Ortiz Pellegrini negó categóricamente las acusaciones que vinculan a su cliente, Oscar González, con una propiedad en Florida y una empresa offshore. El defensor del dirigente peronista sostuvo que se trata de un caso de homonimia y acusó a la legisladora Luciana Echevarría de difundir información con marcada intencionalidad.
"La legisladora reparte información sin el mínimo cuidado, sin prudencia alguna. Esto es una difamación que genera responsabilidades legales", afirmó el letrado. Según indicó, la propiedad mencionada en la denuncia pertenece a una persona llamada Oscar Fernando González, sin ninguna relación con su cliente.
El aporte al juzgado federal, presentado por Echevarría el pasado 6 de febrero, incluyó enlaces web que buscan verificar la información sobre el patrimonio de González. Se solicitó a la justicia que se libren oficios a distintas dependencias nacionales e internacionales para investigar posibles cuentas y propiedades en el exterior.
El documento revela la existencia de una vivienda residencial en Weston, Florida, Estados Unidos, valuada en aproximadamente 1.400.000 dólares, a nombre de Oscar F. González. El abogado defensor exhibió material que contrarresta el aporte de Echevarría al juzgado federal: la propiedad pertenece a su homónimo Oscar Fernando González y a su esposa Ana Cecilia González.
Una empresa denominada Platinum Triple G, cuyos directivos principales son Oscar F. González y de Ana C. González, tiene la misma dirección postal que la propiedad en Weston. Por lo tanto, según la documentación, el domicilio pertenece a la misma pareja. Echevarría había solicitado al juzgado federal que verifique si se trababa del político cordobés y su hija.
El aporte de evidencia de Echevarría ocurrió en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Oscar Félix González, causa por la que fue detenido el pasado lunes y permanece en prisión domiciliaria en Villa Dolores.
Ortiz Pellegrini, su defensor, calificó esa información aportada a la justicia federal como errónea y carente de sustento, motivo por el cual presentará una demanda contra la legisladora por daños y perjuicios.