Una mujer transgénero identificada como Gabriela Fernández enfrenta graves acusaciones tras presuntamente violar y embarazar a una interna en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres N.º 3 de Bouwer.
Fernández, quien anteriormente había sido acusada de maltrato y violencia de género bajo su identidad previa, fue trasladada al área de mujeres en 2018 después de asumir su nueva identidad de género.
No obstante, en julio pasado, la justicia fue notificada sobre un incidente en el cual Fernández habría abusado sexualmente de una compañera de celda, quien resultó embarazada.
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La Justicia de Córdoba no solo confirmó la prisión preventiva de Fernández, sino que, recientemente, también ordenó su traslado a un sector especial, donde se le pueda garantizar su identidad de género sin poner en riesgo a otras internas.
El fallo subrayó que la permanencia de Fernández en el pabellón femenino comprometió la seguridad de 481 mujeres allí alojadas. "Sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas".
Los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies destacaron que su conducta representa un "caso de excepción" para el cual las instalaciones actuales no están preparadas.
Instalaciones especiales para estos casos
La abogada penalista Daniela Morales Leanza se refirió al caso y subrayó que situaciones similares ya se han presentado en otras partes del mundo. "Esto que pasó acá tiene antecedentes, ha sucedido en otros lugares como estrategia para evadir algunos controles, obtener ciertos privilegios y seguir delinquiendo", afirmó en diálogo con el programa "Siesta Animal" de Mitre.
Además, Morales Leanza señaló que el sistema penitenciario debería contar con un sector especial para este tipo de situaciones: "lo dice la ley del sistema penitenciario: 'adecuar las instalaciones a las nuevas exigencias y realidades'. Debería tener un espacio para personas transgénero".
Fernández acumula múltiples causas legales, incluyendo privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas calificadas. Su historial de violencia data de 2016, cuando fue encarcelada por primera vez bajo su identidad anterior. Tras varias liberaciones y nuevas acusaciones, en noviembre de 2023 volvió a ser detenida por privación de libertad y desobediencia de una orden de restricción.
Así es como el 17 de julio de este año, la justicia fue informada sobre el presunto abuso sexual cometido por Gabriela Fernández contra otra interna, quien habría quedado embarazada. Ambas se encontraban alojadas en la Sala A del Anexo del Establecimiento Penitenciario 3.
El fallo finaliza señalando que Fernández "utiliza su condición de género como amenaza", imponiéndose con "los viejos códigos carcelarios", lo que habría permitido que disponga de la voluntad de otras internas para llevar a cabo conductas que alteran el orden y la disciplina dentro del establecimiento.
Idas y vueltas
En mayo pasado, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Familiar del Segundo Turno de esta ciudad había solicitado el juicio para la acusada en una de estas causas. Sin embargo, la defensora oficial se opuso, argumentando que no se debería aplicar la agravante de violencia de género debido a su condición de mujer y cuestionando que el enfoque de la investigación resultaba discriminatorio.
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La jueza desestimó el planteo y decidió avanzar hacia el juicio, ante lo cual la defensa apeló, alegando que la investigación generaba dudas sobre la identidad de género de Fernández y mostraba un sesgo en su contra.
La Cámara de Acusación, no obstante, rechazó este argumento y dio luz verde al proceso judicial.
La última actualización indica que Fernández fue autorizada para un nuevo traslado a otro establecimiento penitenciario de mujeres, con el objetivo de proteger a la reclusa que resultó víctima de la agresión sexual.
