La jueza de Control de Río Segundo, María Ligia Tulián, abrió una investigación jurisdiccional contra la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys. Al cabo de esa instrucción resolverá si corresponde una imputación o la desestimación de la denuncia contra la magistrada.
Quien la denunció es una testigo que declaró en el expediente que instruyó Companys por la desaparición y asesinato de Mariela Bessonart, ocurrido en 2005 en Villa María. La mujer es muy cercana al viudo, Rodolfo Delpino, quien es el principal sospechoso del crimen. Además, la testigo es una exfuncionaria de una comuna del interior provincial.
La Fiscalía General asignó esa presentación a la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulíes, quien ya solicitó la investigación jurisdiccional. Al tratarse de una magistrada, sólo puede ser investigada por un juez o jueza.
No deja de ser una paradoja, ya que Baulíes conoce de primera mano los embates de la función judicial. Tras imputar y detener al exintendente de Pilar, Diego Bechis, y otros funcionarios municipales de esa localidad -ya condenados- recibió amenazas, denuncias y hasta tuvo que tomar una extensa licencia, de la cual se reincorporó hace poco más de un mes.
María Ligia Tulián, jueza de Control y Competencia Múltiple de Río Segundo, adoptó las primeras medidas: notificó a Companys, quien designó al estudio jurídico De Allende y Asociados para llevar adelante su defensa técnica
Sobre el episodio en sí hay gran hermetismo y diferentes versiones. Algunos sostienen que la fiscal villamariense le advirtió con malos modos que debía decir la verdad o de lo contrario iba a terminar presa; otra versión indica que en el acta no se transcribió íntegramente el testimonio, quedando algunos aspectos afuera.
A esa situación recientemente se sumó otra denuncia. La formuló el rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), el abogado Luis Negretti.
La Fiscalía General remitió esta presentación a la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello. Negretti ya ratificó y amplió el contenido de la presentación.
Según pudo conocer este medio, un amigo del funcionario se habría cruzado en un supermercado con la fiscal Companys. Ella le habría dicho que advirtiera a Negretti que “estaba sucio como una papa” y que si encontraba pruebas lo haría caer.
Al formular la denuncia, el rector de la UNVM planteó varias cuestiones: el hecho en sí que podría ser interpretado como una amenaza o intimidación y un pedido de mantenimiento de libertad ante el temor de una eventual orden de detención que podría pesar sobre Negretti, cosa que no ocurrió. Un tercer elemento que el propio funcionario universitario manifestó en la Fiscalía, es el reproche que abogados penalistas le hicieron a la fiscal por considerar que hace “abuso de la prisión preventiva”. Es más, cuando fue convocado para ratificar o negar la denuncia, sacó a relucir una presentación del año 2021 con firmas de letrados dirigido al Colegio de Abogados de Villa María para que actúe ante esa situación.
En la Fiscalía le aclararon que se debían dividir los tres tópicos. Lo único que analiza Peralta Ottonello para definir si corresponde solicitar la investigación jurisdiccional es la presunta amenaza que habría vertido la fiscal.
El resto tiene soluciones por otras vías. Si Negretti considera que está en riesgo injustamente su libertad, puede presentarse ante una fiscalía de Villa María y ponerse a disposición de la Justicia. En relación a las quejas por las extensas prisiones preventivas –algo que no es exclusivo de Villa María– el remedio está en los mismos tribunales, porque a las decisiones de los fiscales le siguen controles de los juzgados y los jueces de las cámaras de apelación.
En efecto, cíclicamente hay planteos renovados sobre el amplio criterio de los fiscales cordobeses para mantener con prisión preventiva a personas sin condena.
El dato destacado para mesurar el clima que se vive en Villa María es que Negretti, también abogado, es esposo de una colega de Companys, la fiscal Silvia Maldonado. Queda el interrogante sobre el motivo por el cual la fiscal denunciada le habría hecho semejante advertencia.
Lo único imaginable es el hervidero en el que se transformaron las oficinas de la sede judicial de Villa María.
A las dos denuncias penales, se suman otros expedientes administrativos; uno está en la Oficina de Sumarios que depende de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y el otro en el Tribunal de Ética. El primero tiene que ver con un supuesto maltrato laboral y el segundo surgió de la presentación de los abogados de Leonardo Cositorto después del documental de Netflix sobre las estafas de Generación Zoe, donde Companys brindó una entrevista sobre la investigación.
El perfil. Juliana Companys es una fiscal que se destaca en el paisaje judicial vernáculo. Ella imputó y elevó a juicio por violencia de género a Martín Gill, actual funcionario provincial, mientras era intendente de Villa María. Es decir que lo llevó a tribunales mientras ejercía el cargo, algo poco usual para los fiscales cordobeses.
Además, investigó a Alicia Peresutti, una dirigente social cercana al Papa Francisco, por presunta asociación ilícita y defraudaciones al Estado y es la única fiscal en todo el país que ordenó la detención de Leonardo Cositorto, a pesar de que las estafas se multiplicaron por numerosas provincias y también en Buenos Aires. Avanzó hasta individualizar los responsables de las presuntas estafas piramidales perpetradas en Generación Zoe, la empresa que fundó y condujo Cositorto
Su perfil frontal, decidido e independiente de eventuales presiones que pueda sufrir, la muestran incólume y han consolidado una personalidad que muchos temen, incluso puertas adentro de Tribunales.
Ninguna de las presentaciones alude a actos de corrupción o falta de compromiso en sus causas y ninguna califica por el momento como para desembocar en un pedido de jury de destitución.
Las denuncias apuntan a un universo de situaciones en el trato con sus dependientes y las contrapartes con las que se enfrenta en los expedientes. Son aristas difíciles de disimular en un organismo como el Ministerio Público Fiscal donde cada fiscal está siempre en la mira tanto por sus acciones como por sus omisiones y cualquier traspié –incluso en una trayectoria intachable– puede ‘subirlos a la picota’.
