La defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de Córdoba, Amelia López, manifestó su preocupación por la difusión de detalles que hacen a las violencias físicas, sexuales y psíquicas padecidas por Aralí, la niña de ocho años, asesinada en Brinkmann. Lo hizo saber en una nota dirigida a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia en la que pide que se inste al fiscal de Instrucción de Morteros, Oscar Gieco, a no brindar datos sensibles. Por el homicidio están detenidos y acusados el padrastro de la pequeña, Ezequiel Simeone, su amigo Cristian Hernán Varela, y la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch.
PERFIL CÓRDOBA consultó a Amelia López sobre el caso y sobre el alcance de la función que le cabe como defensora de los derechos de los niños y niñas.
En ningún momento mencionó el nombre de pila de la víctima del homicidio. Sólo se refirió a ella con sus iniciales A.V. Este medio incluye el nombre Aralí porque el caso ha tomado estado público y se ha instalado en la agenda por la deficiente actuación de los organismos públicos que, alertados sobre la situación de vulnerabilidad en la que vivía ella y sus hermanos, no evitaron el peor final.
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En particular, las miradas están puestas sobre el desempeño de los equipos técnicos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que brindaron informes positivos sobre los cuales se produjo la revinculación de Aralí con su entorno familiar materno donde, finalmente, fue asesinada.
-¿Por qué instó a cesar en la información de un caso tan doloroso que conmocionó no sólo a Brinkmann sino a la provincia y el país?
-En el caso de la niña AV se han tomado posiciones victimizantes, no sólo por ella sino por los hermanos. Los niños vivieron la muerte de su hermana y padecen aún hoy situaciones muy dolorosas.
-¿Por qué no intervino la defensoría a su cargo?
-Cuando nos llegan quejas de que se ha tomado mal una medida, intervenimos. Si el abuelo de los niños se hubiera presentado y habría advertido lo que estaba sucediendo en San Francisco donde tenemos la subsede, hubiésemos intervenido de inmediato. No hubo ninguna queja de nadie, como sí debo decir que hay en otras ocasiones sobre situaciones similares.
-¿Ustedes pueden controlar, evaluar, si se toman medidas adecuadas desde Senaf?
-Nosotros hacemos visitas en las residencias y hablamos con los chicos. Cuando detectamos una situación irregular, sea de infraestructura, tratamiento o cualquier otra cuestión, inmediatamente lo observamos a la Senaf. De cada intervención hay un informe. Obviamente esos informes no son públicos porque está en juego el nombre y el derecho de los chicos, pero existen. Además, intervenimos cuando hay quejas. No tenemos la facultad de intervenir una familia, solo si hay un reclamo y nos permite aplicar un protocolo que nos habilita, incluso, ir a la Justicia a hacer una denuncia. Somos un órgano de queja, como la Defensoría del Pueblo.
