El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, dijo que impulsar un proyecto como tiene previsto el gobierno nacional, que modifique el derecho sucesorio en el país y ponerlo en manos de los escribanos, sería “privatizar la función judicial y mentirle a la gente”. “Que no le mientan más a la gente”, expresó Eduardo Bittar durante las Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio que se realizó en la ciudad de Rosario para debatir sobre “la importancia de las sucesiones jurisdiccionales en pos de la defensa y la garantía de los derechos de la ciudadanía”.
De concretarse la aprobación de un proyecto de esta característica, la población sufrirá mayores costos, sin contribución alguna a la reducción de plazos, acarreando un grave perjuicio para la seguridad jurídica y generando mayor conflictividad social, según consignó Bittar. “Siempre, el derecho sucesorio fue puesto en cabeza de los jueces. Asimismo, quienes llevan los hechos, las partes y los títulos para declarar un heredero, son los abogados porque somos quienes trabajamos en esa actividad frente a los Tribunales y estamos habilitados y capacitados para eso”, puntualizó Bittar.
“Pretender que los escribanos o que cualquier otro particular pueda declarar la calidad de heredero en sede extra judicial implica un claro perjuicio para la ciudadanía y un claro retroceso en nuestro sistema legal, con una notoria inseguridad jurídica”, añadió.
También descartó que esa modificación signifique desburocratizar la tarea y explicó que no sólo ocurrirá lo contrario, sino que además van a encarecer y en muchos casos duplicar esos trámites. “Hay que decirle a la gente que lo que están pretendiendo hacer es perjudicial y más caro, y van a tener que pagar, además, el impuesto gravoso de los sellos”. Luego, ante cualquier eventualidad, van a tener que recurrir a la justicia, debiendo pagar allí otra vez el tributo judicial: “pagarán dos veces”, dijo.
Al finalizar, Bittar expresó que “la pelea es política para defender el pilar del orden público de los derechos sucesorios y la función jurisdiccional”, además de las incumbencias profesionales de los abogados.
