La última semana el expediente judicial donde está imputado y detenido el empresario Alicio Dagatti, dueño de frigoríficos, medios de comunicación y dirigente del club Estudiantes de Río Cuarto, adquirió un volumen y ritmo inusitado.
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, le dictó la prisión preventiva a él, a su hijo Ignacio Dagatti; al director del frigorífico Livorno, Luis Mina; al penitenciario Ramón Alexis Farías, y al empleado del transporte Bravo, Maximiliano Gastón Irusta.
Esa voluminosa resolución –de 127 páginas– describe las pruebas que llevaron a Gavier a ordenar que todos continúen en prisión, ante las sospechas de que integraron una asociación ilícita y el riesgo procesal que produciría permitirles la libertad.
Con esta decisión, subsanó la nulidad de la detención del empresario que declaró la Cámara de Acusación pocos días antes. La defensa de Dagatti se había quejado ante el tribunal porque continuaba preso sin fundamentos. Acusación convalidó esa mirada, pero el incidente quedó rápidamente superado cuando Gavier le dictó la prisión preventiva.
Seguramente, la discusión no quedará ahí. Puede ser recurrida ante el juez de Control y subir nuevamente a Acusación.
Pero, en paralelo, trascendió un movimiento de la defensa que no se conocía. PERFIL CÓRDOBA lo adelantó el viernes pasado. Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación, había presentado en enero su renuncia al asesoramiento que brindaba al Poder Judicial de Córdoba. Invocó “razones personales y profesionales” para dejar esa tarea que, según deslizan desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no significaba un ingreso monetario importante.
Y tras esta dimisión, se incorporó como asesor legal y codefensor de Dagatti a quien venían defendiendo los abogados Matías Pueyrredón y Virginia Collosa. Collosa fue imputada y detenida el jueves pasado. Desde el momento en que la acusaron de integrar la presunta asociación ilícita, le revocaron el carácter de defensora.
Lo que también se desconocía era que ya en febrero, Garavano se había sumado al equipo legal para defender a Dagatti y estampó su firma – junto a la de Pueyrredón– en un pedido de “inhibitoria” de la Justicia provincial para continuar investigando al empresario riocuartense.
El recurso fue presentado en el Juzgado Federal N°1, subrogado por Alejandro Sánchez Freytes. El juez corrió vista al fiscal federal, Enrique Senestrari , quien ya emitió opinión contraria al pedido de los defensores.
Más allá de la calificación del delito para defenderse, la estrategia apunta a sacar el expediente a Gavier y lograr la liberación de Dagatti lo antes posible.
Las posiciones sobre las que resolverá el juez
EL PEDIDO
Para los defensores hay dos causas diferentes: el secuestro de elementos prohibidos que se detectó al ingreso del complejo carcelario de Bouwer el 26 de diciembre del 2023, camuflados en reses de carne enviadas por el frigorífico Livorno –propiedad de los Dagatti– que entregaban dos choferes del transporte Bravo. Quedaron detenidos los conductores y uno de ellos ya fue condenado.
A partir de ese evento comenzó una investigación en Delitos Complejos, en la fiscalía de Enrique Gavier, quien imputó hasta ahora a seis personas: Alicio e Ignacio Dagatti, Mina, Farías, Irusta y Collosa. Todos están presos.
Una de las pruebas fuertes la aportó como “arrepentido” el chofer condenado, quien narró cuánto y cuándo le pagó Dagatti para que ingresara elementos prohibidos a la cárcel.
Garavano y Pueyrredón sostienen que es prematura la hipótesis del ingreso de drogas a la cárcel para consumo de los internos (venta al menudeo), que en aquel control se secuestró más de 1,7 kg de marihuana, nueve gramos de cocaína, bebidas alcohólicas y dispositivos electrónicos.
Opinan que así se reduce el asunto a un “mero suministro de teléfonos y bebidas alcohólicas”, abandonando la investigación tendiente a esclarecer suficientemente los hechos de los que “los imputados Dagatti no han formado parte”. Por eso, sostienen, todo debe ser investigado integralmente en un único expediente en los tribunales federales.
DICTAMEN FISCAL
El fiscal federal, Enrique Senestrari, consideró que no son dos causas diferentes, sino una sola plataforma fáctica, dividida según las competencias del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Los temas de drogas fueron investigados por la fiscal Paulina Lingua y el resto por el titular de Delitos Complejos, Enrique Gavier. “No hay una causa primigenia o madre, de la cual se desprende o nace otra”, opinó.
“Esta Fiscalía no podría estar más de acuerdo con la defensa –continuó–, ya que no existe causa duplicada o conexa en la Justicia federal sobre el caso en cuestión, con lo cual, girar las actuaciones como se pretende hacia este fuero, las cuales se encuentran en plena instrucción y están íntimamente relacionadas a una causa sobre el mismo hecho, que ya posee sentencia condenatoria, iría en detrimento del criterio sentado por la Cámara Federal de Casación Penal”.
También sostuvo que por la cantidad de drogas detectada y el lugar al cual iba dirigida, es válido sospechar que se trata de venta al menudeo a los internos del penal y no de un transporte de estupefacientes que iba a ser redireccionado luego desde la cárcel hacia otro lugar.
El concepto de transporte de drogas –explicó Senestrari– se basa no sólo en el traslado del material, sino en la “conexión entre centros de producción y centros de distribución” que, según su opinión, no se estaría produciendo en este caso.
