Una pizzería porteña cumplió esta semana 18 años desde su apertura. Y en un país como Argentina, donde a los emprendedores se les hace bullying, no es un dato más. Por eso sus propietarios decidieron un festejo original. Volver a cobrar una pizza grande de muzzarella al mismo precio de 2006. Unos 26 pesos, convertibles a 8,55 dólares de aquellos años, cuando la divisa cotizaba a 3,04 pesos. Actualizado ese valor a hoy, el mismo tipo de pizza costaría unos 11.560 pesos; teniendo en cuenta el nivel del $ 1.360 de cotización promedio del blue de esta semana. Sin embargo, la misma pizzería, en días en que no está de festejo, cobra esa misma grande de muzzarella unos 15.550 pesos. Es decir, unos $ 4 mil más que el valor de 2006, convertibles en 11,6 dólares. Unos US$ 3 más que en 2006. Un 34,88% más caro en dólares. Todo un símbolo del encarecimiento de la competitividad del país.
Ese 2006 no fue un año normal. Fue un ejercicio notable para la economía argentina. En enero de ese año, Néstor Kirchner se daba el gusto de pagarle cash al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos 9.800 millones de dólares para cerrar todo pasivo con el organismo financiero. Para el kirchnerismo, era una especie de liberación política, que le permitía meter mano libre en el manejo de la economía local. Ocupaba el Palacio de Hacienda Felisa Micelli, con lo que el patagónico tenía fronteras abiertas para intervenir a destajo en el ministerio. Se había sacado de encima al molesto Roberto Lavagna, quien les imponía límites razonables a las embestidas del jefe de Estado. La soja a un promedio de 235 dólares la tonelada, pero con un gasto público licuado luego de la devaluación impuesta por Eduardo Duhalde cuatro años antes, permitió que, a fuerza de retenciones, las reservas subieran unos US$ 12 mil millones ese año, dinero que se utilizó para terminar la relación de endeudamiento con el FMI.
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En diciembre de ese año comenzaba la intervención del kirchnerismo al Indec, cuando Néstor Kirchner se enteraba de que el ejercicio cerraba con un alza de precios acelerada al 9,8%. Dos dígitos eran imposibles de aceptar para el gobierno de entonces. Comenzaba así un capítulo importante y decadente de la historia económica argentina con la aceleración inflacionaria acompañada por la mentira inaudita de los datos del Indec.
Dieciocho años después de ese 2006, curiosamente, ese 38% de encarecimiento de la pizza porteña grande de muzzarella es el mismo porcentaje que el FMI reclama que el gobierno de Javier Milei debe devaluar la moneda local para hacer competitivo el peso. Al menos si el Ejecutivo quiere firmar un acuerdo con el organismo, para que se le liberen unos US$ 10 mil millones para abrir el cepo cambiario. Así piensa el organismo. Así se lo hicieron saber tanto a Milei como a Luis “Toto” Caputo. Y así se sostendrá esta posición en las próximas reuniones entre las partes, encuentros obligatorios para cerrar la aprobación por parte de Argentina de las metas del segundo trimestre del año.
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En todos estos cruces, quedará además confirmado que el FMI mantiene el empoderamiento total que el director gerente para el hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, aplica sobre el país, hecho que lo convierte en el hombre fuerte del organismo sobre la Argentina. Poder que incluye la posibilidad de imponer privada y públicamente las recomendaciones que, según el organismo, el gobierno nacional debe aplicar para poder negociar un nuevo acuerdo que amplíe el Facilidades Extendidas vigente, con cambios que incluyan más dólares para las reservas. Muchos dólares. Valdés tendrá la llave, no solo para la aprobación del noveno tramo del Facilidades Extendidas firmado por el país en marzo de 2022, durante la gestión de Martín Guzmán, correspondiente al cumplimiento de las metas del segundo trimestre del año; un examen del que el Gobierno saldrá airoso. También, y más importante, mantendrá la responsabilidad técnica en las negociaciones de un nuevo trato bilateral que eventualmente mejore y amplíe el acuerdo vigente firmado en enero pasado entre el gobierno de Javier Milei y el organismo financiero. Será la primera vez que el economista chileno tendrá que intervenir en el caso argentino, luego de que el Presidente embistiera en su contra, acusándolo no solo de no ayudar al país, sino de pertenecer al centroizquierdista Grupo de Puebla, donde milita, por ejemplo, el madurismo venezolano. Según la visión del jefe de Estado, Valdés pertenece a ese grupo solo por haber sido ministro de Hacienda de Michele Bachellet en su Chile natal. Sin embargo, pese a la embestida, ni Kristalina Georgieva ni Gita Gopinath, la búlgara y la norteamericana, números uno y dos del FMI, confían plenamente en el chileno para la faena de negociar con el país. Le reconocen su compromiso en el cargo desde su asunción, en abril de 2023, y que fueron ellas en tándem las que definieron su elección como reemplazo del brasileño Illan Goldfajn. Afirman además que Valdés mantiene un rol duro pero absolutamente honesto intelectualmente con el país, y que sostiene un criterio en el que las dos conductoras coinciden: el FMI no financiará un subsidio al precio del dólar. O, dicho de otro modo más exacto, no lo volverá a hacer, luego de la experiencia de 2019 con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, y cuando se destinaron unos 6.500 millones de dólares (por orden de Donald Trump) para sostener económicamente el plan económico-financiero de Nicolás Dujovne y políticamente la campaña electoral por la reelección. Por esta autorización, Alejandro Werner perdió su cargo de director gerente para el hemisferio occidental. Algo de esta experiencia habrá en la actitud de Valdés.
En la actitud del chileno también hay que mencionar que ya una vez ayudó a la Argentina al moderar las expectativas devaluatorias. Fue en julio del año pasado, cuando renegociaba el Facilidades Extendidas con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ya en ese tiempo candidato a la presidencia de la Nación. Para continuar con el acuerdo, Valdés tomaba en cuenta la brecha cambiaria, que navegaba ya casi en el 100%, y le exigía al país una devaluación no menor al 60%.
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Massa sacudió entonces su poderoso WhatsApp y se comunicó con sus contactos sólidos con la Secretaría del Tesoro de Janet Yellen. La extitular de la Fed le había dicho en julio de 2023 al ya candidato que tenía la orden de Joe Biden de apoyar al argentino en las negociaciones con el FMI. Massa también acudió a otro amigo de Washington. El asesor preferencial de Biden, Jake Sullivan, la persona en la que el presidente de los Estados Unidos había delegado la siempre problemática relación con la Argentina de Alberto Fernández.
Los contactos con la Casa Blanca no lograron torcer el brazo de Valdés. Pero sí bajar a niveles algo más razonables la presión devaluatoria. Finalmente, el porcentaje de pérdida de valor del peso se ubicó en el 22%, un nivel que no era caprichoso. El viceministro Gabriel Rubinstein le había mostrado al staff técnico de Valdés que el precio del dólar agro vigente hasta entonces, con un valor de 340 pesos, estaba siendo aceptado por los exportadores, y aportándole un buen número de divisas al Banco Central. El valor oficial de la moneda local se ubicaría en los 350 pesos, y así permanecería hasta las elecciones presidenciales. Como referencia, a agosto de 2023 el blue navegaba en los 750 pesos. El nivel al que quería llevar la moneda local Rodrigo Valdés.
El chileno aceptó, a regañadientes, firmar la devaluación del 22%. Pero con la condición de que ese nivel se readecuara luego de las elecciones generales. Nadie podrá saber jamás si ese compromiso de caballeros se hubiera cumplido. El presidente electo terminó siendo el opositor Milei, quien devaluó al comienzo de su gestión más del 100%; un porcentaje mayor al 60% que le reclamaba Valdés a Massa. Pero ahora le exige un 38% extra, para renovar y revalorar en dólares el acuerdo.
