El caso del senador Edgardo Kueider tiene aire de cosa repetida. La conclusión es simple: la corrupción política en nuestro país sigue vivita y coleando. El Congreso se ha convertido en una guarida para los corruptos. Casi un aguantadero. Eso no es nuevo.
No obstante, es menester no generalizar. Hay honestos. Sin embargo, lo que pervive no son sólo los deshonestos sino también los circuitos de la corrupción. Cuando Javier Milei llamó al Congreso “un nido de ratas” cometió el error de usar la descalificación. Debió, en cambio, haber usado la descripción y hablar concretamente de los nichos de corrupción que allí subsisten.
El impactante caso descubierto en la frontera, ha dado pie a una disputa entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner por ver a quién se le debe cargar la responsabilidad de que Kueider sea senador. La respuesta es indubitable: esa responsabilidad es de la expresidenta. La boleta electoral con la foto suya y del senador es lapidaria. Dicho esto, lo que tampoco se puede negar, es que el senador había entrado en el grupo de los predilectos del Gobierno como consecuencia de haber votado positivamente la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos junto a su par Carlos “Camau” Espínola. Hay que recordar que el Presidente había tratado de “héroes” a los diputados que votaron a favor de la ley. Por carácter transitivo, Kueider estaba en esa categoría y estaba nominado a ser el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, nada menos. Afortunadamente no ocurrió.
El senador viajó a Paraguay los días 3 y 6 de marzo, 16 y 21 de junio y 13 de octubre. Su secretaria, Lara Guinsel Costa lo acompañó en cuatro de esos viajes. Hizo uno más –sola– el día 18 de junio. En total, los dos hicieron seis viajes.
En la investigación en curso se sabrá seguramente cuáles fueron los motivos de esos desplazamientos hacia el Paraguay compartidos con su subordinada. Algún día se sabrá qué pasó esta vez para que el senador fuera sometido a la revisión que evidentemente, nunca había ocurrido. ¿Alguien lo vendió? Se trata, acaso, de un pase de facturas?
“Esa plata no es mía”, dijo el legislador. Fue lo mismo que dijo Guido Antonini Wilson cuando, el 4 de agosto de 2007, fue sorprendido con 790.550 dólares que llevaba en una de sus valijas por la entonces funcionaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk. Aquella plata se supo luego que era para la campaña presidencial de CFK. La otra reminiscencia nos lleva a José López y los bolsos con 5 millones de dólares en el monasterio de Nuestra Señora de Fátima en General Rodríguez. “Ese dinero no es mío” expresó el exsecretario de Obras Públicas de los tres primeros gobiernos kirchneristas hoy preso. Más tarde, luego de prestar declaración, atinó a decir que era plata de la política.
El caso Kueider pone otra vez en superficie el tema de la ficha limpia, algo de lo cual hay una enorme necesidad. Sin embargo, lo que se ve hasta hoy en los hechos es la escasa –o nula– voluntad del Presidente de enviar el nuevo proyecto prometido para el cual, como se recordará, se convocó al destacado abogado Alejandro Fargosi. No hay indicios de que este proyecto sea enviado para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Tampoco se ve una acción decidida para acelerar el proceso de destitución del senador entrerriano. Quien tiene sí una sorprendente voluntad para forzar el desafuero del legislador, es CFK, quien no tuvo la misma actitud antes, considerando que él ya venía siendo cuestionado por sospechas de corrupción al momento de candidatearse.
Cabría preguntarse por qué la exvicepresidenta ignoró esos antecedentes a la hora de postularse. Por lo pronto, hay un dato clave para entender esta súbita preocupación por la decencia de “la condenada” por activar los mecanismos de destitución del senador. Es que, en caso de prosperar, su reemplazante sería Stefanía Cora, referente de La Cámpora. Créase o no, a CFK volvió a preocuparle la política. En realidad, lo que necesita es volver a contar con una masa crítica de votos –dentro y fuera del Congreso– que le permitan postularse como cabeza de lista y blindarse tras los fueros para gozar de impunidad.
Existe una cuestión de fondo que es la piedra fundamental para alargar la vida de este tipo de maniobras: los interminables tiempos de la Justicia. Sobran ejemplos a lo largo de la historia política reciente y, por si esto fuera poco, vale la pena recordar las palabras del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, quien ya se había expresado sobre la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad y la posibilidad de que sea el Máximo Tribunal el que defina la suerte de la expresidenta. “La Corte estudiará el caso en los tiempos correctos. Seguramente habrá un pronunciamiento en un tiempo prudencial”. ¿Cuál sería un tiempo prudencial? La respuesta es obvia. Veamos otro caso paradigmático: el expresidente Carlos Menem murió con una condena confirmada por la Cámara de Casación, pero sin que la Corte resolviera su caso y, por ende, sin que la pena empezara a hacerse efectiva. Más claro agua.
Se entiende, pues, el por qué de la necesidad de muchos expresidentes de nombrar jueces compulsivamente. Por éste camino la calidad institucional no tiene oportunidad de mejorar y el caso de Javier Milei no es la excepción. La intención de nombrar al juez Ariel Lijo para ocupar un sillón en el Máximo Tribunal, es una muestra cabal de ello. El primer mandatario debería tener presente una de las mayores lecciones de la historia: un juez oficialista es oficialista siempre, más allá del color político. Lo que hoy se defiende con naturalidad, mañana sin dudas, cambiará.
