En el marco de encuentros periódicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, este mes se pusieron en agenda temas que urgen, reclaman definiciones y sobre todo presupuesto. El contexto no es el mejor, con un gobierno que recorta o congela las partidas para ministerios.
Del cónclave participó Abel Sánchez Torres, actual presidente del tribunal local. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA sintetizó los temas que planteó y sobre el que esperan definiciones: la construcción de una cárcel federal, la creación de una policía judicial con peritos que dependan del Poder Judicial y los recursos necesarios para poner en funcionamiento definitivamente el sistema acusatorio. No es una agenda nueva. De hecho, viene demorada de años.
En relación a los establecimientos penitenciarios, en la actualidad dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya titular es Patricia Bullrich. Históricamente solían estar en la cartera de Justicia.
Cada provincia tiene sus necesidades y problemáticas. Mientras en gran parte del país las cárceles federales están colapsadas por albergar también a los presos provinciales en distritos que carecen de penales propios, en Córdoba sucede lo contrario.
La cantidad de detenidos a cargo de los juzgados federales se mantiene en un promedio de 250, entre hombres y mujeres. Están distribuidos en los nueve establecimientos que tiene el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Hay un convenio por el que la Nación paga módulos por cada interno, pero cíclicamente hay reclamos para actualizarlos por lo exiguo de los montos.
Desde hace años se proyecta, sin éxito, la construcción de una cárcel federal. Sánchez Torres señaló que volvió a plantear la inquietud a la ministra Bullrich. “Córdoba merece tener un establecimiento penitenciario”, sostuvo. Y agregó: “Dado que el Estado nacional dice no tener los fondos para dar una respuesta rápida, se blico- privada, con distintas alternativas, que elegirá el ministerio y la presidencia”. Las opciones son la construcción o la administración a cargo de un privado que se irá amortizando. Inclusive, hay un terreno en Bouwer que la Provincia está dispuesta a ceder.
El proyecto incluye dos pabellones, uno para varones con capacidad para 220 internos y otro para mujeres, con capacidad para 60. “El tema está instalado”, subrayó Sánchez Torres quien además recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri y la gestión de Germán Garavano en Justicia, se avanzó en la propuesta pero luego el proyecto no prosperó.
Otra cuestión que preocupa a las autoridades de la justicia federal es la necesidad de una Policía Judicial. Actualmente, las pericias que ordenan los jueces son ejecutadas por personal que depende de las fuerzas de seguridad nacionales, es decir Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es necesario “no depender de la policía administrativa”, destacó Sánchez Torres.
Sistema acusatorio. El tercer aspecto –en realidad fue el primero de la agenda expuesta por el presidente de la Cámara Federal a PERFIL CÓRDOBA– está referido al sistema acusatorio, cuya implementación se viene postergando desde hace años. Si bien avanzó en algunas provincias, en otras como Córdoba el tema está estancado.
El actual gobierno presentó en marzo el ordenamiento procesal con el objetivo de ir hacia el nuevo sistema, en el que los fiscales federales son los directores de todas las investigaciones, los jueces actúan como control y se puedan agilizar los juicios basados en la oralidad.
¿Qué le falta a Córdoba para llevarlo a la práctica?, fue la consulta que le hizo este medio al camarista Sánchez Torres. “Sin analizar la situación del Ministerio Público Fiscal ni del Ministerio de la Defensa –respondió–, habría que hacer análisis económicos y de infraestructura ya que hay necesidades materiales y edilicias para salas de audiencias, filmadoras y personal que actualmente no tenemos”.
En ese sentido, puntualizó que en la reunión con los ministros de la Corte Suprema se acordó crear una comisión integrada por todos los presidentes de las Cámaras para relevar las necesidades y requerimientos de la implementación del nuevo sistema.
