Son días turbulentos en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de la Provincia de Córdoba. Ahora trascendió que un encargado de la residencia ubicada en el barrio Alta Córdoba fue denunciado por el equipo técnico del organismo luego del relato de un adolescente, quien refirió a presuntos abusos en perjuicio de un compañero.
La fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba, Ingrid Vago, investiga la denuncia realizada el pasado 28 de octubre por una profesional del equipo de acompañamiento de autonomía para jóvenes tras el relato de un chico alojado en dicha residencia, quien manifestó haber visto en el celular de un compañero al menos un video de alto contenido sexual en el que habrían participado dos adultos.
La acusación del adolescente alertó a la agente, motivo por el cual el mismo día formuló la denuncia penal en una Unidad Judicial de Córdoba al considerarla un presunto caso de abuso, cumpliendo con los protocolos vigentes ante este tipo de situaciones.
La denuncia, en base al testimonio del joven, indica que el muchacho habría visto un video con escenas sexuales en perjuicio de un compañero en el que pudo identificar al responsable encargado de la residencia y a un profesional de los equipos técnicos de SeNAF.
Desde la Fiscalía confirmaron a PERFIL CÓRDOBA que una “denuncia está siendo investigada, pero no tenemos elementos suficientes para avanzar”, por lo tanto “por ahora no hay imputación” a los acusados. “Estamos analizando unos celulares”, agregaron.
En paralelo, mientras avanza la pesquisa a cargo de la fiscal Vago, el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene bajo su órbita a la SeNAF, notificó a los denunciados la suspensión preventiva por el plazo de 90 días, sin goce de haberes, hasta que se resuelva su situación judicial, según las facultades que otorga el artículo 79 del estatuto del empleado público (Ley 7233).
El adulto denunciado que tenía bajo su responsabilidad la residencia en Alta Córdoba, quien trabajó muchos años como locutor, ya había sido apartado de manera provisoria del Complejo Esperanza, en julio de 2018, tras haber sido nombrado en una causa que se investigaba por supuesto tráfico de estupefacientes que involucraba a otras personas.
Semana con fuertes críticas
El crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada por su padrastro y un amigo en Brinkmann, puso bajo la lupa las intervenciones previas de la SeNAF en un complejo contexto familiar de la víctima y sus hermanos.
En este marco, el legislador radical Mauricio Jaimes, integrante de la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó el apartamiento de la titular de SeNAF, Julia Reartes, y de Romina Cristini, la Subsecretaria de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes “debido a la incompetencia en el desarrollo de sus cargos y el mal desarrollo y funcionamiento”.
Este viernes, después de unos días de silencio, Reartes no se refirió al hecho puntual, pero aclaró que el organismo que dirige “no trabaja solo, sino en articulación con la justicia, que tiene el control de la legalidad de las decisiones que toma SeNAF”.
“La Justicia lee los informes y dictámenes que producen los equipos técnicos de Senaf; el juez o la jueza tiene posibilidades de analizarlos con los equipos técnicos de la justicia; también el asesor que tiene la obligación de entrevistar a los niños”, agregó.
Respuestas de SeNAF
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia indicaron a PERFIL CÓRDOBA que durante 2024 se llevaron a cabo (algunas siguen en curso) 21 investigaciones administrativas que involucran a agentes del organismo por tratos negligentes o falta de cuidados a niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus funciones.
De ese total, 14 investigaciones se desarrollaron en el Complejo Esperanza y las otras siete en las residencias de SeNAF, indicaron.
Además, de las 21 investigaciones, en nueve detectaron que al menos un agente habría participado de algún tipo de maltrato, los cuales todos fueron remitidos a la Justicia mediante las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal. En las restantes 12 investigaciones existió inobservancia o negligencia en las tareas de cuidado, aseguraron.
Sobre los números publicados por la exlegisladora de la oposición, María Rosa Marcone, quien sostuvo que sólo tres de cada 10 de los 1.332 empleados de SeNAF tienen capacitación específica en la materia y el resto es planta administrativa, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, cuya titular es Liliana Montero, indicaron al inicio de la actual gestión que el 47% del personal tiene formación asociada a las políticas de infancias.
