El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por amplia mayoría, salvo la concejala Laura Vilches, la adenda que envió el Departamento Ejecutivo, relativa al convenio urbanístico celebrado con la Corporación América Inmobiliaria S.A., sobre el predio de 23 hectáreas del ex Batallón 141, adquirido por ese grupo a la Provincia en 2007.
El oficialista Pedro Altamira recordó que dicho convenio data del año 2012 y autoriza a Corporación América a construir 446.500m2, de uso mixto residencial, comercial, oficinas y espacios públicos. A cambio, esa firma debía abonar al municipio 96,7 millones, actualizables según valores del Indec, mediante la construcción de la obra de tratamiento cloacal en zona sudeste.
En 2018, ese compromiso de obra fue reemplazado por el pago de $376 millones, de los cuales la empresa abonó efectivamente $110 millones, quedando pendiente el saldo, aunque una comisión mixta creada para evaluar los convenios urbanísticos de la ciudad detectó que no se había consignado el plazo máximo de pago de esa deuda.
Altamira explicó que ahora se determinó el monto del saldo y su plazo de pago, para completar definitivamente la operación. "El monto final será de $11.354.505.162, que en su totalidad se destinarán al Fondo de Reparación Urbanística de la Ciudad", dijo el concejal, tras mencionar que un dictamen de la Asesoría Letrada municipal avala ese acuerdo
La Municipalidad recibirá un primer pago de $1.500 millones y el resto en 10 cuotas anuales.
El bloque radical acompaño la propuesta municipal. Según Juan Balastegui "ya está el dictamen de Asesoría Letrada que faltaba. Solo pedimos que el dinero a recibir se destine en su mayoría a obras de cloacas y desagües, que le hacen mucha falta a la ciudad. También queda por ver el tema de los intereses sobre el primer pago que hizo la Corporación, que tampoco fue en tiempo y forma".
Por su lado, la juecista Graciela Villata recordó que la venta del ex Batallón 141 fue concretada en 2007 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota y que el Frente Cívico siempre se opuso a que se destinara a un desarrollo inmobiliario, llegando incluso a aprobar una ordenanza municipal que declaraba ese predio área de reserva verde, durante la gestión de Luis Juez como intendente de Córdoba.
"Pudimos establecer que la valuación de esas 23 hectáreas era el triple del precio en que las vendieron. Encima, el comprador pagó sólo el 20 por ciento inicial y el resto en 48 cuotas. Luego desarrollaron un proyecto urbanístico que iba a multiplicar por 10 a los 1.200 habitantes que hoy tiene barrio Rogelio Martínez. Pero lamentablemente ya no podemos volver atrás. Sólo podemos debatir cuánto le debe la empresa al municipio y cómo paga", cuestionó, aunque terminó votando a favor de la adenda.
Vilchez, la única opositora
En cambio, sí consignó su rechazo total Laura Vilches (FIT), con el argumento de que esta operatoria "es parte del juego de beneficios a grandes empresarios", entre los que mencionó a Eduardo Eurnekián, de Corporación América. "Lejos está de ser un emprendedor o de destacarse por su esfuerzo individual. Es un pulpo de los negocios y está entre los cinco hombres más ricos del país. Maneja aeropuertos, biocombustibles, infraestructura. Para él, el pago de $11.300 millones es una migaja, una limosna", se quejó.
Finalmente, el concejal Altamira volvió a poner en valor lo que este acuerdo significa para la ciudad. "Con las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini, llevamos adelante un ordenamiento y transformación históricas. Terminamos con los elefantes blancos de la ciudad, como el nudo vial de Plaza España, la nueva sede de este Concejo Deliberante y el Teatro Comedia. Revisamos un total de 31 convenios urbanísticos. El acuerdo por el ex Batallón significará trabajo para los cordobeses, la recuperación de una zona deprimida y generación de ingresos para que el municipio pueda seguir haciendo obras", valoró.
