Funciona el personaje como si fuera Rufus, apelativo que no le disgusta, un sobreviviente del Apocalipsis zombie en el mundo del cómic. Al menos tiene buen humor Manuel García-Mansilla, integrante de la Corte Suprema por decreto, temporal (nadie sabe si dura 72 horas o hasta fines de noviembre), quien actúa como si se fuera a quedar dos décadas en ese tribunal, el límite de edad permitido para un ministro hoy de 55 años. Ha armado ya un equipo judicial con gente del Palacio de Justicia, firma resoluciones –la cátedra sostiene que son válidas–, y parece desentenderse de un proceso que depende de dos mujeres: el transitorio, corresponde a Victoria Villarruel, quien determinará cuándo convoca al Senado y trata su designación y, el más duradero de Cristina de Kirchner, quien dispone de suficientes senadores para expulsarlo o confirmarlo en el tribunal. Como se sabe, hacen faltan menos votos para echar a un ministro que para confirmarlo: con 25 almas es suficiente, la viuda dispone de 33. Para la opinión mayoritaria, Rufus está en el cajón, velándose. Como respira, García- Mansilla no atiende esa circunstancia lúgubre.
Con Ariel Lijo sucede una situación semejante a pesar de que no juró porque evitaron concederle licencia y, se supone, su caso será tratado una semana antes que el de García-Mansilla. Quizás el jueves próximo, si es que lo decide Villarruel, la vicepresidenta a cargo de las convocatorias al quórum. Cinco días complejos, de negociaciones arduas e inestabilidad política y con una Cristina muda (para este tema, claro). Como forma de apresurarla, en el oficialismo amenazan levantar la ficha limpia como proyecto de ley, un jaque perpetuo a la dama: si se concreta la norma no podría ser candidata y si consiente formar una mayoría contraria en la
Corte, quizás iría presa en pocos meses. Un dilema para ella: tanto poder en la Cámara alta no le alcanza para dormir en paz. Ni ella ni sus hijos.
La semana se vuelve excitante no solo con estos casos, nadie sabe si Javier Milei puede salvarse de explicar su participación en el escándalo de la criptomoneda y, menos, si lo habrá de acompañar la oposición –también en Diputados– para aprobar el acuerdo con el FMI, cuyo contenido no se conoce (como no se conoció en su momento, el pacto secreto entre Cristina y Chevron). Alto voltaje en cinco días a prorrogarse por un paro de la CGT (casi seguro, el 7 de abril), acompañando, entre otras razones menos sensibles, el reclamo de los jubilados y las derivaciones de un acontecimiento previo: el recordatorio del 24 de marzo de 1976 que inmortaliza la llegada al poder de los militares. Se supone que a estos actos sobre el pasado no concurrirán los violentos barras bravas, con camisetas y vuvuzelas, como ocurrió la semana anterior con la solidaridad de los hinchas con la clase pasiva. Falta otro dato clave: este miércoles se conocerá la constitución de los frentes para las próximas elecciones y, en ese juego de intereses, mañana por ejemplo, se comunicará seguramente que Horacio Rodríguez Larreta se separa del PRO y va por su cuenta y asociados. Como Milei y Mauricio Macri no comen milanesas, o sea no se vislumbra un acuerdo entre ellos, el candidato peronista radical, o viceversa, Leandro Santoro, dejará la dieta para abalanzarse sobre esos filetes empanados que los argentinos ya bautizaron como propios. Como la birome, el colectivo, la salsa golf y Gardel.
Quedan dudas sobre la acción de la CGT el próximo 7. Se suman a las piedras contra la Casa Rosada o instalan su viejo murallón para contener a la izquierda: no le fue mal al sindicalismo con esa excusa para justificar sus vínculos con los gobiernos de turno. Podrían figurar sus dirigentes en la nómina de los próceres de la Guerra Fría, justo ahora que Donald Trump parece reiniciar esa contienda. Como siempre, los dirigentes se muestran divididos sobre la energía a aplicar en los próximos acontecimientos, curiosamente Hugo Moyano no se integra a la línea de los “duros” que antaño eran los “blandos”. Por citar algunos raros críticos repotenciados: Andrés Rodríguez, del sector público, y Gerardo Martínez, Construcción. Uno afectado por la pérdida de poder adquisitivo en el sector del Estado y el otro por la disminución de trabajadores en su gremio (pérdida de 550 mil a más de la mitad). Además de quejarse por el 1% por mes de aumento en las paritarias, y el apartamiento de la alta complejidad médica, otros intereses a negociar plantea la CGT: Milei, vía Federico Sturzenegger les tocó también las obras sociales, en rigor parte de la plata que gira en ese universo. Ya lo había intentado Macri en su administración, ahora se hizo más efectivo y con beneficios obvios para algunas prepagas famosas y ciertos hospitales. De Belocopitt a Fraomeni, sin olvidar al Italiano, entre otros. Denuncian los sindicatos un negocio que daña en particular a Sanidad (Héctor Daer), Telefónicos, Gas, parte de Luz y Fuerza y Obras Sanitarias, explicando su razón: primero vinieron por el dinero, luego por los afiliados. Justifica el Gobierno que hay gremios con pocos trabajadores, pero que albergan cuatro o cinco veces el número de inscriptos en las obras sociales (caso de Capitanes de Ultramar), los “desregulados” que ahora son capturados por algunos grupos médicos. Hay un dictamen al respecto, la autoridad es cuestionada y, por supuesto, comienza una etapa de judicialización. Los sindicatos patean el hormiguero con la Justicia y el paro, también con su inquietud por los jubilados. Nadie los va a acusar de insolidarios.
Una Argentina doble de cuerpo, con semanas bisagras, nerviosismo social y político, tal vez con cierta manifestación de confianza en el plano económico: hubo más respaldo en la recuperación de los mercados, acciones y títulos, el número de inflación y gente interesada para lograr créditos a pagar en 30 años.
Se supone que la mayoría de esa gente no hace cola para enseguida pasarse al dólar y violentar aún más la estabilidad cambiaria. A Milei le cuesta, en el doble de cuerpo, mostrar al que es falso, voraz y especulativo. Distinguirlo del suyo.
El FMI parece entenderlo, también por su propia vulnerabilidad: la Argentina se ha esforzado más de lo que exige el organismo y es su principal deudor.
