Analizan sanción para defensora oficial sumariada a seis meses de asumir el cargo

Ana María Blanco asumió como defensora oficial en los tribunales federales de Córdoba en mayo del año pasado. En octubre, una de las empleadas de esa dependencia realizó una presentación en la Defensoría General de la Nación. No habían transcurrido seis meses desde que asumió la función cuando se abrió un sumario administrativo, que estuvo a cargo de Mariano Patricio Maciel y dilucidó las responsabilidades disciplinarias de Blanco.

Se llegó a la conclusión de que generó un ambiente hostil de trabajo a raíz de malos tratos dispensados a los funcionarios y empleados de la oficina a su cargo. Entre otras cuestiones, también se acreditó que encargaba a una trabajadora de la defensoría buscar cursos académicos en días anteriores y posteriores a feriados nacionales para justificar, de ese modo, ausencias sin ver afectados sus haberes.

Por eso se le atribuyó realizar maniobras engañosas al solicitar las licencias invocando razones científicas y culturales. Su objetivo era viajar a Mendoza y a la ciudad de Buenos Aires, donde viven sus familiares. En su descargo, la magistrada hizo presente que al ser designada defensora pública en los tribunales de Córdoba debió dejar a su familia y a sus hijos, de 12 y 19 años de edad, con su padre en la provincia cuyana.

Además, se le achacó la conducción indebida de su equipo de trabajo, generando un clima de inseguridad, hostilidad y desconfianza que provocó el malestar de los empleados.

El dictamen de Maciel propuso, al cabo de la investigación administrativa, que se le aplique por única vez una multa equivalente al 15% de sus haberes. La calificación legal que aplicó es la responsabilidad disciplinaria por incumplimiento de sus deberes funcionales de actuar con respeto hacia sus empleados y de observar una conducta recta, digna y decorosa. La sugerencia no es vinculante y la decisión, ahora, está en manos de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

¿Quién es Ana María Blanco? La magistrada asumió a comienzos de mayo pasado como titular de la Defensoría Pública N°2, que actúa asistiendo a acusados y víctimas cuyas causas se tramitan en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de nuestra ciudad.

Accedió al cargo por el concurso 149, en el cual quedó en cuarto lugar en la lista complementaria; es decir fuera de la terna que la encabezaron Berenice Olmedo, Natalia Bazán y Alejo Amuchástegui.

Oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, vivió por varios años en Mendoza, donde ocupó diferentes cargos en el Poder Judicial. Al cabo de 14 meses al frente de la defensoría pública en nuestra ciudad enfrenta ahora una investigación administrativa que podría concluir con la multa mencionada o alguna sanción mayor.

En octubre del año pasado una empleada de la oficina a su cargo hizo la denuncia que se tramitó en la Oficina de Sumarios de la Defensoría General de la Nación. El secretario letrado Federico Martín Feldtman quedó a cargo de la pesquisa preliminar que concluyó en que había elementos suficientes para abrir el sumario administrativo.

El funcionario analizó una serie de hechos denunciados que fueron divididos en dos grandes ejes temáticos. Por un lado, el posible incumplimiento de sus deberes como magistrada y por otro, el presunto maltrato laboral, con el resultado ya informado.

PROBLEMAS EN LA DEFENSORÍA

Hubo un episodio en particular que fue expuesto por funcionarios de la Defensoría. Blanco había defendido a personas imputadas en un juicio por el delito de trata. Posteriormente, el tribunal dio intervención a la misma oficina para asistir a la víctima en la misma causa.

Como Blanco se encontraba de licencia, un funcionario hizo presente la imposibilidad de actuar por el conflicto de intereses que se evidenciaba. No era posible defender a los imputados y, al mismo tiempo, velar por el derecho de la víctima.

Cuando ella se enteró sobre la respuesta de su dependiente, habría manifestado su enojo, siendo que ella ni siquiera estuvo presente en la oficina para contestar el trámite.

Ese tipo de reproches se sumaron a exigencias tales como prohibir a los trabajadores realizar teletrabajo, mientras ella se ausentaba o no asistía a horario a su despacho sin que sus dependientes supieran a qué hora se haría presente o regresaría.