Primero fue Néstor. Ahora es el turno de Cristina. El kirchnerismo vuelve a tropezar con la misma piedra: Horacio Rosatti se ha convertido en un obstáculo repetido para los Kirchner. El presidente de la Corte Suprema y, desde esta semana, el también presidente del Consejo de la Magistratura se enfrentó al liderazgo K, cuando renunció por no avalar sobreprecios durante el gobierno de Néstor en 2005 y, diecisiete años más tarde, vuelve a diferenciarse al poner en funcionamiento un órgano que complica la estrategia judicial de Cristina.
“El ex ministro de Justicia de Kirchner renunció para no firmar una licitación con sobreprecios”. El título principal del diario PERFIL, que volvía a ser editado luego de siete años, llevaba en tapa una investigación del periodista Jorge Lanata, que denunciaba un presunto hecho de corrupción bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
La bajada anunciaba la gravedad del escándalo: “Horacio Rosatti no se fue por cuestiones personales. En medio de una presión cruzada de Alberto Fernández y Julio De Vido por la construcción de tres cárceles con sobreprecios de hasta el 90%, se negó a avalar las adjudicaciones y hubo que suspender dos actos de anuncio en el Salón Blanco. Mientras el tema llegó a la Justicia, el Gobierno anuló las obras para tapar el escándalo”.
Rosatti dejaba entonces un gobierno en la cúspide de su poder para partir hacia el llano. Pasaron muchos años y los protagonistas de aquella historia siguieron distintos caminos. De Vido terminó en prisión, luego de enfrentar varias causas por corrupción. Fernández llegó a ser presidente. Y Rosatti se convirtió en una figura central para el Poder Judicial.
Rosatti se enfrentó a Néstor Kirchner en 2005 y ahora lo hace con Cristina Kirchner.
“Muchas veces uno tiene que plantarse y decir ‘no’ frente a algo que le parece que no es lo que corresponde”, dijo Rosatti cuando el año pasado quedó al frente de la Corte Suprema. Esta vez, ahora al frente del Consejo de la Magistratura, Rosatti ha vuelto a decir “no”.
El Consejo de la Magistratura es una institución creada en la Reforma Constitucional de 1994, inspirada en organismos judiciales que funcionan en democracias occidentales, especialmente, en países europeos, como Francia, Italia o España. Su objetivo es reducir la discrecionalidad de la política en la designación de jueces y lograr magistrados más idóneos.
El Consejo de la Magistratura administra los recursos del Poder Judicial; interviene en el proceso de designación de jueces federales, supervisa su funcionamiento y puede removerlos a través de un Jurado de Enjuiciamiento. Pero, en los últimos años, el organismo estaba acéfalo y sin actividad. Lo que ocasionaba grandes problemas para el sistema judicial.
Hasta que esta semana se aplicó una resolución de la Corte Suprema, firmada por Rosatti junto a Horacio Rosenkratz y Juan Carlos Maqueda –solo se abstuvo Ricardo Lorenzetti–, que dispuso que el Consejo de la Magistratura debía continuar funcionando “de manera inmediata” y bajo la presidencia de Rosatti. La aclaración despejó la hipótesis de parálisis de la Justicia, que incluso llevó al Consejo a dictar un reglamento de emergencia para garantizar su funcionamiento administrativo.
La resolución se originó en otro fallo de la misma Corte, que declaró inconstitucional la composición del Consejo que rigió desde 2006, por lo que exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley respetando el equilibrio de los distintos estamentos y le dio a los legisladores un plazo de 120 días para que se implemente. El lapso se completó esta semana, cuando asumió Rosatti al frente del organismo y lo puso en funcionamiento con la jura de los nuevos miembros.
La ley establece que el nuevo Consejo estará conformado por veinte miembros y prevé la siguiente integración: el presidente de la Corte Suprema –que ejerce a su vez la presidencia del Consejo de la Magistratura–; cuatro jueces del Poder Judicial –seleccionados a través del sistema D’Hont–; ocho legisladores –correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría, y aquí se evidenció la estrategia del kirchnerismo de dividir al Frente de Todos para quedarse con un consejero adicional–; cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal –designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula–; un representante del Poder Ejecutivo; y dos representantes del ámbito científico y académico –profesores titulares de cátedra universitaria de facultades de Derecho nacionales, elegido por sus pares–.
De Vido terminó en prisión y Rossatti se convirtió en protagonista del Poder Judicial.
La respuesta de Cristina no se hizo esperar. Es que la tensión por la judicialización de la política o la politización de la justicia, depende desde dónde se lo mire, llegó a un punto máximo esta semana, ya que el jueves el kirchnerismo anunció en el Senado que empezará a analizar en los próximos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de ley que había presentado en octubre del año pasado el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, para reformar la Corte Suprema a través de aumentar su número de integrantes, pasando de los actuales 5 hasta los 9 miembros.
En un “Análisis de la creación y modificación del Consejo de la Magistratura en la República Argentina”, el politólogo y consultor en administración judicial, Pablo Hunger, demostró cómo la injerencia del Poder Ejecutivo impidió el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura porque “colisiona contra el equilibrio de poderes, resultando de ello una justicia dependiente”.
Mientras la vicepresidenta está alerta porque algunas causas que la tienen como protagonista –Ruta del Dinero, Vialidad, Hotesur y Cuadernos de la Corrupción– avanzan en los tribunales, el Poder Judicial se reorganiza de la mano de Rosatti.
“Nunca me arrepiento cuando estoy convencido de los actos”, dijo el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura en referencia a su renuncia de 2005.
Es una frase que también podría aplicarse en 2022.
