La operación de venta de Telefónica de Argentina a Telecom no tiene marcha atrás. Lo sabe Telefónica de España, que ya recibió los US$ 1.245 millones por la colocación de su activo en el país. Y lo sabe el Gobierno. Pero más allá de esta medida, desde el Ejecutivo ya se maneja la potencial salida del conflicto: que Telecom esté dispuesto a desprenderse de alguna (o muchas) empresas del grupo, vendiendo a operadores locales friendly, para disminuir los porcentajes de participación en diferentes mercados; y así poder eludir los conceptos de “monopolio” u “oligopolio”.
Lo primero que hay que mencionar en este conflicto es que Telefónica dio por cerrada su presencia en la Argentina y no está dispuesto a dar marcha atrás con la elección de Telecom como comprador.
Según la información que el viernes llegó desde Madrid, cualquier conflicto en cuanto al dinero recibido por la venta de su experla sudamericana, será responsabilidad de los compradores. Esto es, de Telecom. En su visión de las cosas, la compañía española ya dio por cerrado el proceso, asumiendo que para sus intereses particulares (y de sus accionistas, entre los que se encuentra el Estado español), la negociación con el Grupo Clarín y su poco visible socio mexicano fue la más conveniente. Y convincente.
Muy por arriba de los otros interesados que circularon en el proceso de venta, como el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el Grupo Mindlin. Alguno de los tres interesados, incluso, mostró mucho malhumor al enterarse el 5 de marzo pasado que la venta a Telecom ya estaba cerrada, cuando sólo unos días antes los españoles le habían vendido en un importante monto en dólares, algún “paper” de condiciones para poder sentarse a negociar la colocación de Telefónica de Argentina.
Por los tiempos manejados, ese perdidoso grupo local interesado, sabe que la venta ya estaba concretada y en proceso de fiscalizaciones y auditorías, cuando la gente de España le vendió esos bastante caros pliegos-basura. Negocios son negocios y, entendedores de la situación y sin protestas públicas, ese importante conglomerado argentino se retiró a sus actividades locales sin expresar públicamente sus protestas contra los vendedores y compradores.
Telefónica de España instrumentó para la operación una ingeniería financiera realizada al mejor estilo Primer Mundo. De esas que hace mucho tiempo no se ven en la Argentina; combinando movimientos de miles de millones de dólares, armado de estructura de crédito, intervención de actores del primer mundo financiero mundial y un secretismo envidiable.
Para comenzar, los agentes bancarios fueron el BBVA, Santander, ICBC y el Deutsche Bank. Entre todos, y bajo la garantía de la presencia de David Martínez y la gestión del vendedor español, de los US$ 1.245 millones de la operación, casi el 90% provino del apalancamiento financiero, un porcentaje poco habitual en este tipo de movimientos; donde en general, hay un importante aporte de capital propio. Más si el pago viene desde el mundo en desarrollo, como la Argentina. Sin embargo, el buen Veraz internacional del socio mexicano, la presencia del Grupo Clarín y su aceptable currículum, más las ganas de Telefónica de acelerar su salida del muy complicado mercado argentino hicieron que las negociaciones se destrabaran rápido.
Llegó así Telecom al punto final de la operación. La sociedad compradora está formada por CVH (Cablevisión Holding SA) en un 40%, Fintech Telecom, LLC, que también controla cerca del 40%, y un restante 20% de las acciones que cotizan de manera abierta, con conocidos inversores institucionales y particulares.
Todos conocen a Clarín. Lo importante en la operación, porque fue el que la encabezó en España, es la presencia de la compañía Fintech, propiedad de David Martínez. Uno de los personajes menos conocidos, pero poderosos con presencia crucial en el país desde hace casi dos décadas. Tenedor de mucha deuda argentina emitida en los 90, aparece de manera fuerte como acreedor enojado luego del default del 2001, para convertirse rápidamente en el primer proceso de canje de deuda del 2005-2006 como “buitre amigo”. Acepta la oferta, al punto de convertirse en uno de los puentes para que en el segundo canje, el del 2010, tenga más acreedores interesados en sumarse. Termina así como propietario de Cablevisión, y luego socio del grupo Clarín cuando al final del gobierno de Néstor Kirchner, éste acepta la fusión Multicanal- Cablevisión. Fue Martínez quien al final de las negociaciones con Telefónica, consiguió la ingeniería financiera de los bancos que prestaron el dinero para la compra. Entidades financieras que, por otro lado, ya giraron el dinero y ahora pasarán a cobrar.
Telefónica es historia. Y todo ahora depende de Clarín y Martínez, y su relación con el Gobierno de Javier Milei. Al que, obviamente, la operación no le gusta. Y lo dejó claro el viernes de manera pública, con un comunicado emitido por la a veces muy activa Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), donde se dejaba explícito lo siguiente: “El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tomó la decisión de dictar la suspensión de la operación, como “medida preventiva” basada en “la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”.
Una curiosidad por cierto que esa oficina prácticamente desmantelada por los libertarios, en menos de un mes ya haya emitido dictamen. Sigue la comunicación rezando que “la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil, 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país, la concentración podría llegar al 80%”.
El comunicado habla de “rigor”, gran palabra libertaria, y de la obligación de aplicar la normativa y los “estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual”. La letra de la Ley de Defensa de la Competencia, donde se establecen las “regulaciones para evitar la formación de monopolios y garantizar una competencia justa en los mercados”. Allí figura que “cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo encargado de evaluar y dictaminar sobre la legalidad de la transacción”.
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Siguiendo la lógica de la OPRA, es verdad que Telecom detentaría más del 70% del mercado de las telecomunicaciones y el servicio de contenidos de cable, se estaría perforando la frontera del 25%. Telecom opina diferente. Entra así un nuevo actor en escena. Según los compradores de Telefónica, la irrupción en el mercado de Starlink, la empresa de Elon Musk, que hoy detenta casi el 100% de ese mercado de las telecomunicaciones satelitales (en el país y, salvo China, Rusia y ahora Canadá, del mundo), cambia la ecuación de las comunicaciones en el país. Y que es imposible pensar en el mercado de internet y la telefonía por celular, sin este nuevo y poderosísimo actor que cuenta con varios satélites personales. Además de una amistad manifiesta con el propio Javier Milei. Telecom le suma más argumentos a la defensa de su operación de compra de Telefónica. Habla de un futuro donde participa del mercado del market place digital y las billeteras digitales a través de Personal Pay, con la intención de hacer una gran inversión en este frente. Pero el Gobierno de Javier Milei no quiere dar por terminada la operación: habla de una suspensión temporal, hasta alcanzar un nuevo nivel de negociaciones.
Aquí Milei tiene su idea. Algunas de las actividades que hoy ejecuta Telecom deberían ser vendidas. Las principales actividades de esa compañía son la telefonía fija, la celular, la televisión por cable, el servicio de internet, el contenido periodístico y los medios de comunicación. En la mira oficial están todas estas unidades de negocios.
Esta historia continuará.