfono de Garavano y la reunión se concretó el 5 de septiembre del 2024.
En ese momento Garavano era un asesor contratado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para implementar reformas procesales en los diferentes fueros. Renunció en enero para hacerse cargo de la codefensa de Alicio Dagatti en una causa narco.
Caeiro se reunió con Garavano para pedirle “gestiones” en Buenos Aires con el objetivo de conseguir avales. En ese momento le interesaba particularmente la vacante en el TOF3 por la dimisión, antes de asumir, del juez Ángel Andreu. En efecto, le mostró una nota publicada por este medio con la noticia de la renuncia.
Pero había otros concursos en ciernes en ese momento, además del TOF3. Estaba también el del Juzgado Federal 1 de Córdoba cuyas inscripciones se abrieron en diciembre pasado. Caeiro se anotó pero, luego, en febrero no se presentó a la prueba.
En los diálogos con Garavano y el vocal del TSJ también invocó contactos con un camarista federal de Buenos Aires y con un académico de la Universidad Austral. Al primero lo homenajeó y al segundo lo invitó para una disertación académica en la Cátedra que él tenía en la Universidad Católica de Córdoba. En una oportunidad también invitó al ministro de Justicia de Córdoba, Julián López.
Gavier sostiene que esas actividades tenían como objetivo entablar vínculos para conseguir beneficios propios más que un interés académico. Y describe una personalidad proclive a moverse en las márgenes de los concursos para conseguir cargos judiciales.
El valor agregado del requerimiento de investigación jurisdiccional contra Caeiro es que el lobby judicial no es una especulación de un crítico de la corporación judicial. Lo describe un fiscal en una resolución que lleva su firma.
