Los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay. Poco a poco se van conociendo cifras que revelan cómo se administran los recursos de los cordobeses en la Legislatura provincial. Ahora, la vicegobernadora Myriam Prunotto reconoce que hay 1.072 contratados. Tras un zarandeo administrativo, quizás aparezcan los “fantasmas”.
Para poner en claro: el poder que debe crear y debatir las leyes que rigen a los cordobeses no tiene bien definido cuántas personas trabajan en su sede. Hay cuestiones que, sin importar las autoridades, se trasladan de gestión en gestión: capas de contratados que luego se convierten en empleados.
Todo trabajador responde a un jefe. En este caso, en la Legislatura de Córdoba, ese jefe es Myriam Prunotto. La vicegobernadora lo reconoció y ordenó auditar a cada uno de los empleados que alguna vez autorizó a cobrar un sueldo, ya sea que cumplan una función real, sean “ñoquis” o fantasmas.
“Cada uno de los contratados depende de la Legislatura y se encuentra en distintas situaciones”, afirmó Prunotto en declaraciones a Radio Mitre Córdoba. Esta semana, en un intento desesperado, se envió a todos los “indocumentados” a realizarse los exámenes psicofísicos, tal como lo haría cualquier empresa privada.
Se estimaba que solo eran 320, pero la cifra se multiplicó y llegó a 1.072. No había datos claros. “Aquellas personas que no se presenten y no firmen, no cobrarán su sueldo”, advirtieron desde la oficina de la vicegobernadora. Ahora, muchos están cumplimentado documentación necesaria para poder ser inscriptos como empleados.
Todos colaboran, todos son parte del problema
En la Unicameral hay 70 bancas. Cada legislador cuenta con al menos 4 o 5 “colaboradores”. Si el bloque es grande, más “contratados”. Si el trabajador ingresa por la puerta “grande” del oficialismo, obtendrá una categoría 3 o 4 como “Personal asistente funcional”, con un salario de al menos 752.843, de lo contrario ingresara con una categoría 7 con un ingreso de 594.868 pesos.
Solamente en el concepto de “contratado asistente” hay 315 personas. Quizás, 315 fantasmas. Posiblemente, Virginia Martínez ocupaba un lugar en esa lista. Aún se desconoce. Pocos bloques y legisladores se salvan de esta situación.
Hace unos meses, el vecinalista Rodrigo Agrelo presentó un proyecto que fue rechazado por todos los bloques. Consistía en crear la Comisión Especial de Control de Gastos Legislativos. La intención era simple: promover la transparencia, controlar los gastos de la Legislatura y contar con un listado actualizado de toda la planta de personal, de acceso fácil para cualquier ciudadano.
Una propuesta muy acorde a los tiempos actuales. Sin embargo, ni siquiera llegó a tratarse en una comisión.
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En medio de este escenario, se enfrentaron la vicegobernadora y la legisladora “juecista” Nancy Almada. Ambas se acusaron mutuamente de engrosar la planta de empleados que pagamos todos. Una sugirió revisar los “asesores” de cada bloque, y la otra respondió que “ella es quien firma y autoriza cada incorporación”.
Desde la vicegobernación afirman que todo este movimiento busca despejar dudas y transparentar la situación. “Es para despejar dudas. Si hay algún empleado fantasma, que se conozca. No vamos a ocultar ese tipo de información. Si hay alguien que no viene a trabajar o no cumple sus funciones, se va a saber y se va a denunciar”, informaron.
Prunotto aseguró que no permitirá que se ponga en duda su gestión. “Vamos a hacer una Legislatura más transparente”, afirmó.
Para justificar que muchas personas no habían firmado su documentación después de un año de gestión, se argumentó que viajar a la capital para hacerlo era complicado. “Decidimos llamar a todos los contratados que no habían cumplido con este trámite, una costumbre que se viene arrastrando desde el inicio de la Legislatura de Córdoba. Sobre todo, teniendo en cuenta que era el legislador quien se hacía cargo de sus asistentes a través de un formulario que firmaba, especialmente en el caso de los contratados del interior”, explicó Prunotto.
El caso Kraisman destapó todo
Para formalizar un ingreso a la Legislatura, la vicegobernadora debe autorizarlo. Según Prunotto, hay 1.072 contratados, es decir, 1.072 ingresos. Virginia Martínez fue sumada a pedido de un legislador de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ), que aún no ha sido identificado. El bloque está compuesto por 33 personas que ocupan una banca; alguien debería hacerse responsable.
Martínez figuró como empleada hasta el 31 de diciembre. Según la exintendenta de Juárez Celman, se le dio de baja cuando no se presentó a trabajar. “El 31 de diciembre, al ver que no se presentaba a trabajar, a través de un pedido del bloque de Hacemos Unidos, se decidió darle la baja. Después apareció esto”, expresó la vicegobernadora. Esto es Guillermo Kraisman intentando cobrar su sueldo en el cajero.
