El 6 de diciembre de 2019, la Cámara 10ª del Crimen publicó la sentencia condenatoria a cuatro años de prisión del desarrollista Marcelo Fleurquin, por 60 estafas. Permaneció detenido 14 meses y llegó libre al juicio y así permaneció después, ya que el fallo no está firme. La sentencia fue confirmada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por un recurso extraordinario de la defensa, a cargo de Rodrigo López Tais, el fallo irá a la Corte Suprema.
Mientras tanto, un segundo expediente penal fue elevado a juicio por la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, por otras 60 presuntas estafas. El requerimiento para que Fleurquin sea juzgado por segunda vez fue confirmado por el Juzgado de Control y por la Cámara de Acusación. Está a disposición de la Cámara 6ª del Crimen para el debate oral. Fijó fecha de inicio de audiencias pero la defensa de Fleurquin presentó también un incidente que impedirá que el juicio comience.
Como medida preventiva, mientras la causa estuvo en investigación, la fiscal Rissi lo inhibió para seguir recibiendo pagos tanto a él como a su esposa, Karina del Valle Luques. Sin embargo, una de las acreedoras relató a este medio que recibió pagos a través de Helsinki SAS, cuya titular es Luques.
Hay otro grupo de nuevas denuncias que ingresaron a la Fiscalía de Instrucción Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez. Todavía no hay resolución sobre esas presentaciones.
La reseña evidencia la multiplicidad de hechos que, a pesar de haber condena penal, se habrían seguido consumando en perjuicio de clientes.
La mayoría de los damnificados de cada uno de esos expedientes creyeron en Fleurquin. Compraron lotes y levantaron sus viviendas en los emprendimientos que comercializaba.
Los casos de Ecotierra I y II tienen otro agregado: no estaban autorizados por la Municipalidad de Córdoba, no tienen la subdivisión ni las tierras figuraban a nombre del desarrollista hasta mediados del año pasado.
Vecinos de este último emprendimiento, ubicado en barrio Ituzaingó Anexo, ahora están en vilo. Dicen ser alrededor de 200 familias que están a punto de perder absolutamente todo por una acción civil que podría desembocar en la subasta judicial del terreno.
Fleurquin, en cambio, sostiene que quienes reclaman “son 14 usurpadores”. La cifra no condice con las 60 estafas elevadas a juicio y las que ingresaron a instrucción.
La historia de una deuda. En 2015, la abogada Julia Irazoqui intentó comprar una casa en el barrio Poeta Lugones. Por un cartel de venta contactó a Marcelo Fleurquin, quien le mostró la vivienda, pactaron el precio, la forma de pago y se confeccionó un boleto de compraventa. Irazoqui pagó una seña de US $15.000, relató a este medio.
Mientras tanto, la letrada – especialista en derechos del consumidor– hizo un estudio del título de la casa. Estaba todo en regla. Cuando logró ubicar al titular dominial se dio con la sorpresa de que había sido engañada: el dueño de la casa sólo pretendía alquilarla, no venderla.
Irazoqui no recuperó la entrega inicial y en 2016 entabló una demanda civil. Tiene sentencia favorable por incumplimiento contractual.
El año pasado, Fleurquin compró la parcela sobre la que se construyó Ecotierra II y la inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad. Esa acción podría afectar sensiblemente a las familias instaladas en el barrio. Los lotes y las viviendas allí edificadas atraen todas las deudas de Fleurquin.
En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Irazoqui relató que, oportunamente, le embargó autos de alta gama pero desaparecieron. “El año pasado pedí un informe de dominio y allí encontré el predio (Ecotierra II) a su nombre”, afirmó.
Inició una negociación y llegaron a un acuerdo judicial. Él se comprometió a pagar cuotas de $ 2 millones hasta completar la deuda que asciende a $ 54 millones, aunque para Fleurquin la cifra es menor porque bajó la cotización del dólar.
Sólo abonó la primera cuota, según el testimonio de la abogada. Con el incumplimiento del nuevo convenio, la sentencia debe ser ejecutada, según lo ordenó el Juzgado Civil y Comercial de 28ª nominación. Está lista para la subasta. Se nombró martillero y se hizo la constatación con varios oficiales de Justicia.
Irazoqui se reunió con vecinos y les sugirió que se presenten al remate y abonen cada uno la cifra correspondiente. Si la deuda es de $ 54 millones –según la estimación de la acreedora– este monto dividido en 200 familias implicaría en cada caso pagar $ 270.000. Así, podrían acceder al título de su lote y de su casa.
La propuesta realizada por la letrada no convence a muchos. Hay quienes ya pagaron la totalidad de su casa a Fleurquin y no están dispuestos a asumir nuevos costos. Pero se suma otro dato: no es la única causa por la que se trabaron embargos en relación a la misma parcela, ya que pesan cautelares ordenadas por la Cámara 6ª del Crimen por una acción civil y por el Juzgado Civil y Comercial de 31ª Nominación en los autos Maraschinsky, Mario Ernesto c/Fleurquin, Marcelo Enrique.
Vecinos que viven en Ecotierra II están muy preocupados porque podrían perder absolutamente todo si se concreta el remate.
Fleurquin: “Es gente usurpadora”
En diálogo con este medio, el desarrollista dio su versión. Dijo que la inmensa mayoría de los vecinos no están preocupados y quienes sí lo están, no es por “la deuda de Irazoqui, sino por Marcelo Fleurquin”.
Explicó que el titular dominial de las tierras es él, ya que las compró el año pasado por $ 370 millones a la familia García, la anterior propietaria. Dijo que quienes pagaron por sus lotes no tienen por qué preocuparse, a pesar de que todavía todo figura a su nombre.
Sin embargo, señaló que quienes están llamando a los medios son los que “usurparon terrenos y no pagaron”. “Son 14 o 15 protagonistas, ayer les llegó la notificación por la mediación para que presenten la documentación; el resto son 140 vecinos que firmaron en el marco del concurso preventivo de Ecotierra II”, detalló.
En relación a las deudas reclamadas en sede judicial, aseguró que quiere pagarlas. Sobre la demanda civil de la abogada Julia Irazoqui dijo que “es las más importante” y que “se fueron haciendo depósitos de $ 4 millones desde el viernes 25 de octubre”. “
Mi intención es terminar (cancelando todo) antes del 8 de diciembre”, aseveró.
Ante la consulta sobre cuándo hará la subdivisión y entregará las escrituras a las familias que viven en el barrio Ecotierra II, estimó que “en marzo o abril del año próximo” estará en condiciones de hacerlo.
