El exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se sumó al equipo legal del empresario Alicio Dagatti a quien el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier le acaba de dictar la prisión preventiva tras imputarlo por presunta asociación ilícita.
Junto al abogado que ya venía defendiéndolo, Matías Pueyrredón, Garavano hizo una presentación en el Juzgado Federal 1 de Córdoba pidiendo la “inhibitoria” de la justicia provincial en ese caso. El planteo es que podría configurar un delito federal, subiendo un escalón del simple menudeo. El objetivo es sacar el expediente de la fiscalía de Gavier para llevarlo a los tribunales federales. Ya hay dictamen fiscal contrario al planteo.
Garavano se desempeñaba como asesor del Poder Judicial local. PERFIL CÓRDOBA confirmó de fuentes del Tribunal Superior de Justicia que el exministro de Justicia presentó su renuncia en enero pasado invocando “motivos profesionales y personales”. Continuará en esa tarea el otro experto contratado, Héctor Chayer.
Una de las razones que ahora aparecen claras como motivo de su desvinculación como asesor en las reformas integrales de la justicia cordobesa, es la decisión de defender al riocuartense.
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El expediente judicial es uno de los que integran una mega causa por presunta corrupción en las cárceles provinciales, que tiene a la cabeza al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, a quien ahora pretenden apartar.
Este caso comenzó por la detección de drogas, whisky y dispositivos electrónicos en un control al ingreso del complejo penitenciario de Bouwer en diciembre del 2023. Un camión de la transportista Bravo llevaba carne del frigorífico Livorno, propiedad de Dagatti y de su hijo Ignacio, también imputado por presunta asociación ilícita para ingresar elementos prohibidos a los penales, junto a empleados del comercio, uno de los proveedores de alimentos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
Después de una primera pesquisa fueron imputados por asociación ilícita Dagatti padre e hijo, el funcionario penitenciario Ramón Alexis Farías, un empleado de Livorno, Luis María Mina y el chofer del transporte Bravo, Maximiliano Gastón Irusta. Ayer se sumó la abogada Virginia Collosa, excodefensora del empresario.
Cuál es la sospecha sobre Collosa
Según el expediente, los Dagatti realizaron varios reclamos fraudulentos sobre la cuestionada mercadería que entró a Bouwer el 26 de diciembre del 2023. Además de descubrirse un ingreso ilegal, la cárcel rechazó la carne por su mala calidad.
El frigorífico Livorno pidió un resarcimiento por el daño material al transporte Bravo que le pagó en un acuerdo extrajudicial. Se considera ilegal porque Livorno no perdió la mercadería, no la desechó sino que la introdujo nuevamente en el circuito.
Para respaldar ese reclamo, confeccionaron documentación de Senasa donde consignaron que las reses habían sido decomisadas, dato falso porque la mercadería volvió a la cárcel.
También Livorno reclamó al Estado Provincial para imputar la carne a futuras entregas. Se hizo a través de Cidi. No tuvo respuesta favorable, interpuso un recurso de reconsideración que también fue rechazado
En cada uno de estos trámites participó Collosa, según la sospecha de la Fiscalía. Su labor se centró en intentar desligar a la empresa de cualquier responsabilidad y en preparar documentación y argumentos en su favor.
Tras disponer su imputación por asociación ilícita y emitir la orden de detención, el fiscal Gavier revocó su carácter de codefensora de Dagatti. Realizaron allanamientos en los fue localizada. Ella decidió presentar un escrito poniéndose a disposición. Ayer jueves concurrió a tribunales y quedó detenida.
