Debe ser la primera vez que a Karina Milei no le cargan la romana. Está exenta de pagar la cuenta por la oficial tropelía jurídica de imponer dos jueces en la Corte Suprema por medio de un decreto. La mujer esta vez se salvó del compromiso, ya que le atribuyen todos los desaciertos del Gobierno para no responsabilizar al Presidente, como si Javier fuese el loco rey Jorge III de Gran Bretaña, un monarca considerado lunático que solo padecía porfiria y al que la Historia recuerda como un extraviado a pesar de que su largo mandato fue uno de los mejores. Sea porque amplió los dominios británicos, lideró años de prosperidad y venció a Napoleón (aunque no pudo, en cambio, contener la independencia de las colonias norteamericanas).
Este apartamiento curioso para evitarle culpas a Milei, costumbre en la mayoría de los gobiernos, ya alcanza el extremo en otro rubro: no reconocerle participación ni autoría en el plan económico en curso, según empiezan a repetir distintos hombres del Palacio de Hacienda (ejemplo: José Luis Dazza), como si las medidas de Luis Caputo y su equipo en el Banco Central se hubieran podido implementar sin discutir, modificar o ejecutar fuera de la autoridad presidencial. Casi un disparate comparar a Milei con Carlos Menem, quien compró la convertibilidad de Domingo Cavallo a libro cerrado, sin chistar ni preguntar. Y se fue a jugar al tenis, sin escucharlo, cuando su ministro le quería explicar el plan. Rara esta circunstancia declarada, seguramente cierta en origen, de separar a Milei de algunos papers que se habían esbozado en la consultora del ministro Caputo, alimentados por los técnicos Federico Furiase y Martín Vauthier. No parece el momento para cobrar derechos de autor.
En todo caso, volviendo al caso del decreto y los jueces –cuyo tránsito duró muchos meses, inútiles, con descuartizamiento a los candidatos, en particular a uno (Ariel Lijo)– se le imputa tutela a Santiago Caputo, no precisamente un mago en esta tarea, quien sin admitir la derrota todavía insiste en que Manuel García-Mansilla no renuncie a pesar de que fue rechazado por abrumadora mayoría en el Senado: lo incita a continuar casi como si fuera su empleado, confiando en que un triunfo en las elecciones venideras le permitirá cambiar la opinión legislativa. Una falta de respeto y una ingenuidad de García-Mansilla, quien por el momento se refugia en la excusa. Absurdo planteo que hasta hace dos días no había enviado nota alguna al máximo tribunal, perezoso o vencido, con olor a calas, como diría Jorge Asís. Vaya uno a saber. Y violando incluso su propia sapiencia, ya que se doctoró con una tesis sobre control de institucionalidad y lo primero que se enseña en esa materia es que los miembros de la Corte no pueden emitir opiniones consultivas: les tiraría una pelota a Rosatti y Rosenkrantz que jamás será devuelta.
Mientras, empezaron a pronunciarse en contra de su permanencia quienes lo defendían por carrera y dignidad, desde la cátedra y la élite de la jurisprudencia argentina –ver solicitadas y comunicados al respecto– que le reclaman desertar de ese juramento como juez de la Corte Suprema arrancado por un decreto. Firmas de reputadas figuras del derecho, profesores, de Daniel Sabsay a Roberto Gargarella, Manuel Garrido y Roberto Saba, Andrés Gil Domínguez y Alejandro Slokar, Laura Pautassi y Horacio Corti , entre otros. Más el Colegio Público de Abogados que preside Ricardo Gil Lavedra, instituto que en cualquier otra oportunidad iría de la mano con García-Mansilla. Por otra parte, la víctima está a la desgarradora espera de que un senador se levante en la próxima sesión y pida la anulación del decreto que le permitió jurar. Votos no faltarán, hay más de dos tercios para la remoción, el caso ha logrado el milagro de que las huestes de Mauricio Macri voten en el mismo sentido que las de Cristina Fernández de Kirchner. Por si no alcanzara esta ola negativa, el decano de la Austral, devenido a ministro del tribunal, debe soportar que el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace pocas horas, hable en contra de su continuidad.
Claro, se acerca a Karina en su carrera estelar contra Santiago Caputo en la cúpula del poder. Para colmo, como rige una cautelar dictada por el astuto juez que entiende el caso, Alejo Ramos Padilla, García-Mansilla ahora no puede ni prender la computadora en su despacho de la Corte. Sin salida, en apariencia.
Hasta su colega Ricardo Lorenzetti, promotor de la postulación de Lijo en la casa de un periodista televisivo frente a Milei, salió a desconocer a García-Mansilla diciendo que él nunca aceptaría ser magistrado por decreto. Razonable fundamentacion jurídica, olvidando que él impulsó a Lijo también por decreto y quien no juró por negarse a pedir licencia como magistrado federal. A ver si perdía los dos cargos, un visionario el objetado juez. A quien Mauricio Macri se opuso al estilo vociferante de “no se inunda más” por la persona y cuentas pendientes, no por el instrumento jurídico del decreto, que invalida el fundamento de la Constitución (en verdad, el ingeniero boquense tampoco se ruborizó cuando pretendió lo mismo con Rosatti y Rosenkrantz por la inspiración de su asesor Fabián Rodríguez Simón, el malogrado Pepín). Tan flojos de papeles han estado los cultores de la innovación constitucional, que se apreciaron los discursos balsámicos y democráticos para bloquear la vía del decreto en el Senado para designar cortesanos que formularon Martín Lousteau y José Mayans. Una curiosidad sorprendente sobre la reserva ética que le queda a la Argentina en ese tema. País donde todos somos como el rey Jorge, al menos según lo que se decía de él.
