La semana entrante comenzará a discutirse en comisiones el proyecto de ley que presentó el gobierno, con la firma del presidente Javier Milei y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad.
Los fundamentos de la iniciativa hacen eje en la inseguridad, la creciente participación de adolescentes en el delito y el derecho de las víctimas. La iniciativa propone que los adolescentes deben ser perseguidos penalmente desde los 13 años. De aprobarse, colocaría a Argentina en la media vigente en la región, ya que en Chile, Colombia y Perú está en 14 años; en Nicaragua y Uruguay, en 13; en Brasil y México, en 12. Muy distinto es el caso de Trinidad y Tobago, donde los niños son perseguibles judicialmente desde los siete años.
El proyecto de ley cita cifras de la base de datos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos informes estadísticos señalan que en los primeros semestres de los últimos cuatro años crecieron las intervenciones judiciales en adolescentes. Y el mayor porcentaje se dio en el grupo etario de menores de 16 años, por su participación en delitos contra la propiedad.
En la actualidad, ningún niño ni adolescente menor de 18 años puede ser detenido. Desde los 16 años es punible, es decir que si participa de un delito puede ser declarado responsable por su conducta. Por debajo de esa edad, si un chico es aprehendido es entregado a su familia o queda bajo medidas protectivas del Estado, a través de Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).
El proyecto de ley propone que exista intervención penal, es decir que pueda ser detenido, imputado, defendido, acusado y condenado o sancionado con medidas alternativas, desde los 13 años, siempre en el marco de un régimen especial, diferente del que rige para las personas adultas.
Para conocer las posiciones de los 18 diputados por Córdoba, PERFIL CÓRDOBA les envió tres preguntas referidas: al acuerdo o desacuerdo con fijar la edad en 13 años de edad; las razones de esa posición, y si consideran que, en caso de prosperar el proyecto, existen recursos humanos y edilicios para un tratamiento penal –incluidos lugares de detención– para los adolescentes.
El Régimen Penal Juvenil vigente data de 1978. En 46 años, el mundo y la sociedad argentina han experimentado cambios sustanciales. Nadie duda de la necesidad de actualizar las normas.
Las diferencias surgen en la edad propuesta y en los objetivos perseguidos con la iniciativa. Otra coincidencia es que no existen actualmente en Córdoba estructuras edilicias ni recursos humanos suficientes para implementar el cambio.
De los 18 diputados nacionales, sólo siete respondieron la encuesta. Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Luis Picat (UCR), Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) y Laura Rodríguez Machado (PRO) expresaron su postura y fundamentos. Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) contestaron que el tema todavía es analizado en el bloque. Ningún legislador de La Libertad Avanza ni de Unión por la Patria contestó la consulta periodística.
GABRIELA BROUWER DE KONING: “Unicef recomienda los 14 años para el mínimo de imputabilidad”
La diputada radical es contundente al opinar que “bajo ningún punto de vista la discusión puede centrarse solo en la baja de la edad de imputabilidad”. Advierte que es necesario “construir un régimen integral que ponga foco en la prevención y en el desarrollo socioeducativo de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal”.
Añade que “la delincuencia juvenil no es el factor predominante en los indicadores generales de inseguridad”. Sin embargo, si hay niños involucrados el Estado debe contar con “herramientas oportunas y eficaces para asegurar que esos chicos tengan posibilidad de elegir su destino y no terminen peor que antes, que es lo que hoy sucede”.
Otro aspecto que destaca es que el encierro no sea la primera opción y que el nuevo régimen debe adecuarse al paradigma de la Convención de los Derechos del Niño. “No se puede discutir un cambio en la edad si no tenemos resuelto esto, porque sería más de lo mismo, solo que con chicos más chicos encerrados”, afirma.
Sobre la edad, Brouwer de Koning opina que Unicef recomienda los 14 años para fijar el mínimo de imputabilidad. “No todos los NNyA de 13 o 14 años tienen el desarrollo cognitivo suficiente para comprender ciertas conductas”. Por esa razón considera importante una "cláusula abierta de imputabilidad", tal como figura en un proyecto que presentó tiempo atrás el radicalismo.
LAURA RODRÍGUEZ MACHADO “Queremos reducir la criminalidad juvenil y dar garantías al ciudadano y a los menores”
La diputada del PRO es una férrea defensora del proyecto oficial. Advirtió que está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero que tomar solo eso “es reducir la reforma a un solo aspecto que así planteado genera dudas y parece inconsistente”. “La iniciativa tiene 52 artículos”, recalca y explica: “Lo que haremos es ampliar el universo de jóvenes –por eso el tema de la edad– que estarán integrados a este régimen agregando también la normativa internacional que nuestro país firmó al respecto y aplicando lo que en todo el mundo se utiliza para ayudar a que estos jóvenes se reinserten y que además no sigan delinquiendo y poniendo en vilo a las personas”. “
No estamos diciendo que se dé a los menores las mismas condiciones que a los adultos; lo que queremos es reducir la criminalidad juvenil con una doble garantía: para el ciudadano, ya que el Estado tomará cartas en el asunto, y para los mismos menores, que quedarán amparados por un régimen que se ocupará de lo que les ocurre”, explica. Y agrega: “No como ahora que, si delinquen, los envían de regreso a su lugar donde el adolescente, en la mayoría de los casos, se formó en el delito”.
Finalmente opina que, si hay una decisión política, el Estado se va a ocupar y mostrar la inversión presupuestaria. “Los estados provinciales deben aplicar esta ley tal como aplican la normativa de fondo. Actualmente las provincias tienen institutos, tendrán que ampliarlos o aumentar la cantidad. No creo que ningún gobernante diga que no se va a ocupar de los menores en esta situación de riesgo y gastar la plata en otra cosa”, puntualizó.
SOLEDAD CARRIZO “No comparto un abordaje punitivo sin advertir la infantilización de la pobreza”
La diputada radical Soledad Carrizo aclara que no es un tema nuevo, sino que forma parte de la agenda legislativa. “Se vienen presentando propuestas, con algunas diferencias en cuanto a edades, alcances, modalidades, tipo de delitos”, afirma.
Con un abordaje social, Carrizo admite: “No estoy de acuerdo con abordar la criminalidad y la delincuencia solo desde el paradigma punitivo y del reproche penal. No es posible avanzar en la baja de la imputabilidad si no se acompaña con una estrategia sobre la narcocriminalidad, la infantilización de la pobreza, la deserción escolar, que exija la presencia del Estado en sostener a las infancias y las familias”.
También aclara que la privación de la libertad –que el proyecto reserva para delitos cuya pena supere los tres años de prisión–, “es planteada desde formas diferentes, en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario”. “Deben revisarse y relevarse todas las estructuras donde eventualmente podría llevarse adelante el cumplimiento de la pena, y no solo las cárceles como se cree”, advierte.
Carrizo señala que en Córdoba la sobrepoblación en los penales y las condiciones del Complejo Esperanza merecieron pedidos de informes por lo que opinó que la Provincia debe sincerarse sobre la verdadera situación del complejo para llevar adelante las reformas necesarias, no solo edilicias, sino de asignación de recursos presupuestarios, y personal capacitado para abordar a los adolescentes detenidos.
OSCAR AGOST CARREÑO “Lo más fácil es cambiar la ley, lo difícil es que la Nación y las provincias articulen un trabajo serio”
El diputado del PRO que integra el bloque Hacemos Coalición Federal, expresa su acuerdo a una “discusión seria que baje la edad de imputabilidad”.
No obstante, siembra dudas respecto a que el gobierno apure el tema para marcar agenda y evitar “la discusión de los problemas económicos, de gestión, de transparencia e institucionalidad que son prioritarios en este momento”. Destaca que, al no haber enviado al Congreso el presupuesto 2024 no es posible conocer “cómo se pretende financiar ésta y otras medidas”. “
Uno mira las encuestas y la mayoría de la gente opina rápidamente que debe bajarse la edad de punibilidad, pero pocos analizan que para resolver el problema de la delincuencia juvenil hay que priorizar e invertir más en educación, contención y prevención del delito, sobre todo el organizado, e incluso en establecimientos penitenciarios para menores, no para que incorporen mayores capacidades delictivas sino para que salgan resocializados”. “Lo más fácil es cambiar la ley, lo difícil es que el Gobierno federal y las provincias articulen un trabajo serio y profundo para resolver multidisciplinariamente el problema de la delincuencia juvenil”, concluye.
LUIS PICAT “Hay una puerta giratoria, un sistema vicioso que no sanciona ni reeduca a los menores”
El diputado radical recordó que hay ocho proyectos presentados, dos del bloque de la UCR, que tienen posición acordada en que la edad mínima para considerar punible a un adolescente está en los 14 años.
“Personalmente estoy de acuerdo”, ratifica. Agrega que hay un incremento de la delincuencia entre jóvenes menores de 16 años y opina que hay una “puerta giratoria, un sistema vicioso que no logra sancionar ni reeducar a los menores”.
Sobre la implementación de un nuevo régimen penal juvenil, afir
Qué dice el proyecto
- Los dos primeros capítulos se refieren a la aplicabilidad del régimen penal a adolescentes desde los 13 años de edad y a sus principios rectores, como el debido proceso legal, el derecho a la defensa, una especial interpretación del ‘In dubio pro reo’ por tratarse de menores de edad (si no hay pruebas suficientes no puede ser condenado).
- La detención no será en espacios compartidos con adultos.
- En cuanto a las penas, si el delito por el que está acusado tiene un mínimo de tres años y un máximo de seis años de prisión y bajo ciertas condiciones, el juez podrá optar por medidas alternativas al encierro. No se podrá aplicar penas de prisión o reclusión perpetua.
- La ejecución de la pena o sanciones –hay un amplio abanico de medidas alternativas– será controlada por un supervisor.
- En el artículo 26, el proyecto establece un “tratamiento educativo y curativo” para evitar la reincidencia: “La detención se deberá orientar a la educación, formación, resocialización y reinserción social del adolescente, mediante la tutela de la dignidad humana”.
- Para ello señala expresamente que se deberán organizar actividades educativas, culturales, deportivas, de capacitación laboral, espacios de contención psicológica y psiquiátrica en los institutos de alojamiento de los menores de edad.
